Medidas anticovid
Baleares podrá obligar a vacunarse a sanitarios y sociosanitarios
El Consell de Govern ha aprobado un nuevo decreto en el que también se fija un precio máximo de 75 euros para las pruebas PCR
La comunidad mantiene el toque de queda tras el fin del estado de alarma
El Periódico
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El Govern de Baleares ha aprobado este viernes un nuevo decreto en el que se incluirá un límite al precio de las pruebas PCR, que no podrán superar los 75 euros, mientras que las pruebas de antígenos fijarán su importe máximo en 30 euros. Asimismo, con esta nueva modificación de la Ley de Salud Pública, se designará ciertos colectivos de población para los que la vacunación pasa a ser obligatoria.
Aunque todavía no se ha determinado cuáles serán estos colectivos para los que la obligatoriedad de la vacunación contra el covid pasa a ser una realidad; la presidente del Govern, Francina Armengol, ha hecho referencia a "sanitarios y sociosanitarios" durante la rueda de prensa celebrada.
Proteger a la ciudadanía
Durante esta misma rueda de prensa, Armengol ha expresado que este nuevo decreto supone incluir diferentes modificaciones en la Ley Salud Pública para, con la previa autorización del Tribunal Supremo de las Baleares, tener la completa potestad de aplicar en las islas las medidas que hasta ahora estaban sujetas al estado de alarma, que finaliza este domingo.
Respecto a la limitación de los precios en las PCR y test de antígenos, Armengol ha defendido esta medida argumentando que se trata de una medida para proteger a los ciudadanos que por cualquier motivo puedan verse obligados a someterse a una de estas pruebas. Además, esta regulación podría también ayudar a los turistas que lleguen a Baleares y cuyos países de origen exijan test negativos para su regreso.
Sigue el toque de queda
Con esta nueva regulación, medidas como los controles de aforo, de reunión o el toque de queda, el cuál Armengol ya ha confirmado que seguirá vigente en Baleares después de que decaiga el estado de alarma, pasan a manos del Govern balear.
El nuevo decreto también plantea la posibilidad de decretar confinamientos por barrios o territorios, en caso de que la situación sanitaria lo requiriese. La Conselleria de Salud y Consumo también pasa a ser la encargada de la regulación de la gestión en residencias de personas mayores.
Multas económicas
La última modificación contempla además un régimen sancionador para el incumplimiento de medidas anticovid, así como para aquellos viajeros que no acrediten pruebas negativas cuando éstas sean exigidas a su llegada a las islas. El decreto se tramitará como proyecto de ley para que el resto de grupos parlamentarios "puedan hacer sus aportaciones", ha concluido Armengol.
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