Rechazo a que la vacunación sea obligatoria

La proporción de familias que no vacunan a sus hijos, el 10% de las que serían candidatas en la actualidad, no justificaría que la Generalitat declarara la obligatoriedad de inmunizar a los recién nacidos. Así lo entienden los responsables de la Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPC), que remiten a los dos informes -más un tercero que está a punto de difusión- elaborados por el Comité de Bioètica de Catalunya (CBC), que preside el doctor Marc Antoni Broggi. Dichos documentos han coincidido en que "la obligatoriedad de vacunar no sería razonable aplicarla ahora, mientras sean pocos los que se niegan a hacerlo".   

La posición del CBC siempre se sustenta en la amplia cobertura de la vacunación voluntaria que se registra en Cataunya, e invariablemente va acompañada de un recordatorio sobre la función colectiva, en la salud de toda la población, que garantiza el hecho de que una mayoría se vacune. No se pronuncian sobre la eventualidad de que esa unanimidad pública en la protección frente a las 13 infecciones graves que cubre el calendario de vacunaciones empezara a quebrarse. "No creemos necesario establecer ninguna obligatoriedad, aunque sí insistimos en la conveniencia de que las familias vacunen a sus hijos", reitera Carme Cabezas, subdirectora de Promoció de la Salut en la ASPC.

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"Los beneficios de la vacunación no se limitan a los individuos protegidos: cuando la proporción de vacunados es unánime, la difusión de las enfernedades queda dificultada y el riesgo de infección disminuye, no solo entre los vacunados sino en quienes no se han protegido", dice el primer documento del CBC sobre el tema. Esa "inmunidad de grupo" o colectiva es, en muchas ocasiones, "la coartada" que permite a los grupos antivacuna mantener sus posiciones, indica un pediatra barcelonés.

INFECCIONES EVITABLES

La amplia vacunación que aún se alcanza en Catalunya no evita que cada año haya niños o adultos que sufren enfermedades para las que se dispone de vacuna. En el 2015 hubo 3.879 infecciones graves, declaradas por los médicos a Salut Pública, que hubieran podido evitarse si quienes las padecieron hubieran sido vacunados en su contra. "En 1984, fueron 36.740 los casos declarados de enfermedades vacunables", apuntan desde la ASPC, destacando el valor de vacunarse.

Un eslabón que la Conselleria de Salut no logra controlar es el de los pediatras que ajercen de forma privada y vacunan a un desconocido número de niños. La Generalitat insta a esos profesionales a que comuniquen a la ASPC las vacunaciones que realizan, pero no todos lo hacen. Para estimular esas notificaciones, Salut distribuye de forma gratuita a los pediatras privados las vacunas incluidas en el calendario oficial, una actuación sin precedente en el resto de España. Esos médicos, lógicamente, no deberían cobrar por esas vacunas a los pacientes que las reciban, un aspecto cuyo cumplimiento únicamente pueden controlar las propias familias, previamente informadas.

El debate sobre si las familias deben conservar el poder decisorio sobre la vacunación de sus hijos se cierra y reabre cíclicamente. En algunos países de la UE se ha establecido la obligatoriedad de esa prevención para algunas enfermedades -la polio entre ellas-. Esta medida estuvo vigente en España entre 1921 y 1980 para las vacunas que evitaban la viruela -ahora erradicada- y la difteria. Aunque la vacunación no es obligatoria, es habitual que las escuelas soliciten el carnet que así lo acredita en el momento en que se matricula a un niño. También es recomendable advertir al médico asignado en el centro de asistecia primaria (CAP) de si un niño no ha sido vacunado.