Los alcaldes del Arc Metropolità acusan al Govern de pasarles la pelota de las piscinas privadas en sequía

La aprobación del Govern del Plan Especial de Sequía y autorizar el llenado de piscinas públicas y privadas, siempre y cuando todas ellas estén abiertas al público, y sean identificadas por los ayuntamientos como refugios climáticos, ha generado una serie de reacciones por parte de los municipios del Arc Metropolità, entre los que destacan Sabadell, Terrassa, Mataró, Rubí o Granollers.

Las ciudades de la región metropolitana, que durante meses han pedido el llenado de las piscinas municipales por "razones de salud pública", acogen con satisfacción la decisión de abrir estas piscinas, aunque critican el carácter del anuncio, catalogándolo como electoralista. En cualquier caso, surge controversia en cuanto a la apertura de las piscinas de propiedad privada o comunitaria. El Arc Metropolità, en un comunicado, critica la "responsabilidad" delegada en los ayuntamientos, la cual, según argumentan, debería ser asumida por la Generalitat.

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Según el anuncio de la Generalitat, serán los ayuntamientos los encargados de decidir qué piscinas censan como refugio climático en sus planes de emergencia por sequía. Se podrán incluir en la categoría de refugio climático tanto las piscinas públicas como las privadas. Estas segundas, sin embargo, para considerarse como tal, deberán alcanzar un acuerdo con el consistorio que permita su uso a la ciudadanía.

Las grandes urbes de la región metropolitana denuncian que las instalaciones de esta tipología deben cumplir normativas y controles rigurosos, a las que hay que sumar aspectos relacionados con la seguridad y la responsabilidad civil: "En pocas ocasiones una piscina privada puede equipararse a la regulación de una piscina pública y sus condiciones, tal y como el Decreto define", señalan. En este sentido, la presidenta del Arc y alcaldesa de Rubí, Ana María Martínez, insiste en que esta responsabilidad "pone entre la espada y la pared a los Ayuntamientos".

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Flexibilización de multas

Este decreto, que tendrá que validar este viernes la Diputación Permanente (órgano que sustituye al Parlament tras su disolución por la convocatoria de elecciones), incluye otros elementos importantes que afectan directamente a los Ayuntamientos. Entre ellos, se modifica el régimen sancionador que se aplica a los consistorios que consumen más agua de la cuenta. En lugar de tener en cuenta los datos mes a mes, a partir de ahora se analizará el consumo por trimestres. Es decir, los consistorios solo podrán ser expedientados si se han pasado de la raya durante tres meses consecutivos