El exalcalde de Sabadell reafirma ante la jueza que "no podía hacer nada para evitar la celebración del 1-O"

El alcalde de Sabadell durante el 1-O, Maties Serracant, ha asegurado ante la juez que no podía hacer nada que estuviera bajo sus competencias para evitar la celebración del referendo en la ciudad. Serracant ha declarado este miércoles día 26 de abril ante la titular del juzgado de lo Penal número 1 de Sabadell, donde también lo han hecho como testigos quien fue su primer teniente de alcalde, Joan Berlanga, el secretario del Ayuntamiento, la jefa de servicios de atención ciudadana y el jefe de los Mossos en la ciudad.

El exalcalde ha detallado que tomó decisiones como asumir temporalmente competencias, como las de Educació, ante la "complejidad del momento". La Fiscalía mantiene su petición de multa de 15.000 euros e inhabilitación de dos años para cargo público electo, una pena que no afectaría a su cargo actual, asesor del actual 'conseller' Juli Fernández (ERC).

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Serracant ha llegado a los juzgados con compañeros de filas de la Crida por Sabadell, la formación que le llevó a la alcaldía en verano de 2017, de acuerdo a un pacto de gobierno dos años antes con ERC. Delante del edificio le esperaba un centenar de personas, entre ellos la presidenta suspendida del Parlament, Laura Borràs, el 'Conseller' de Interior y predecesor sede en la alcaldía de Sabadell, Juli Fernàndez, el presidente de Òmnium, Xavier Antich , el diputado de la CUP Xavier Pellicer y alcaldes y alcaldables de la comarca.

El juicio ha comenzado en el punto del mediodía, media hora más tarde de lo previsto y con sorpresa. El abogado que denunció inicialmente Serracant, Jesús Gordo Gavilanes, residente en Murcia, se quedaba sin posibilidad de proceder como acusación popular, después de que la fiscal presentaba un defecto de forma detectado en el procedimiento empleado. Sin embargo, ha optado por quedarse en su sitio, sin derecho a intervenir en todo el proceso.

El exalcalde respondió a las preguntas de la fiscal y su abogado. A preguntas de la fiscal, ha destacado que no procedió a dar ninguna orden respecto a la organización del 1-O en Sabadell, dado que había una suspensión del referéndum y, por tanto, el Govern no podía hacer que los ayuntamientos procedieran como en una convocatoria electoral ordinaria.

La fiscal ha mostrado especial interés en el veto de que Serracant revocara las competencias a cuatro concejales del gobierno municipal vía decreto, asumiendo, entre otros, la de Educación, que englobaba a las escuelas e institutos donde habitualmente se vota.

Defendió que lo hizo por las circunstancias excepcionales que se daban no sólo en Sabadell, en todo el país, recordando que la Policía Municipal tenía órdenes de custodiar las urnas que habitualmente se utilizan en las jornadas electorales para que no se pudieran utilizar por el referéndum. Lo hizo, dijo, con el aval jurídico del secretario municipal, que validó el procedimiento como correcto.

"Queda contrastado que ni yo ni nadie podía impedir una voluntad ciudadana mayoritaria", ha destacado, dado que ni él ni ningún cuerpo policial pudo frenar la llegada de las urnas que finalmente se utilizaron para votar. "No saqué adelante ningún acre administrativo", señaló.

A preguntas de su abogado, Serracant ha reiterado que la autorización de uso de las instalaciones municipales no era de él, por lo que las actividades que se realizaron a partir del viernes 29 de septiembre las organizaron entidades ajenas al consistorio. Preguntado sobre si pudo votar: "Yo voté, después de ver a la policía pegando a los vecinos de mi ciudad".

Mantenimiento de la petición de pena

La fiscalía ha mantenido su petición de 15.000 euros de multa y la inhabilitación de cargo público electo por dos años, una pena que no influiría en el trabajo actual de Serracant, asesor del departamento de Territori de la Generalitat. Tampoco afectaría a la lista electoral de la Crida per Sabadell, donde va de suplente, según ha informado la defensa.

Su abogado ha destacado que Serracant actuó correctamente, revocando las competencias de sus concejales una vez que los locales ya habían sido ocupados con actividad, el viernes por la tarde. "Nunca sabremos si hubiera desobedecido o no, porque no se le pidió de forma formal la autorización para hacer uso de los espacios, y por tanto no se concedió ninguna autorización", ha dicho.

Aval de los testigos

El primero en declarar como testigo ha sido quien fue primer teniente de alcalde y concejal de Educación, Joan Berlanga, que negó conocer detalles como la invalidación del decreto de convocatoria del referéndum, al tratarse de una información enviada directamente en el correo de Alcaldía. Además, señaló que "no se destinó ni un euro ni personal del Ayuntamiento al referendo".

En cuanto a la afectación, ha querido poner énfasis en la entrada de la Policía Nacional en la escuela Nostra Llar, donde debía votar la entonces presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y donde Juli Fernàndez, entonces teniente de alcalde, acabó arrastrado por el suelo por la policía.

En el juicio también ha declarado la jefa de servicios del Ayuntamiento en 2018, Assumpció Puig, que ha explicado el procedimiento que se sigue para derivar las notificaciones e informaciones que llegan al consistorio, también al alcalde. El secretario general del consistorio, David Cabezuelo, ha explicado que no se notificó ninguna instrucción relativa al referendo y que no se trató este tema en ningún pleno municipal.

El último en declarar fue Felip Garcia, jefe de la comisaría de los Mossos d'Esquadra en Sabadell aquella jornada, que explicó cómo procedieron para detectar los locales susceptibles de acoger puntos de votación, donde en la mayoría de ellos se realizaron durante todo el fin de semana actividades de tipo cultural y festivo.

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