La posible influencia de la extrema derecha pone en jaque la oficialidad del catalán en el Parlamento Europeo

Al catalán aún le queda un largo camino por recorrer antes de convertirse en lengua oficial de la Unión Europea. Lo que en un principio el Gobierno decía que podía ser cuestión de meses apunta ya a un viacrucis que puede durar años. Aun así, a corto plazo parecía haber una pequeña esperanza de escuchar el catalán, junto al galego y el euskera, en las sesiones del Parlamento Europeo: un acuerdo de la Mesa de esta institución. Una posibilidad que ahora queda en el aire, a la espera de que se resuelvan las elecciones europeas del próximo 9 de junio. Y es que el crecimiento de la derecha y, sobre todo, de la extrema derecha, podría echaría por tierra esta vía alternativa.

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"En Europa la excepción es que uno presente una propuesta y en el primer Consejo se apruebe. En ocasiones toma tiempo, a veces muchos años, porque no se dan las mayorías necesarias, porque hay reticencias...", admitió la pasada semana el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ante la dificultad de que el Consejo de la UE, compuesto por los representantes de los 27 gobiernos europeos, dé el visto bueno a modificar el reglamento que estipula las lenguas oficiales para incluir el catalán.

No obstante, el propio Albares recordó que existe otro camino posible. En una entrevista en RAC1 dijo que la presidenta del Parlamento Europeo, la popular Roberta Metsola, le comunicó que el uso de las tres lenguas cooficiales en la Eurocámara sería posible por un acuerdo de la Mesa de esta institución, formada por la presidenta y 14 vicepresidentes. El grupo de los Socialistas y Demócratas, con cinco vicepresidentes, el de los Verdes/Alianza Libre Europea, al que pertenece ERC y tiene un vicepresidente, y el de La Izquierda, donde está Podemos y tiene un vicepresidente, suman siete votos y se quedan a uno de la mayoría necesaria.

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Rechazos y aritmética

El ministro de Exteriores explicó que el Partido Popular Europeo, con cuatro asientos en la Mesa, podría aprobar el acuerdo. Sin embargo, los conservadores se niegan. A nivel nacional, el PP de Alberto Núñez Feijóo ya se opuso a que el catalán, el galego y el euskera se pudieran usar en el Congreso cuando se reformó el reglamento a principios de la legislatura. Y en el Senado, donde los populares tienen la mayoría absoluta, han rechazado tajantemente ampliar el uso de las tres lenguas, ahora acotadas al debate de iniciativas no legislativas. Vox se ha mostrado aún más radical y ha planteado en varias ocasiones prohibir su utilización en cualquier circunstancia.

Así, las familias europeas de ambas formaciones, el Partido Popular Europeo y el grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos, respectivamente, son el principal escollo a que se autorice el uso de las tres lenguas. Además, todo apunta a que la situación se complicará tras las elecciones ante el crecimiento de la extrema derecha. Los sondeos apuntan a que Identidad y Democracia, el grupo donde se encuentran los partidos de Marine Le Pen y Matteo Salvini, quedará tercero y que Conservadores y Reformistas Europeos, donde además de Vox está Giorgia Meloni, será cuarto. Esto dejará mermada la representación de los grupos de izquierda en la Mesa del Parlamento Europeo.

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Los antecedentes

El impulso por parte del Gobierno al uso del catalán en las instituciones europeas es fruto del acuerdo alcanzado con Junts a cambio de que los posconvergentes apoyaran a Francina Armengol como presidenta del Congreso. El pasado 17 de agosto, el mismo día que los posconvergentes votaron a favor de Armengol, el Ejecutivo registró una carta firmada por Albares con la petición formal en el Consejo de la Unión Europea. Desde entonces, el ministro de Exteriores ha intentado buscar la unanimidad necesaria de los 27 para aprobar la reforma. No ha sido posible, pero el independentismo le ha agradecido que lo haya intentado, aunque ante un posible escenario de dilatación de la medida, tanto Junts como ERC exigen al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se implique.

Francia, con hasta siete lenguas cooficiales reconocidas, y Finlandia, Letonia y Lituania, con minorías ruso parlantes, se han mostrado en contra de la iniciativa del Gobierno español. Ante estas negativas, el Ejecutivo evitó llevar la propuesta a votación en los Consejos celebrados, pese a que durante el segundo semestre de 2023 fue España quien tuvo la presidencia de turno de esta institución. En enero, Bélgica, que asumió la presidencia, se comprometió a seguir avanzando en el asunto. Su embajador en España, Geert Cockx, afirmó que están a la espera de distintos informes solicitados y que cuando los reciban seguirán dando pasos.

Por el momento, en un estudio preliminar de la Comisión Europea, conocido en diciembre de 2023, se cifró en 132 millones de euros el coste estimado de la oficialidad del catalán, el galego y el euskera. El Gobierno español se comprometió a asumir todos los gastos, pero aun así hay países que tienen dudas. Principalmente, porque supondría un precedente para que otras minorías lingüísticas reclamen los mismos derechos y, por otro lado, por el riesgo a que implique retrasos en la tramitación parlamentaria y en las gestiones diarias.

Uso restringido

Actualmente, el catalán, así como del galego y el euskera, están reconocidos como lengua de comunicación con los ciudadanos por muchas instituciones europeas, como la Comisión Europea, el Comité de las Regiones o el Consejo de la Unión. Esto supone que cualquier persona puede dirigirse a ellas en las tres lenguas y recibir respuesta en la misma que ha utilizado. Sin embargo, este derecho, fruto de distintos acuerdos bilaterales entre las instituciones y España, no se da con el Parlamento Europeo. En 2006, la Mesa de la Eurocámara rechazó esta posibilidad. Fue determinante el 'no' del entonces eurodiputado del PP, Alejo Vidal Quadras.

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