Bruselas cifra en 132 millones de euros el coste de la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera

Cerca de 132 millones de euros al año. Este sería el coste estimado por Bruselas de la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera en la Unión Europea, según ha podido confirmar EL PERIÓDICO. Así consta en un estudio preliminar de la Comisión Europea que estima que el importe sería de 44 millones de euros por lengua. De momento, sin embargo, fuentes de la Comisión avisan de que es trata de una "evaluación preliminar" y explican que no podrán hacer un cálculo financiero más preciso hasta que el Consejo de Asuntos Generales de la UE adopte una posición formal y el Gobierno explique como se hará el régimen transitorio.

Justamente, fue el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez el que pidió a la Comisión elaborar este informe, en un intento de aplacar las dudas expresadas por algunos estados miembros, y se ofreció a asumir directamente este coste. Sin embargo, más allá del gasto económico de dar oficialidad a estas tres lenguas, varios países de la UE han expresado otras dudas. Por un lado, están las políticas, ya que algunos estados miembros consideran que podría representar un precedente para que entraran otros idiomas. Pero también hay incertidumbre sobre lo que representaría a nivel práctico y burocrático pasar de 24 a 27 lenguas oficiales.

Reunión el próximo martes

En la última reunión, celebrada el pasado 15 de noviembre, algunos de los mandatarios presentes -como el ministro de asuntos europeos de Finlandia- explicaron que no tenían información suficiente para tomar la decisión y se quejaron de que el análisis de impacto realizado por España les había sido entregado sin margen suficiente para estudiarlo antes de la reunión. Por lo que, sin entrar ni siquiera a debatirlo, decidieron dejar la cuestión para la siguiente ocasión.

Esta próxima reunión del Consejo para tratar el asunto, donde los representantes de los distintos estados ya podrán tener en cuenta este informe sobre el coste económico, está prevista para el martes 12 de diciembre. Será la cuarta vez que los 27 tienen el asunto encima de la mesa y la última que se celebrará bajo la presidencia española. A partir del nuevo año, asumirá el cargo Bélgica.

El Govern se mueve

Por este motivo, el Govern ya hace días que trabaja con el escenario de que la reunión del 12 de diciembre podría no ser, de nuevo, decisiva para desencallar el tema. Ni para bien -que sirviera para confirmar la oficialidad del catalán-, ni para mal -que sirviera para descartarlo definitivamente-. En vistas a que el tema se alargue al menos unos meses más, la Generalitat ya ha hecho las primeras "aproximaciones" a Bélgica sobre este asunto. La consellera de Acción Exterior, Meritxell Serret, explicó la semana pasada desde su viaje institucional a Corea del Sur que Bélgica ya tenía constancia de que para la Generalitat seguía siendo una cuestión prioritaria.

Para el ejecutivo de Pere Aragonès este se ha convertido en un tema capital porque ve la posibilidad real de conseguir esta oficialidad. Le da tal importancia que ha movilizado a todas sus 'embajadas' en países de la Unión Europea; ha hecho una campaña publicitaria de búsqueda de apoyos con presencia en los 27 estados miembros de la UE y ha enviado informes defendiendo la oficialidad a representantes políticos y diplomáticos de todos estos países. 

Precisamente, en este informe se defendía que el coste de introducir el catalán no podía ser un impedimento para convertirse en la lengua oficial número 25. Según cálculos del Govern, los servicios de traducción europeos ya gestionan 24 lenguas -en todas sus instituciones- lo que le generan un coste anual de 1.000 millones de euros, un 1% del presupuesto comunitario. Incluir una lengua más, sostienen desde la Generalitat, tendría un impacto menor.

A pesar de que hace años que la oficialidad del catalán es una demanda, y de que se pactó en la última reunión de la mesa de diálogo en julio de 2022, no fue hasta el inicio de las negociaciones con ERC y Junts para la investidura de Pedro Sánchez que el Gobierno hizo la petición formal a sus socios europeos y empezó a trabajar en la cuestión.