Las acusaciones personadas en Tsunami Democràtic piden arrestar a los imputados que no comparecieron

Como se esperaba las acusaciones están siendo mucho más duras que la fiscalía en Tsunami Democràtic. Societat Civil Catalana, Vox y los dos policías que resultaron heridos de gravedad y ejercen la acusación particular en la causa han pedido al juez Manuel García Castellón que libre órdenes de detención o de busca y captura internacional para los imputados por terrorismo que no comparecieron ante él por videoconferencia desde Barcelona. De la decena de imputados en esta causa que hay en la Audiencia Nacional solo acudió a la citación la dirigente de ERC Marta Molina.

Marta Molina se declara "activista y pacifista" ante el juez García Castellón en el caso Tsunami Democràtic

En sendos escritos, a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, tanto la acusación popular que ejerce Societat Civil Catalana, como la particular, de los agentes que resultaron heridos el 18 de octubre de 2019 en la plaza de Urquinaona y Via Laietana, solicitan librar órdenes de busca y captura contra los imputados que no comparecieron en los juzgados de Barcelona sin justificar su ausencia. Vox formula una petición similar, pero con la salvedad de que en el caso del 'exconseller' de ERC Xavier Vendrell quiere que, antes de ordenar su arresto, se le vuelva a citar.

Además, los policías, representados por el despacho Fuster Fabra, solicitan volver a llamar a declarar a los imputados cuya presencia se excusó porque sus abogados tenían fijados señalamientos anteriores. Es el caso de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y del empresario Oriol Soler.

El propio juez ya se ha dirigido a ellos para preguntarles cuándo podrían comparecer en el periodo comprendido entre la última semana de mayo y la primera de junio. La respuesta debe llegar en el trámite de una audiencia (24 horas); la acusación que ejercen los policías señala que, cumplido ese plazo sin respuesta al requerimiento, debe procederse "al libramiento de órdenes de detención de los investigados por sustraerse de manera clara a la acción de la justicia".

En cambio en el caso de la mano derecha de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, la acusación se interesa por su estado de salud, con el fin de poder pronunciarse sobre si debe volver a ser citado o su situación clínica lo desaconseja.

Uno de los policías personados en Tsunami asegura que "temió por su vida", porque se "quería un muerto"

De manera consciente

Con los que los policías personados muestran toda su contundencia es con el 'exconseller' de ERC Xavier Vendrell, los empresarios Jaume Cabaní y Josep Campmajó, el dirigente de Òmnium Cultural Oleguer Serra y el periodista Jesús Rodríguez Sellés, de los que dice que "decidieron de manera consciente y deliberada no estar presentes a pesar del llamamiento de la autoridad judicial, sustrayéndose una vez más de la acción de la justicia, sin justificación razonada alguna".

A partir de ahí, el escrito repasa las circunstancias de cada uno de ellos. De Vendrell afirma que "a escasos días del señalamiento" pidió poder declarar por videoconferencia desde Colombia, donde actualmente reside por motivos de trabajo. Pero su petición fue denegada, lo que le obligaba a acudir a Barcelona, donde tiene fijado su domicilio.

La acusación sostiene que ha ocultado su residencia en Colombia de forma "deliberada y con ánimo de eludir exactamente este momento de su llamamiento a declarar". Solicitan que se libre orden internacional de detención, al considerar que "ha demostrado que no tiene la voluntad de comparecer" en el juzgado.

Los policías heridos sostienen que Campmajó y Serra están en la misma situación solo que desde Suiza, en vez de Colombia, y piden que se libre orden europea de detención y entrega, "teniendo en cuenta que ninguna intención tienen de atender a los llamamientos que las autoridades judiciales requieran de ellos y a la gravedad de los delitos por los que han sido imputados en la presente causa".

En cuanto a Rodríguez, que no se personó en la Audiencia Nacional hasta el pasado día 21, el despacho Fuster-Fabra argumenta que no presentó escrito alguno que justificara su urgencia por lo que entiende su conducta procesal "una rebeldía frente a la justicia española que no puede ser permitida", por lo que solicita su busca y captura para su puesta a disposición judicial. Para Cabaní propone al juez la misma medida, porque considera que una nueva citación tampoco tendría efecto y supondría "la dilatación del presente procedimiento, que es el fin último de casi la totalidad de los investigados en la presente causa".

El escrito de Societat Civil Catalana, mucho más escueto que el de los agentes, omite a Cabaní y explica la necesidad de dictar orden de busca y captura contra los otros cuatro imputados por no haber justificado su ausencia ante el juez, lo que entiende que "sugiere un claro intento de eludir la acción de la justicia", una "conducta" que el despacho Chapapría considera que "no solo retrasa el normal desarrollo del procedimiento, sino que también podría suponer un riesgo de obstrucción a la justicia, ya que podría dificultar la obtención de pruebas y el esclarecimiento de los hechos investigados".

El magistrado ya había solicitado informe al fiscal sobre el próximo paso a dar respecto de Cabaní, tras constatarse que no está localizado. En la misma providencia libraba una comisión rogatoria a Suiza para hacer lo propio con el banquero italiano Nicola Flavio Foglia, al que en un principio se situaba en Italia, motivo por el que había cursado una orden europea de investigación a ese país para su localización. El magistrado se interesa ahora por Lugano y muestra su intención de ampliar la solicitud de ayuda internacional para tomarle declaración, en el caso de ser localizado.