La Fiscalía responde al juez que vuelva a citar a los imputados en Tsunami Democràtic que le dieron plantón

El fiscal adscrito al caso Tsunami Democràtic, Miguel Ángel Carballo, ha respondido al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón que, antes de ordenar la busca y captura de los imputados en el procedimiento que no acudieron a los juzgados de Barcelona a declarar ante él por videoconferencia, vuelva a citarles para que comparezcan a través de la misma fórmula.

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Fuentes fiscales señalaron a EL PERIÓDICO que este mismo jueves el magistrado ha dado cinco días al ministerio público y a las demás acusaciones personadas para que se pronuncien sobre el siguiente paso a dar respecto a los imputados que sin estar excusados no comparecieron en los juzgados de Barcelona para declarar como imputados por terrorismo por las protestas que la plataforma convocó contra la sentencia del 'procés'.

En una primera providencia el magistrado se interesa, en concreto, sobre si debe dictar orden de busca y captura contra el dirigente de Òmnium Cultural Oleguer Serra, el periodista Jesús Rodríguez Sellés, el escritor y empresario Josep Campmajó y el exconseller de ERC Xavier Vendrell. En una segunda hace lo propio respecto de Jaume Cabaní, al que no se ha localizado, y con el banquero italiano Nicola Flavio Foglia, al que ahora también se sitúa en Suiza. El magistrado había cursado una orden europea de investigación a Italia para localizarle.

De los 10 imputados en el caso Tsunami en la Audiencia Nacional solo hizo acto de presencia la dirigente de ERC Marta Molina, para la que ni la Fiscalía ni ninguna acusación ni popular ni particular solicitó la imposición de medida cautelar alguna. De tal forma que se marchó a casa sin siquiera entregar su pasaporte, tras responder a las preguntas de su abogada, Marina Roig, y declararse "activista y pacifista", así como negar cualquier intención violenta y mucho menos terrorista en las convocatorias de la plataforma, de las que dijo haber conocido por la prensa.

El magistrado solo había excusado la comparecencia del jefe de la oficina en Bruselas del expresidente catalán Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y el empresario Oriol Soler. En el caso de Alay, el juez tuvo en cuenta su delicado estado de salud, y en el de Rovira y Soler que sus abogados defensores tenían fijados señalamientos previos en el País Vasco y Catalunya.

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En el caso de Rovira y Soler, el magistrado da traslado a sus defensas para que en el plazo de una audiencia (24 horas) manifiesten si pueden asistir "en la fecha que pueda señalarse en la última semana del mes de mayo o la primera de junio". En cuanto a Alay pide a su abogado, Gonzalo Boye, que informe del estado de salud que presenta para que sea verificado con el objetivo de adoptar una decisión definitiva sobre él.

Los demás investigados trataron de evitar la comparecencia solicitando que la videoconferencia se realizara desde Suiza, país donde la mayoría de ellos trasladó su residencia ante el temor de ingresar en prisión por la imputación de terrorismo. Vendrell intentó poder declarar desde Colombia, país en el que pasa grandes temporadas.

El magistrado lo rechazó, porque las videoconferencias desde otros países, para que tengan validez jurídica, deben solicitarse mediante comisiones rogatorias, lo que supondría dilatar el procedimiento. En cambio, dentro de España están habilitadas sin mayor dificultad para evitar desplazamientos a testigos e imputados.

Al constatarse que, pese a saber que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 rechazaba sus alegaciones, ninguno asistía a la cita judicial, el magistrado ha procedido a dar traslado a las partes para que en un plazo de cinco días se pronuncien sobre si debe ordenar la busca y captura de los imputados que le dieron plantón. Hasta ahora ninguno tiene orden pendiente en contra, por lo que cuentan con plena libertad de movimientos, situación que cambiaría si el juez ordena su arresto, como es previsible.

En el procedimiento están personados como acusación particular los policías que resultaron heridos en los disturbios que se produjeron en la plaza de Urquinaona y Via Laietana, y como acción popular, la asociación de Víctimas Dignidad y Justicia, Societat Civil Catalana, Vox y un abogado colegiado en Málaga. Todos ellos disponen de cinco días para responder al magistrado.