En la Cámara Alta

ERC defenderá en el Senado que la amnistía promueve la "igualdad" entre ciudadanos de diferentes ideologías

Los republicanos presentan un voto particular contrario al informe impulsado por la mayoría absoluta del PP

Archivo - La portaveu d'ERC al Senat, Sara Bailac

Archivo - La portaveu d'ERC al Senat, Sara Bailac / MARC PUIG I PEREZ | ERC - Archivo

Miguel Ángel Rodríguez

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ERC va a plantar cara al PP en el Senado. El próximo lunes, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, volverá a los pasillos de la Cámara Alta para defender la amnistía en la Comisión General de Comunidades Autónomas, un órgano convocado por los populares para aprobar un informe en contra de la medida de gracia. En esa sesión, los republicanos defenderán un voto particular en el que defienden que la amnistía "no afecta al Estado Autonómico", tiene "perfecta cabida en los marcos legales español y europeo" y que promoverá "la igualdad ante la ley para todos los ciudadanos independientemente de sus afiliaciones o aspiraciones políticas".

Pese a que la gran mayoría de los argumentos que están incluidos en el informe tratan sobre el encaje legal de la amnistía, los republicanos también hacen referencia a la "igualdad" que se conseguirá ente los ciudadanos de diferentes ideologías, aunque no lo desarrollan en profundidad a lo largo de las 15 páginas del documento. Sí añaden que la medida de gracia "permitirá el retorno de sus plenos derechos políticos a activistas y a líderes hasta hoy perseguidos, fortaleciendo así el pluralismo y la diversidad de voces en el espacio político".

Además, como vienen sosteniendo desde el inicio de la tramitación de la ley, apuntan que permitirá recuperar la "normalidad política e institucional" en las relaciones entre el Gobierno y la Generalitat para "avanzar en la resolución del conflicto político por vías democráticas". En concreto, indican que permitirá caminar hacia un acuerdo para que los catalanes pueda "decidir democráticamente sobre la articulación política de su país". Es decir, un referéndum como el planteado por Aragonès.

Los argumentos jurídicos

La portavoz de ERC en el Senado, Sara Bailac, ha defendido este jueves que las funciones de la Comisión General de las Comunidades Autónomas es analizar la posible repercusión de la amnistía en el Estado Autonómico y que, en este sentido, la medida de gracia no afecta a las competencias autonómicas, ya que se trata de "una ley penal y las competencias son exclusivas del Estado". Así lo recogen también en su voto particular asegurando que "no representa un menoscabo ni una amenaza para el modelo de Estado autonómico".

Por otro lado, los republicanos catalanes rechazan que la amnistía se vaya a aprobar como pago al apoyo a la investidura de Pedro Sánchez, si no como parte de un proceso de negociación que comenzó en 2018 cuando el Gobierno español reconoció la existencia de un "conflicto político". También afirman que la Constitución española "no prohíbe la amnistía y esta no contraviene ninguna norma o principio de la Constitución" y que "está perfectamente homologada desde la perspectiva del derecho de la Unión Europea".

Así, a modo de conclusión defienden que la "amnistía se demuestra como una herramienta útil y necesaria en el caso del conflicto político abierto entre Catalunya y el Estado español" y que busca "devolver al ámbito de la política lo que nunca hubiera de haber salido de la política".

Respuesta al PP

ERC ha presentado este voto particular como respuesta al informe aprobado este jueves por la ponencia y que, debido a la mayoría absoluta del PP, solo recoge las consideraciones de los populares. A lo largo de 26 páginas, los conservadores critican la amnistía desde todos los puntos de vista, y avisan al Tribunal Constitucional de que si no anula la norma cuando esta sea aprobada se creará un "precedente nefasto" y "nada impedirá a otra mayoría coyuntural en el futuro aprobar otras amnistías" y ofrecer impunidad a "todo tipo de movimientos separatistas y de actos insurreccionales". 

También detallan que la medida de gracia afectaría económicamente al resto de comunidades al perdonarse los delitos de malversación que dañan a la Hacienda única del Estado, de la cual se financian todas las autonomías, vulnerando el principio de igualdad.