El informe del PP en el Senado ve la amnistía como un precedente para que el Congreso perdone futuros "actos insurreccionales"

En la confección de su respuesta jurídica a la amnistía, el PP activó la pasada semana a la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado para elaborar un informe sobre las implicaciones que puede tener la medida de gracia en las autonomías. En el texto que han propuesto, y que saldrá adelante gracias a su mayoría absoluta, los populares avisan al Tribunal Constitucional de que si no anula la norma cuando esta sea aprobada se creará un "precedente nefasto" y "nada impedirá a otra mayoría coyuntural en el futuro aprobar otras amnistías" y ofrecer impunidad a "todo tipo de movimientos separatistas y de actos insurreccionales". Así, advierten de que el Estado de las autonomías estaría en peligro.

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Haciendo valer su mayoría absoluta en la Cámara Alta, los populares han convocado el próximo lunes una sesión de la Comisión General de Comunidades Autónomas para aprobar este informe contrario a la amnistía. A lo largo de 26 páginas, los populares desgranan los distintos motivos por los que consideran que la ley es inconstitucional, pero ofrecen pocos argumentos sobre el objeto real del informe, el contenido autonómico de la norma. Principalmente, detallan que afectaría económicamente al resto de comunidades al perdonarse los delitos de malversación que dañan a la Hacienda única del Estado, de la cual se financian todas las autonomías, vulnerando el principio de igualdad.

El grueso del informe, no obstante, está destinado a ir desgranando todos los argumentos que los populares han esgrimido ya en los últimos meses. Sostienen que la tramitación es "fraudulenta"; que la Constitución no recoge la figura de la amnistía y, además, prohíbe los indultos generales; que el poder constituyente rechazó dos enmiendas para incluir la medida de gracia en la Carta Magna; o que se vulnera la separación de poderes al retirar a los jueces la potestad de hacer cumplir las sentencias.

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Desprotección a las instituciones

La propuesta del PP, que podría ser modificada ligeramente este miércoles si los populares aceptan alguna enmienda, sentencia que el principal efecto político de la amnistía es la "deslegitimación del Estado, de su Derecho y de sus instituciones" y eleva la presión sobre el Tribunal Constitucional para que derogue la norma en un futuro: "El principio de igualdad y la reserva de jurisdicción quedan completamente desprotegidos frente al legislador y cualquier mayoría absoluta futura podría excepcionarlos, aun careciendo de fundamento constitucional y sin que concurra ninguna finalidad legítima".

Y van más allá. Consideran que el Estado Autonómico también queda "desprotegido" y que la amnistía sienta un "precedente peligroso para su propia supervivencia". A este respecto, señalan que se ofrece "una expectativa de impunidad a todo tipo de movimientos separatistas y de actos insurreccionales que, en el futuro, puedan volver a desafiar los principios constitucionales de unidad, autonomía y solidaridad". Es decir, consideran que se abre la puerta a que los partidos independentistas lo vuelvan a hacer.

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Y a estas formaciones independentistas se refieren cuando denuncian que la amnistía se ha negociado fuera de España con el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont: "La finalidad de la ley no es la reconciliación, sino la obtención de los siete votos de Junts necesarios para la investidura de Sánchez".

La reforma constitucional

Los populares, además, insisten en que la ley de amnistía es una reforma constitucional encubierta. Este es el argumento que el PP ha utilizado para presentar un conflicto de competencias entre el Congreso y el Senado que será aprobado en la Cámara Alta la próxima semana. Los conservadores consideran que la amnistía solo tendría cabida si se reforma la Constitución y que al tramitar la medida de gracia mediante una proposición de ley orgánica se están usurpando las funciones propias de la Cámara Alta. Este argumento ya lo usaron en 2005 contra la ley de matrimonio homosexual y el Tribunal Constitucional lo rechazó.

El informe se cerrará este jueves, aunque se esperan pocos cambios, y el próximo lunes será aprobado por la Comisión General de Comunidades Autónomas. A este órgano podrán acudir los presidentes autonómicos, como ya hicieron en octubre. Lo más seguro es que el PP haga desfilar por los pasillos del Senado todo su poder territorial, pero la vista estará puesta en los tres presidentes del PSOE y, sobre todo, en el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que hace medio año decidió plantar cara a los populares.