Imputados en Tsunami Democràtic alegan que García Castellón inició una causa general contra el independentismo

Los empresarios Oriol Soler y OIeguer Serra han presentado un escrito en la Audiencia Nacional en el que solicitan al juez Manuel García Castellón las diligencias que dieron origen al procedimiento abierto para determinar la dirección y financiación de Tsunami Democràtic, en el que ambos están imputados, al sospechar que el magistrado acumuló diligencias relativas al independentismo catalán en una especie de causa general prospectiva, prohibida por la Constitución, que se ha prolongado siete años y ha alcanzado a 49 partidos judiciales catalanes.

El escrito firmado por el abogado Benet Salellas argumenta que la causa de Tsunami Democràtic se inició "por una solicitud de la Sección de Información de la Guardia Civil en Catalunya de fecha 17 de octubre del 2019" para el bloqueo de varias páginas web vinculadas a la plataforma "en relación con la investigación desarrollada en las diligencias previas 99/2018 del Juzgado Central de Instrucción núm. 6 de la Audiencia Nacional", de la que también partió la causa seguida contra miembros de la presunta célula terrorista Equip de Resposta Tàctica (ERT) de los CDR. La Sala de lo Penal ordenó al magistrado que se la hiciera llegar a sus abogados para garantizar el derecho de defensa.

La petición de diligencias señala que el Juzgado Central número 6 accedió a la petición policial y abrió una pieza separada de las diligencias 99/2018 -abiertas en diciembre de ese año- de este mismo Juzgado que "es registrada posteriormente como las 85/2019", conocidas como caso Tsunami. A partir de ahí denuncia que la pieza "no se remitió ni al juzgado de guardia de la Audiencia Nacional ni a reparto entre los distintos Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional, sino que provocó la incoación de una nueva causa directamente en este mismo juzgado ya no como pieza separada de unas anteriores diligencias sino como causa 'autónoma' el 29 de octubre del 2019".

Agrega que el oficio da a entender que hubo una comunicación policial previa el día 7 de octubre de 2019, cuando estaba de guardia el Juzgado número 2, en el que ya se hacía referencia a “diversas iniciativas como las llamadas Tsunami Democràtic, Ens plantem y Pícnic per la República”, incluidas en las diligencias 99/2018. Según la Memoria de la Fiscalía General del Estado, estas provienen de las 104/2017, en las que ya el Juzgado Central número 6 investigaba las “amenazas” detectadas por la Guardia Civil tras la celebración del 1 de octubre del 2017.

"Por lo tanto, podemos afirmar que al menos indiciariamente existe una continuidad investigadora de siete años (2017-2024) sobre actividades independentistas amenazantes en Catalunya en monopolio por parte de este Juzgado Central de Instrucción número 6, en una suerte de lo que tiende a parecer una auténtica causa general desgajada en distintas piezas sucesivas que han mantenido abierta una investigación de objeto amplísimo, tanto temporal, como espacial (afecta a los 49 partidos judiciales catalanes) y material (por providencia de 4 de marzo se acordaba incluso investigar la presencia de espías rusos en Catalunya desde el año 2014)", afirma. Por eso solicita acceso a todas las diligencias abiertas para comprobar si sus sospechas son ciertas.

El Juzgado Central de Instrucción número 6 también fue el que instruyó la causa contra 12 miembros de la presunta célula terrorista de los CDR a la que se incautaron sustancias susceptibles de convertirse en explosivos; ocho de ellos se enfrentan a una petición fiscal de 27 años de cárcel. Además, recientemente ha ordenado un informe sobre la presencia de espías rusos en Barcelona, circunstancia por la que en su día también abrió diligencias, pero luego remitió al Juzgado de Instrucción número 1 de esa ciudad, en el que se investiga la trama rusa del 'procés', en el caso Voloh, y acabó archivando.