PSC y Junts piden al Govern que acelere las ayudas a los agricultores: "Ninguna explotación debe cerrar por la sequía"

Hace dos semanas fue el pleno sobre la emergencia por sequía. Esta semana, el de la crisis de los agricultores. El Parlament continúa siendo el escenario en el que la oposición hace morder el polvo al Govern de Pere Aragonès por su minoría y busca su desgaste en año preelectoral. Tras un mes de protestas, manifestaciones y reclamaciones a las instituciones, tanto el PSC como Junts han recriminado al Executiu que no dé respuesta a las urgencias del sector y que actúe con lentitud para afrontarlas porque, a su juicio, no se han empezado a tomar decisiones hasta que se cortaron carreteras y los tractores entraron en Barcelona.

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"Se está pagando el precio de no haber hecho lo que se tenía que hacer", ha espetado el líder del PSC, Salvador Illa, que ha defendido que agricultores y ganaderos deben recibir con celeridad ayudas para superar la situación de excepcionalidad provocada por la escasez de agua. "Ninguna explotación debe cerrar por culpa de la sequía", ha advertido el también jefe de oposición, que ha recetado "no tomar decisiones en caliente" ni "demorarlas en exceso". Hoy hace dos semanas que el Parlament debatió -y aprobó- revisar las restricciones del plan de sequía, pero, hasta el momento, no se ha relajado ninguna de las medidas.

Una Catalunya "de chips y de melocotones"

Pero más allá de la actual crisis hídrica, los socialistas, que han arrancado el pleno lamentando que dos de las entidades -Asaja y UPA- se hayan quedado sin intervenir en el pleno, han defendido una Catalunya "de chips y de melocotones; de fábricas y de granjas" en la que el respeto al medio ambiente no se haga "a costa de la inviabilidad económica" del sector primario. "Es una cuestión de ritmos y de recursos", ha defendido Illa, que ha tendido la mano al Govern para impulsar medidas siempre y cuando no se trate de un mero acto de "pesca electoral" pensando en las elecciones europeas, el "principal ámbito" donde se toman decisiones que afectan a los agricultores.

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Para el PSC, el acuerdo alcanzado por los representantes del sector primario y el conseller de Acció Climàtica, David Mascort, el pasado 29 de febrero solo supondrá "más frustración" porque se trata de una mera "escenificación", con acuerdos como el del cambio de nombre del departamento. La diputada socialista Rosa Maria Ibarra, además de urgir a modificar el decreto de sequía y adaptarlo al sector, ha exigido tecnificar el sistema de riego, ayudas para que sobrevivan las explotaciones y un refuerzo de los mecanismos de control de los precios de los productos. También que el Institut Català de Finances sea la institución de crédito de referencia del sector y anticipo de pagos para que los jóvenes tengan liquidez, así como la reducción de la burocracia.

La "desidia" del Govern

También desde Junts per Catalunya, grupo que propuso la celebración del pleno, han aprovechado desde el inicio para cargar contra el Govern, al que acusan de "desidia" ante los problemas del sector. Al conseller, David Mascort, lo ha acusado de estar ya "reprobado" por el país, según Albert Batet, jefe del grupo de JxCat. Y en cuanto a las propuestas, la formación independentista se centra en la desburocratización -presenta una propuesta para aprobar una ley al respecto-, los bajos precios que cobran los agricultores, la competencia de los productos extranjeros y las dificultades para hacer posible el relevo generacional.

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El diputado de Junts Salvador Vergès ha practicado un perfecto equilibrio entre la defensa de las grandes explotaciones y las más minoritarias. Y ha reclamado que se defina "un modelo" que integre a los dos tipus de agricultura. Vergès ha hecho suya la revuelta de los agricultores y ha advertido de que si no se sienten representados, se presentarán a las elecciones. El parlamentario se ha felicitado porque estas protestas sean, ha dicho, "100% en catalán".

La CUP, contra las grandes explotaciones

En cambio, la CUP ha señalado como principales problemas de los payeses una legislación europea que llega a "límites surrealistas" y que "cambia cada dos por tres", pero también a una "tierra cada vez en menos manos y con explotaciones más grandes e intensivas" que "empequeñecen" el sector. Por este motivo, la CUP exigido al Govern que actúe para "controlar que se paguen precios justos", que priorice "el producto nacional antes que la importación" y que "vele para evitar la especulación". Y también ha denunciado que el Govern aún no se haya modificado las restricciones de agua. "No basta con darles palmadas en la espalda y hacerse fotos con los tractores", ha aseverado el diputado Dani Cornellà, acusando al ejecutivo de tratar al sector con "condescendencia".

Los Comuns, por su parte, también han abogado por un "cambio de modelo" ante un problema que se antoja sistémico y que requiere de un "acuerdo de país" que declare la agricultura y la ganadería como sector "estratégico" para tejer una "alianza entre campo y ciudad". "La agricultura se muere porque no es viable económicamente para muchas familias", ha dicho el diputado Enric Bàrcena, que ha defendido un cambio en el modelo productivo que vaya de la mano de la sostenibilidad ambiental, una tutela de los precios y de la cadena alimentaria y condiciones laborales dignas.

Desde la tribuna y desde la calle

Con todo, mientras algunas asociaciones de agricultores seguían el pleno desde la tribuna y otros representantes del sector hacían sentir su protesta a las puertas de la Cámara, Ciutadans ha acusado al Govern a los partidos de izquierdas de haber cambiado su discurso al tenor de las protestas. "Tendrían que escucharles cuando no están ustedes delante. Se les culpa de todo y hacen iniciativas que les ponen dificultades", ha denunciado la diputada Marina Bravo. Por parte del PP, Alejandro Fernández ha acusado al Govern de no tener en cuenta la realidad más allá de los límites de la capital catalana y de haber convertido "Catalunya en 'Barcelunya'".

A modo de réplica, la última en intervenir ha sido la diputada de ERC Alba Camps, que ha exigido a los grupos de la oposición que presenten "propuestas factibles a corto plaz"” y no "brindis al sol" que no contribuyan a solucionar al problema. Como ejemplo, ha anunciado que su partido registrará en el Congreso una propuesta para reformar la ley de la cadena alimentaria con el objetivo que los agricultores reciban precios justos para sus productos.