Crisis interna
Junts plantea medidas legales contra Casol y Madaula por las "difamaciones" de sus denuncias por acoso
El Parlament revisará el protocolo contra el acoso tras las denuncias en Junts
El informe del 'caso Casol' descarta el acoso, pero ve "machismo" y "aislamiento habitual" dentro de Junts
El Periódico
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La crisis interna en Junts por las denuncias por presunto acoso de las diputadas Aurora Madaula y Cristina Casol, arrecia. Hasta tal punto, que la dirección del partido ha planteado emprender medidas legales ante lo que considera "difamaciones y filtraciones" de ambas dirigentes. Según explican diversas fuentes a Europa Press, así se expuso esta semana tanto en la reunión de la permanente como en la del grupo en el Parlament el pasado martes. Precisamente ese sía, la presidenta de la institución, Anna Erra, planteó sin apoyo suficiente ante la Mesa de la institución que quedara en suspense el protocolo contra el acoso para que sea revisado, el instrumento al que se acogieron las dos diputadas para formalizar sus acusaciones.
Junts mantiene que lo que hay en disputa es un "debate político" y niega que haya un caso de "machismo". En la reunión del martes, Batet explicó que la formación pidió activar dichas medidas legales "ante esta ruptura de la confidencialidad, ante estas difamaciones y ante estas filtraciones" que se han producido de los casos y que, en su opinión, tienen efectos nocivos sobre la formación. Madaula y Casol, afines a la presidenta de Junts, Laura Borràs, presentaron ante la Oficina de Igualdad del Parlament, y en diferentes momentos, una denuncia contra el grupo de Junts por presunto acoso. En estos casos, la institución delega la investigación en una empresa externa que acompaña a la denunciante y que le garantiza confidencialidad hasta la resolución.
Junts grabará sus reuniones
Dicha empresa externa aún no ha resuelto el caso de Madaula, pero sí el de Casol con un informe que avanzó EL PERIÓDICO y que concluyó que, en la mayoría de las diez situaciones denunciadas por la dirigente, no se había podido acreditar situaciones de acoso o discriminación pero sí describía un ambiente de trabajo en el grupo "dónde el machismo más cultural está arraigado". También recoge que se viven situaciones de tensión interna en la formación y que hay "una base fuertemente patriarcal", entre otros aspectos. Aunque no tiene por qué hacerse pública ni la denuncia ni las conclusiones, en este caso trascendió, como también se ha hecho público que Madaula también ha recurrido a este protocolo contra el acoso.
El mismo Batet cargó en la reunión contra las "difamaciones" que considera que contiene el informe y que, a su juicio, perjudican la imagen del partido, y pese a que se remitió explícitamente a detallar los hechos sin ahondar en cuestiones personales, aseguró que desde el grupo siempre han trabajado para proteger a la formación. También anunció que, a partir de ahora, grabarán las reuniones del grupo parlamentario "para que no se pueda tergiversar" el contenido de lo que se habla y para que quede constancia de cuál es la dinámica de debate en el seno del grupo a puerta cerrada.
La mayoría de diputados quieren echarlas
Casol, a quien el partido ha advertido de que la expulsarán si no entrega su acta de diputada, ya ha trasladado a Batet y al secretario general de Junts, Jordi Turull, que no lo hará y que, si la echan, pasará a ser diputada no adscrita. Tras archivarse su causa en el Parlament, 26 de los 32 diputados de Junts dirigieron una carta a la cúpula del partido para pedir la dimisión de Casol, y Borràs y Turull debían intentar una mediación y hablar con ella.
El caso de Madaula, que sigue de baja médica, también generó un malestar generalizado en el grupo después de que, en el 'Parlament de les Dones' que se celebró en noviembre del año pasado, manifestara que había sufrido "violencias silenciosas" de compañeros. La denuncia la hizo después de que Junts cambiara la posición ante una declaración de la junta de portavoces sobre el aborto en Andorra que Madaula habría pactado con otros grupos sin el conocimiento de la dirección de su formación. La misma Erra se reunió con ella y le instó a reflexionar sobre su continuidad como secretaria segunda de la Mesa, y 22 de los 32 diputados de Junts también firmaron un texto en su contra que presentaron a la Comisión de Garantías.
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