El juez del espionaje a Aragonès recibe incompleta la documentación desclasificada del Gobierno

El juez de Barcelona Santiago García García, que investiga el espionaje al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, a través de Pegasus, solo ha recibido el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se desclasifican las resoluciones del juez del Tribunal Supremo Pablo Lucas, que autorizó al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) la intervención del teléfono del mandatario catalán, así como un oficio sobre este asunto. Sin embargo, el Gobierno no ha remitido esos autos judiciales, por lo que el magistrado deberá ahora requerirlos directamente a los servicios de inteligencia, lo que, en cierta forma, retrasará un proceso en el que este viernes declara como imputada la exdirectora del CNI Paz Esteban.

Según las fuentes consultadas por EL PERIÓDICO, son tres las resoluciones declasificadas por el Ejecutivo central: un primer auto fechado en julio de 2019 que autorizaba la instalación de Pegasus en el teléfono móvil de Aragonès, y otros dos que prorrogaban esta medida. Uno de octubre de 2019 y otro de enero de 2020. Es decir, una prórroga cada tres meses. Tras la segunda prorroga, teóricamente se debería haber cesado el espionaje.

El Consejo de Ministros solo autorizó la desclasificación de esos papeles, pero no otros, también requeridos por el juez, sobre la compra y posible uso de Pegasus y sobre las "personas concretas" que actuaron en nombre del organismo en los procesos de encargo. El Gobierno ja jusiticado su rechazo a que se ponía en riesgo a los agentes y que no se podían consutar porque afectaban a la seguridad nacional. La misma portavoz de Gobierno, Pilar Alegría, aseguró que se trata de una “desclasificación parcial que en ningún caso afecta a la seguridad nacional”. No se descarta que el togado vuelva a pedir que se levante la reserva oficial de esa documentación.

Aragonès se querella contra la exdirectora del CNI por el 'Catalangate'

Por otra parte, el juez está a la espera de designar un laboratorio policial para realizar un análisis del teléfono movil de Aragonès y certificar que le habían instalado el programa Pegasus, para poder corroborar el informe pericial aportado por el abogado de presidente de la Generalitat, Andreu Van den Eynde, y realizado por Citizen Lab. Las mismas fuentes han precisado que el magistrado ha rechazado todos los recursos presentados por la Abogacía del Estado.

Las negociaciones espiadas

El pasado 13 de diciembre, Aragonès apuntó directamente ante el juez al CNI como el organismo que le espió a través de su teléfono móvil utilizando Pegasus. El president explicó en su declaración ante el magistrado, que duró unos 45 minutos, que el periodo en que su teléfono fue interceptado, entre julio de 2018 y marzo de 2020, coincidió con la formación del Govern de Quim Torra (la intromisión se efectuó un mes después de la constitución del Ejecutivo catalán), la primera moción de censura presentada por Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy, los Presupuestos y la mesa de diálogo. En todas esas negociaciones él ostentaba la máxima representación de su partido en el Govern y también como dirigente de ERC, ya que Oriol Junqueras estaba encarcelado.

Pegasus: ¿Qué es y cómo funciona el 'software' de espionaje?

Aragonès se querelló contra Esteban, exdirectora del CNI, y la empresa israelí NSO, propietaria del sistema de ciberespionaje Pegasus, en junio de 2022, si bien el juzgado se inhibió inicialmente ante la Audiencia Nacional, a instancia de la fiscalía, al considerar a este tribunal el competente por ser el presidente catalán una alta autoridad del Estado. Esta decisión fue revocada en junio pasado por la Audiencia de Barcelona, por lo que finalmente el magistrado Santiago García asumió el caso.

En un auto de mediados de octubre, el magistrado acordó admitir a trámite la querella y requirió al CNI y a la Comisión Delegada de Asuntos de Inteligencia del Gobierno, con sede en la Moncloa, si el servicio de inteligencia a "cualquier otro organismo gubernamental español" ha adquirido o utilizado el programa, qué personas intervinieron en su adquisición y que le remitieran cualquier registro de eventos, incidencias o datos en relación con el número de teléfono de Aragonès. Asimismo, reclamó al Tribunal de Cuentas y a la Intervención General del Estado para que le enviaran certificación sobre si el CNI compró el programa a la empresa israelí NSO u otras compañías y sobre su coste.

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