Ciberespionaje
Marta Rovira lleva el caso de presunto espionaje con Pegasus ante la Justicia de Suiza
Pegasus: el intruso que 'hackea' la política española
Pegasus: ¿Qué es y cómo funciona el 'software' de espionaje?
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Marta Rovira. / MARC PUIG I PÉREZ / ACN
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EFE
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La secretaria general de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Marta Rovira, huida de la justicia española desde 2018 y residente desde entonces en Ginebra, ha denunciado ante la Fiscalía de Suiza el espionaje que presuntamente sufrió, junto a otros políticos independentistas, mediante el software Pegasus.
Según informó la televisión nacional suiza RTS, el Ministerio Público de la Confederación (Fiscalía) confirmó haber recibido esta denuncia, aunque no comentó detalles de las investigaciones, que según otras fuentes judiciales consultadas por el canal helvético podrían estar suspendidas desde octubre.
La presentación del caso se conoce el mismo día en el que ERC, junto a Bildu y BNG, solicitaron ante el Congreso de los Diputados una comisión de investigación sobre el espionaje con Pegasus, al parecer acordada durante las negociaciones con el PSOE a cambio de lograr la mayoría en la mesa de la Cámara baja.
Además, este miércoles el juez Manuel García Castellón envió una comisión rogatoria a Suiza para que proporcione información sobre el paradero de Rovira y sobre una cuenta bancaria de una entidad en el país que se sospecha que pudo utilizarse para financiar el movimiento Tsunami Democràtic, peticiones ante las que las autoridades judiciales helvéticas por ahora no se han pronunciado públicamente.
Al parecer, el software Pegasus (con el que se ha espiado a decenas de miles de personalidades en todo el mundo) pudo instalarse secretamente en el teléfono móvil de la líder catalana a través de dos enlaces supuestamente ligados a dos asociaciones locales (Swisspeace y Centro para la Política de Seguridad de Ginebra), indicó RTS.
Según el abogado de Rovira en Ginebra, Jean-Marc Carnicé, citado por la televisión suiza, el presunto espionaje podría suponer una «violación de la soberanía nacional» del país centroeuropeo, al haberse llevado a cabo un seguimiento sin la necesaria autorización de la Oficina Federal de Justicia helvética.
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