El juez del caso del despacho que creó Montoro pidió los correos que la Fiscalía no quiere analizar

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus Vela, que investiga si integrantes del despacho Equipo Económico, -que fundó en 2006 el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro-, usó sus influencias en el Gobierno en beneficio de sus clientes, anunció el 12 de diciembre a los investigadores del procedimiento su intención de reclamar los correos electrónicos del Ministerio de Hacienda que la Fiscalía Anticorrupción decidió no investigar, según explican a este diario fuentes del caso.

El magistrado, siempre según las fuentes consultadas, comunicó su decisión en la reunión que tuvo lugar el pasado 12 de diciembre en su despacho de los Juzgados de Tarragona, adelantada este lunes por este periódico, en la que además de los representantes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de los Mossos d'Esquadra; estuvieron presentes funcionarios de Hacienda y los dos fiscales encargados del caso: Carmen García Cerdá y el teniente fiscal de Anticorrupción, Antonio Romeral.

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En dicho cónclave quedaron en evidencia las fuertes diferencias de criterio entre los fiscales a la hora de fijar el objetivo de esta investigación judicial, que permanece secreta. 

El contenido de esos mensajes y su relevancia penal había sido discutida en septiembre pasado en una junta de fiscales de Anticorrupción en la que la mayoría de sus integrantes rechazó la intención de la fiscal del caso, que ante las discrepancias con su jefe, Alejandro Luzón, convocó el artículo 27 para así poder investigar el contenido de los mensajes. Esta funcionaria considera que podían ser indicios de que altos funcionarios del Ministerio de Hacienda y de la Agencia Tributaria podrían haber cometido delitos de revelación de secretos durante el mandato de Cristóbal Montoro.

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Antonio Romeral

Sin embargo, la mayoría de los fiscales de Anticorrupción secundó la versión de su jefe, Alejandro Luzón, que decidió separar a García Cerdá de esa parte de la causa, que encomendó a su 'número dos' en Anticorrupción, Antonio Romeral.

Esta redacción pudo consultar el contenido de varios de estos correos electrónicos, que evidencian que altos funcionarios tuvieron acceso a datos de carácter confidencial de, entre otros, el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero, del expresidente de Bankia Rodrigo Rato y de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre.

En concreto, el jefe de gabinete de Montoro en el Ministerio de Hacienda, Felipe Martínez Rico, envió el 10 de febrero de 2015 a un interlocutor, que identifica como "ministro", un correo electrónico en el que incluía información fiscal del cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero. 

Felipe Martínez Rico es hermano de Ricardo Martínez Rico, quien también fue jefe de gabinete de Montoro y que está imputado en la causa de Tarragona. También permanecen investigados los socios directores de Equipo Económico Manuel de Vicente-Tutor y Salvador Ruiz Gallud, quien dirigió la Agencia Tributaria entre 2001 y 2004; así como una secretaria del despacho de abogados.

Cinco años en secreto

En el mismo sentido, el exvicepresidente del Gobierno del PP Rodrigo Rato ha denunciado en su libro 'Hasta aquí hemos llegado' supuestas irregularidades cometidas contra él por funcionarios de Hacienda con Montoro de ministro. Tanto Monedero como el extitular de Hacienda han pedido personarse como perjudicados en la causa del juez Rus, que de forma reciente ha acordado mantener el secreto del procedimiento, que se inició hace más de cinco años.

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Además, el instructor tiene en su poder desde mayo pasado un voluminoso informe elaborado por la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria en el que se analiza el contenido de varios de los mensajes que fueron entregados por el Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria a los responsables de las pesquisas.

El documento contiene conclusiones indiciarias sobre los mensajes que fueron entregados por el Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria a los responsables de las pesquisas, prosiguen las citadas fuentes.

La decisión de la fiscal García Cerdá de investigar un posible delito de revelación de secretos ha tenido consecuencias, pues su jefe, Alejandro Luzón, ha promovido que la Inspección Fiscal le abra un expediente por desobediencia.