Anticorrupción expedienta por desobediencia a la fiscal que investiga el despacho que fundó Montoro

La jefa de la Inspección de la Fiscalía General del Estado, María Antonia Sanz Gaite, ha iniciado una investigación disciplinaria contra la fiscal Carmen García Cerdá, a quien acusa de cometer una falta muy grave por supuestamente desobedecer las órdenes que le dio su jefe en Anticorrupción, Alejandro Luzón, en la causa que investiga el despacho que fundó en 2006 el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro.

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus Vela, instruye en secreto un procedimiento en el que trata de determinar si los miembros de Equipo Económico (EE) usaron en beneficio de sus clientes sus influencias entre los altos cargos y funcionarios del Ministerio de Hacienda del Gobierno del PP.

García Cerdá había recurrido al artículo 27 del Estatuto Fiscal para mostrar sus discrepancias con las órdenes recibidas de su jefe, Alejandro Luzón, que no era partidario de practicar más diligencias en relación con los documentos adjuntos a diferentes correos electrónicos que habían aparecido en el procedimiento.

En la Junta de Fiscales de Anticorrupción 26 de septiembre en la que se sometió el asunto, Luzón recabó el apoyo de 19 compañeros, mientras que sólo cinco apostaron por García Cerdá, lo que significaba que las diligencias que ella consideraba necesarias para que avanzara la instrucción ya no se iban a llevar a cabo.

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Fuentes jurídicas confirman a este diario que la decisión del máximo responsable de Anticorrupción de proceder disciplinariamente contra la fiscal del caso se produce a raíz de la celebración de esta Junta de Fiscales, cuya consecuencia fue una orden concreta de Luzón de no avanzar en la instrucción. Ahora, a García Cerdá se le achaca una conducta contraria a la postura de su jefe. 

Revelación de secretos

La fiscal pretendía investigar un delito de revelación de secretos que se desprende del contenido de los emails que aportaron el Ministerio de Hacienda, la Agencia Tributaria y la Dirección General de Tributos, y que estarían relacionados con una presunta red clientelar tejida por la empresa fundada por Montoro, pero de la que se desvinculó, según dice el exministro del PP, en 2008.

Tal y como adelantó en exclusiva esta redacción, entre los mensajes que no considera necesario investigar Alejandro Luzón hay uno que envió el 10 de febrero de 2015 el jefe de gabinete de Cristóbal Montoro en el Ministerio de Hacienda, Felipe Martínez Rico, al "ministro" con información fiscal del cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero, que días antes había regularizado su situación con el fiscal. 

Otros correos incluidos en el procedimiento evidencian que la Agencia Tributaria abrió una inspección al periodista de 'Abc' Javier Chicote después de que este informara sobre presuntas irregularidades cometidas por el despacho, que se creó en 2006 con el nombre de Montoro y Asociados, que en 2008 pasó a llamarse Equipo Económico y que desde 2016 se denomina Global Afteli.

Rato y Aguirre

Entre los emails que el fiscal Anticorrupción no considera necesario investigar en contra del criterio de la fiscal expedientada hay algunos que revelan datos confidenciales del exvicepresidente del Gobierno y ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) Rodrigo Rato y de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, como ha publicado El PERIÓDICO.

La tramitación de expedientes disciplinarios a los fiscales se regula en el Reglamento del Estatuto Fiscal cuya aprobación, en mayo de 2022, sustituyó a una norma preconstitucional, de 1969. Según la regulación actual, la incoación de un expediente corresponde al fiscal Promotor de la Acción Disciplinaria, y siempre se hace en virtud de una denuncia o como consecuencia de "orden superior", como parece ser el caso de García Cerdá.

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Desde el 4 de octubre de 2022, el Promotor de la Acción Disciplinaria del Ministerio Fiscal es Manuel Moix, quien también fue jefe de Anticorrupción.

Faltas graves

El Estatuto contempla entre las faltas más graves el "incumplimiento de las órdenes particulares y requerimientos personales dirigidos por escrito". Las sanciones previstas van desde una mera advertencia al traslado forzoso a otro departamento, pasando por multa y llegando a último término a la separación del servicio. 

Mientras se investiga a la fiscal -para lo que se pueden practicar las pruebas que se considere necesarias a lo largo de un plazo máximo de un año- existe la posibilidad de que pueda ser suspendida en sus funciones y, de concluirse que debe ser sancionada, el castigo que se le imponga puede ser recurrido, en todo caso ante el Consejo Fiscal y posteriormente ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

El juez de Tarragona acordó en diciembre de 2021 abrir una investigación contra tres directivos de Equipo Económico: el que fuera jefe de gabinete de Montoro, Ricardo Martínez Rico [hermano del autor del mensaje sobre Monedero, Felipe Martínez Rico, que también fue jefe de gabinete del exministro]; Manuel de Vicente-Tutor y Salvador Ruiz Gallud, quien dirigió la Agencia Tributaria entre 2001 y 2004. Ni Cristóbal Montoro ni los imputados en el procedimiento han querido contestar las preguntas remitidas por esta redacción.