Cerco a la fiscal que investiga el despacho que fundó Montoro: expediente sancionador por no frenar las pesquisas

La Fiscalía ha dado un paso más en su investigación disciplinaria contra Carmen García Cerdá, la fiscal anticorrupción que inició las pesquisas sobre actividades presuntamente irregulares cometidas desde Equipo Económico, el despacho que fundó en 2006 el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro.

La actuación fue iniciada el pasado mes de noviembre por la Inspección fiscal por una presunta desobediencia de García Cerdá tras el freno que el jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, impuso en relación con determinados correos electrónicos hallados en el marco de la investigación penal. El expediente ya está sobre la mesa del promotor de la acción disciplinaria de la Fiscalía, Manuel Moix, que ha abierto expediente disciplinario.

A partir de ahora, Moix podrá practicar prueba --llamar a declarar a García Cerdá y otros implicados, o recabar documentos-- y finalmente propondrá sanción o bien archivará el asunto, según ha adelantado ABC y ha confirmado este diario en fuentes fiscales. El expediente fue abierto a finales de la semana pasada, y la fiscal afectada ya ha sido informada al respecto.

En principio, se acusa a esta funcionaria de cometer una falta muy grave -que puede terminar con su expulsión de Anticorrupción o incluso la separación del servicio- porque tras la orden de su jefe presuntamente trató con los investigadores de la causa abierta contra Equipo Económico en un juzgado de Tarragona. Dicha convesacion versó sobre las pruebas que vendrían a documentar que este despacho usó en beneficio de sus clientes sus influencias entre los altos cargos y funcionarios del Ministerio de Hacienda del Gobierno del PP.

Según la investigación realizada por El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, los investigadores han tenido acceso a numerosos correos electrónicos intercambiados entre altos cargos de la Agencia Tributaria, coincidiendo con la etapa en la que Montoro estaba al frente de Hacienda, en los que se hacía referencia a la situación fiscal de distintas personas, como la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, el exministro Rodrigo Rato o del confundador de Podemos Juan Carlos Monedero. Luzón habría ordenado a García Cerdá cesar en estas líneas de investigación, al no ver que pudiera prosperar una acusación de revelación de secretos al respecto.

Discrepancias con el jefe

Este asunto dio lugar a una junta de fiscales de Anticorrupción el pasado 26 de septiembre, propiciada por García Cerdá --invocó para ello el artículo 27 del Estatuto Fiscal-, si bien la reunión se resolvió a favor de Luzón, que recabó 19 apoyos frente a los 5 de su subordinada. Fue después de este capítulo cuando se inició la investigación disciplinaria a García Cerdá que ahora avanza con la apertura del expediente.

La diferencias entre esta fiscal y Luzón van más allá de este caso. También han chocado por algunos aspectos de la investigación de la trama 'Púnica', donde tanto García Cerdá como Teresa Gálvez optaron por no suscribir el informe de la pieza número 9 --sobre la presunta 'caja b' del PP de Madrid--, en el que se proponía librar a los ex presidentes regionales Esperanza Aguirre e Ignacio González, como finalmente hizo el juez instructor. Solo se entregó con la firma del fiscal Alejandro Cabaleiro.

Además, se da la circunstancia de que García Cerdá también obligó en su día a una reunión de la junta de fiscales cuando Moix fue jefe de Anticorrupción. En dicha ocasión, para dejar patente que tanto ella como su compañero entonces en el caso Lezo, Carlos Yáñez, consideraban necesarios registros en la causa en la que el principal imputado era el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. La fiscal niega desobediencia y confía que el asunto se aclare a lo largo de la instrucción ahora iniciada por su antiguo jefe.

Moix tuvo que dimitir de la jefatura de Anticorrupción en junio de 2017, tan sólo 87 después de asumir el cargo, al trascender que tenía una participación en una empresa panameña con sus hermanos. A pesar de ello, desde noviembre pasado es el promotor de la Acción Disciplinaria de la Fiscalía General del Estado, por lo que de él dependerá instruir y, en su caso, sancionar disciplinariamente a García Cerdá si considera acreditado que desobedeció a su ahora superior.