El Gobierno retrasa los Presupuestos para atar antes el apoyo de Junts

El alcance de la legislatura dependerá de los próximos Presupuestos y el Gobierno quiere minimizar riesgos. Tras el aviso de Junts en la convalidación de los tres primeros decretos de la legislatura, el Ejecutivo intentará pactar sus iniciativas antes de llevarlas al Congreso. Esta metodología de negociación se seguirá con el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, según aseguran fuentes de Moncloa, lo que explica el retraso en su presentación. Los cálculos del ministerio de Hacienda, antes del debate de los decretos, pasaban por presentar las cuentas públicas a mediados de este mes de enero. 

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Las negociaciones formales todavía no han comenzado, según coinciden en señalar distintas fuentes de los socios parlamentarios, aunque ha habido contactos y están agendados ya algunos encuentros. Un proceso por el que no se prevé tener el proyecto antes de finales de febrero. El Gobierno quiere atar antes el apoyo de Junts o, al menos, asegurarse que no presentará enmienda a la totalidad. El voto de los posconvergentes es el que más dificultades generará, reconocen fuentes del Ejecutivo. 

El alcance de la legislatura dependerá de las cuentas públicas de este año y el Gobierno no quiere correr riesgos tras el susto de los decretos

Con ERC hay más afinidad ideológica; al mismo tiempo, el Govern de Pere Aragonès depende de los socialistas catalanes para sacar adelante las cuentas catalanas. Podemos también se ha reivindicado como un actor negociador más tras tumbar el decreto con la reforma del subsidio de desempleo. Fuentes moradas, sin embargo, avanzan que su propósito de partida no es poner en riesgo las cuentas públicas, pero reclamarán contrapartidas en materia de vivienda o para combatir la subida del precio de los alimentos. 

El encargado de engrasar las relaciones con el partido de Carles Puigdemont es el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, quien la pasada semana ya se reunió con el secretario general de Junts, Jordi Turull. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, participó en las negociaciones de investidura con los independentistas y ahora tendrá que volver a arremangarse para buscar su apoyo. Pese al cambio de metodología negociadora, el Gobierno mantiene el objetivo de que los Presupuestos tengan el visto bueno definitivo del Congreso en el mes de abril, antes de que termine el proceso de tramitación de la ley de amnistía.

Las lecciones de la negociación de los tres primeros decretos de la legislatura, que estuvieron a punto de decaer por la amenaza de veto de Junts hasta el último momento y que Podemos mantuvo en el caso del promovido por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, tendrán como consecuencia una reducción drástica del recurso a los decretos por parte del Gobierno. Si en la anterior legislatura el grueso de las reformas comprometidas con Bruselas para recibir los fondos del plan de recuperación se aprobaron a través de esta vía, ahora se impulsarán desde el Congreso como proyecto de ley para aumentar el margen para debatirlas y negociarlas con los grupos parlamentarios. 

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La agenda social

Las cuentas públicas de este año, sobre cuya aprobación el Gobierno no alberga dudas pese a la necesidad de contar con Junts, también permitirá a Pedro Sánchez desplazar el foco: de las contrapartidas al independentismo catalán, con el carpetazo judicial al ‘procés’ como iniciativa fundamental en este campo, a las políticas sociales. El líder del PSOE reunió el sábado por la noche en A Coruña, donde el partido celebró durante el fin de semana su convención política, a los líderes territoriales del partido en torno a una cena. El mensaje que les trasladó, según varios de los asistentes, es que debían poner énfasis en la agenda del Ejecutivo en sanidad, educación, dependencia o pensiones. 

Varias horas más tarde, el domingo por la mañana, Sánchez incidió en esta idea durante el discurso de clausura de la cumbre. Por un lado, tras los malos resultados del reciente informe PISA, anunció un “plan de refuerzo en matemáticas y comprensión lectora” que afectará a partir del curso que viene a 4,7 millones de estudiantes (desde tercero de primaria hasta el final de la ESO) con un desembolso de más de 500 millones de euros. Por otro, frente al “España se rompe” que entona el PP, argumentó que los “avances en derechos” eran el mejor pegamento del país.

“Así es como se une España: con derechos, con respeto. Solo se puede gobernar este país si asumimos la diversidad territorial en torno a un proyecto común. España no se une con recortes, corrupción, y la guerra sucia de [Mariano] Rajoy. Tampoco con el 155 permanente de [Santiago] Abascal o el dislate de [Alberto Núñez] Feijóo de ilegalizar partidos políticos. El futuro de España no pasa por retroceder al aciago año 2017. El futuro de España consiste en avanzar en derechos, convivencia y empleo”, señaló el presidente del Gobierno, que sacó pecho de las medidas aprobadas durante estos dos primeros meses de incierta legislatura.

“En 60 días hemos mandado al Congreso una ley de paridad, una ley de enseñanza artística, hemos solicitado el cuarto desembolso de los fondos europeos, el escudo social, la revalorización de las pensiones, la subida del SMI. No vamos a parar”, concluyó.