Sumar valora pedir a Interior que retire los 6 millones de subvención a Podemos

Sumar estudia su respuesta jurídica tras la ruptura de Podemos y valora solicitar al Ministerio del Interior que Podemos deje de recibir seis millones de euros a lo largo de esta legislatura. El acuerdo electoral de las generales incluía que los de Ione Belarra recibieran el 23% de todas las subvenciones públicas que correspondían a la coalición. Los distintos actores integrados en Sumar creen que los morados han roto el acuerdo por el que se hacía esta distribución y abren la posibilidad de pedir al departamento de Fernando Grande Marlaska que "reconsidere" las asignaciones económicas a Podemos.

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La abrupta salida de los cinco diputados de Podemos la semana pasada sorprendió en las filas de Sumar, donde tuvieron conocimiento de este paso a través de la plataforma digital de Pablo Iglesias. La primera reacción consistió en acusarles de "deslealtad" y tildarles de tránsfugas, en palabras de Marta Lois, portavoz parlamentaria de la coalición. Un término que sin embargo no genera consenso en las distintas formaciones integradas en Sumar. Mientras los comunes, IU o Más Madrid sí les dan esa consideración y han llegado a pedirles el acta, desde otras fuerzas territoritoriales como Compromís tienen más dudas jurídicas a la hora de otorgarles esa etiqueta.

Reuniones clave

Este jueves se celebran dos reuniones clave en Sumar para abordar este asunto. Una es de Sumar como partido político, con el grupo de confianza de Yolanda Díaz, y la segunda, que se celebrará por la tarde, es de la dirección del grupo parlamentario de Sumar, donde se integran las distintas formaciones que en su día firmaron un acuerdo de coalición. Allí se abordará previsiblemente la opción de dar la batalla económica para recuperar para la coalición los fondos ahora cedidos a Podemos, aunque algnuos diputados dudan de que este mismo jueves pueda tomarse una decisión definitiva.

Sumar debate si dar la batalla para estrangular económicamente a Podemos o rehuir otra batalla en la izquierda

El diagnóstico compartido en el grupo es que Podemos no debe benediciarse económicamente de un acuerdo electoral que ahora ha roto de manera unilateral. Sin embargo, algunas fuerzas como los comuns, que siempre han tratado de actuar como una suerte de mediador entre Podemos y Yolanda Díaz, son más reacios a abrir nuevos frentes y se muestran más partidarios de "pasar página" pese a que consideran que la salida de los morados una "estafa".

Subvenciones

El reparto de recursos establecido en el pacto firmado entre Sumar y Podemos otorga a los de Belarra el 23% de todas las subvenciones, un porcentaje muy superior a su representación electoral: aunque sólo hay cinco diputados de Podemos frente a los 26 que ahora tiene Sumar, los morados perciben casi un cuarto de todos los recursos económicos.

Los partidos políticos con representación reciben dinero público por dos vías; por una parte está la asignación que proviene del presupuesto del Congreso de los Diputados, pero la principal fuente de financiación es la subvención que el Ministerio del Interior da a los partidos para gastos de funcionamiento ordinario, una cifra que en los Presupuestos de 2023 ascendió a 52,7 millones de euros.

Seis millones

Y una de las vías que se manejan en la coalición es precisamente dirigirse al Ministerio del Interior para comunicarle la ruptura del acuerdo y proponer que "reconsidere" el reparto de las subvenciones públicas que el departamento de Grande Marlaska, a través de la Dirección General de Política Interior, transfiere mensualmente a Podemos y al resto de formaciones. Sería este órgano el que, llegado el caso, debería resolver en favor o en contra de la petición, aunque en cualquiera de los supuestos esta batalla tiene visos de recalar en los tribunales.

En total, el partido de Ione Belarra recibe, sumando todas las subvenciones públicas, en torno a 1,6 millones de euros anuales -frente a los 5,4 que recibe el resto de fuerzas, entre Sumar, IU, Más Madrid, comunes, Compromís, Chunta y Mès-; es decir, Podemos recibe más de seis millones de euros en cuatro años de legislatura. Una cifra que Sumar puede ahora disputarles para repartir entre el resto de organizaciones.

La declaración de ruptura del acuerdo es necesaria para elevar la solicitud y podría hacerse a dos niveles, explican fuentes parlamentarias: a nivel de grupo parlamentario, por lo que tendrían que tomar la decisión los partidos que lo integran; o a nivel de Movimiento Sumar, el partido de Yolanda Díaz, que tiene en último lugar el control legal sobre la coalición.

El pacto antitransfuguismo, vía muerta

Este lunes el portavoz de Sumar Ernest Urtasun abría la puerta a iniciar acciones contra Podemos, y fuentes de la coalición apuntaban a una denuncia ante la Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo, algo que serviría para hacer oficial la declaración oficial de transfuguismo.

Esta opción sin embargo se presenta como una vía muerta: el órgano, dependiente del Ministerio de Política Territorial y presidido por el ministro del ramo, Ángel Victor Torres, está inactivo desde 2021, cuando el PP abandonó este espacio. Desde entonces la comisión está paralizada y ni siquiera se han renovado sus miembros en esta nueva legislatura. Fuentes próximas al órgano confirman que la comisión no se encuentra en funcionamiento, puesto que para ello es necesario el acuerdo de todos los grupos, ahora inexistente.

A esto se une que los acuerdos salidos de esta comisión tampoco tienen una traducción clara en el Congreso, puesto que sus conclusiones nunca se han traspuesto en el Reglamento de las Cortes Generales, y en el eventual caso de que hubiera una declaración tendría que ser la Mesa la encargada de interpretarla y aplicarla.

Vacío legal de las coaliciones

En el último acuerdo alcanzado por esta comisión -la llamada Adenda III-, alcanzado en noviembre de 2020, la comisión ya llamaba la atención sobre la escasa regulación en casos de ruptura de coaliciones electorales.

En este acuerdo, los distintos partidos se comprometían a impulsar una ley para "reforzar su régimen jurídico", alertando de que "la escasa regulación que en el ordenamiento jurídico tienen tanto coaliciones como agrupaciones electorales posibilita un marco idóneo que propicia el amparo de conductas tránsfugas". La modificación legal nunca llegó a hacerse y ahora serán Sumar y Podemos los que, llegado el caso, deban sentar precedente.