Más Madrid propone que los expresidentes puedan tener una paga durante un máximo de dos años

La polémica acompaña a la eventual retribución de los expresidentes de la Comunidad de Madrid que Isabel Díaz Ayuso quiere recuperar. En la ley ómnibus que se tramita en la Asamblea de Madrid a petición del grupo popular y que propone la modificación de hasta 15 leyes autonómicas se incluye la posibilidad de desarrollar el estatuto de los presidentes. Más Madrid fue la primera en denunciar que con esta iniciativa Ayuso busca "ponerse una paga vitalicia" y ha hecho circular una cantidad concreta, 8.500 euros, que es lo que cobraban los expresidentes que se incorporaban al consejo consultivo, suprimido como tal en 2015 por la popular Cristina Cifuentes. Sin embargo, de momento, todo lo que se sabe es que Ayuso quiere recuperar una retribución ligada a las labores consultivas que realicen.

La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha criticado a Ayuso por "hurtar" el debate sobre la paga a los expresidentes a la Asamblea de Madrid, ya que tal y como está planteado en la ley ómnibus el desarrollo del estatuto será previsiblemente aprobado por decreto y no mediante una proposición de ley que necesite la aprobación de la cámara. Pero las críticas de Más Madrid al PP no implican un rechazo de esta formación a cualquier tipo de retribución a los exdirigentes de la Comunidad. Los de Bergerot han incluido entre las enmiendas a la ley ómnibus su propuesta: un sueldo inferior a la retribución que reciben mientras ocupan el cargo y varias limitaciones.

Ayuso dice que el sueldo a expresidentes estaría ligado a una labor "consultiva"

Limitaciones para Ignacio González

A diferencia de la última propuesta que está barajando el PP, que Ayuso hizo pública este jueves en la sesión de control, Más Madrid no establece la necesidad de una contraprestación a cambio de ese eventual sueldo. Lo rechaza como "renta vitalicia" y establece que tanto el presidente como los consejeros y viceconsejeros "mantendrán el 75% de su remuneración durante el mismo tiempo que hubieran formado parte del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid con el límite máximo de dos años".

Es decir, que buscan una fórmula para que presidentes accidentales como Pedro Rollán, o quienes no completaron una legislatura, como Ignacio González o Ángel Garrido, no puedan cobrar ese sueldo más tiempo del que pasaron en el cargo. Aunque para González han incluido un punto específico al añadir que cualquiera que haya sido procesado o condenado en firme por delitos relacionados con su actividad pública (aún no hay sentencia en el caso por el que está investigado González) quedaría fuera.

Junto a los límites de la cuantía y el tiempo en el que podrían recibir la paga, en Más Madrid han incorporado en sus enmiendas las mismas incompatibilidades que tienen el presidente del Gobierno o los ministros para percibir una retribución una vez que dejan sus cargos. La idea es que sea incompatible con cualquier otra labor remunerada para ente público, tanto si el sueldo sale directamente de los presupuestos públicos o de aranceles establecidos por la administración (como ocurre con determinadas actividades del ámbito jurídico). A eso suman su exigencia de que deba ser aprobado por dos tercios de la cámara para que no pueda decidirlo un solo partido.

Texto por desarrollar

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha ironizado sobre las críticas que le lanzan desde Más Madrid por el "sueldo nescafé" que podría ponerse a sí misma como expresidenta una vez que deje el cargo, mofándose de que no serán 8.500 sino "30.000 euros". Ayuso asegura que lo hace para evitar el "vacío legal" que existe actualmente y para equipararse a otras comunidades autónomas, ya que Madrid es junto a Cantabria la única que no tiene regulado el papel de los exdirigentes autonómicos. Sin embargo, con el matiz que introdujo este jueves en la sesión de control, ligando la retribución a una función consultiva, la propia Ayuso estaba apuntando como posibles beneficiarios actuales principalmente a los dos únicos expresidentes que en estos momentos no tienen una actividad privada y podrían ejercer esa asesoría, Joaquín Leguina y Esperanza Aguirre.

El Gobierno regional asegura que el proyecto no está aún redactado pero fuentes de la Comunidad reconocen que en lo que se está trabajando es en un texto que deje claro que solo percibirán retribución por el trabajo que realicen. La norma sobre los expresidentes se aprobará en Consejo de Gobierno una vez que quede aprobada en la Asamblea la modificación de la Ley de Gobierno y Administración y la de supresión del consejo consultivo que van incorporadas en la norma que modifica hasta 15 leyes distintas. El PSOE de momento asegura que no ha cerrado todas las enmiendas a esta ley y no revela su propuesta.

El consejo consultivo en el que participaban los expresidentes hasta 2015 asesorando sobre las leyes del gobierno regional de turno se sustituyó por la Comisión Jurídica Asesora, que depende de la Consejería de Presidencia. En la ley ómnibus se habilita al Consejo de Gobierno a ampliar y modificar su composición, se crea la figura de los "vocales electivos", expertos con voz pero sin voto, pero no se dice nada concreto sobre la incorporación de los expresidentes que deseen hacerlo, aunque esa y no otra es la finalidad de la modificación de esta ley, según reconocen fuentes del Gobierno regional.