El choque político y el miedo a un referéndum alejan una reforma de la Constitución

Vamos a hacer un experimento. Imagínese que eligiéramos a un diputado de cada formación y lo metiéramos en una habitación. Entre las cuatro paredes solo habría una mesa y, sobre ella, un melón. Cada uno actuaría de forma distinta. Hay quien no lo tocaría, otros que lo abrirían a la mitad y aquellos que se plantearían si pueden convertir ese melón en otra cosa. Perdonen el símil, pero esto es lo que ocurre cada vez que los partidos se encuentran de frente con la Constitución. La comparación entre un melón y la Carta Magna, por cierto, la hacen los políticos cuándo se les pregunta por qué en 45 años de democracia solo se ha modificado dos veces.

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"Hay una especie de miedo atávico a la actual reforma de la Constitución, el peligro de abrir el melón", sentencia el diputado del PSOE Artemi Rallo, en conversación con EL PERIÓDICO, antes de avisar de que "melón que no se abre, acaba pudriéndose". La metáfora la usa también el parlamentario del PNV, Mikel Legarda, al admitir que "abrir cualquier reforma de la constitución supone abrir ciertos melones" y, desde otro prisma, el vicepresidente segundo del Congreso y dirigente del PP, José Antonio Bermúdez de Castro, remata que "lo que no se puede hacer es abrir el melón y luego no saber cómo cerrarlo".

Consenso en una palabra

Abandonando ya el experimento, toca llevar la cuestión a algo concreto: la reforma del artículo 49 de la Constitución. Una mayoría parlamentaria amplísima está de acuerdo en eliminar la palabra "disminuido", que tiene un marcado carácter ofensivo, por "persona con discapacidad". Se ha intentado hacer en dos ocasiones, una en 2018 y otra a comienzos de este año, pero no se ha logrado. ¿Por qué? El secretario general del PCE, diputado de Sumar y el único que ha escapado a la metáfora del melón, Enrique Santiago, lo resume: "El obstáculo, ahora mismo, es político, aunque es verdad que el sistema de reforma constitucional es complejo".

Ambas cosas van ligadas. Una reforma ordinaria de la Carta Magna necesita del apoyo de tres quintos de los diputados (210 'síes' de 350). Y después el mismo respaldo del Senado (159 a favor de 265). "La Constitución es excesivamente rígida y ahora, en una situación parlamentaria tan crispada y tan fragmentada, la reforma es más difícil", explica Legarda, sobre la dificultad de alcanzar consensos. Pero, si el entendimiento en el artículo 49 es claro, ¿qué ocurre para que no se modifique?

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Se produce aquí un cruce de acusaciones. Rallo (PSOE) señala que si "no se acometen reformas se acaba provocando una distancia entre la realidad y la norma muy indeseable", pero denuncia la "falta de voluntad del PP". Santiago (Sumar) es más rotundo: "La derecha es absolutamente incapaz de acordar nada. Hay una resistencia clara a aceptar la construcción de consensos". Y Bermúdez de Castro (PP) defiende una reforma que suscite "al menos el mismo grado de consenso" que la de 1978, que sirva para "fortalecer" la Constitución y, sobre todo, en la que se defina "muy bien qué es lo que se quiere hacer".

Los debates y el referéndum

Más allá de la confrontación política, existe el temor a que el debate acabe yendo más allá de lo deseado. El PP no quiere que se trate nada que no sea la reforma del artículo 49, pero Legarda sostiene que "esa pretensión de que se acantone el debate solo en el estricto punto que inicialmente se está debatiendo es difícil de mantener". A esto se suma que en cualquier reforma de la Constitución puede acabar en un referéndum si el 10% de los diputados -35- lo solicitan. "En algún momento ha jugado como un elemento disuasorio", admite Rallo.

"Pudiera existir el riesgo de que algunos quisieran utilizar ese referéndum para fines distintos del objeto del mismo", avisa, en este caso, Bermúdez de Castro. Legarda, que recuerda que Charles de Gaulle dimitió en 1969 tras perder en un referéndum convocado sobre las regiones en Francia, señala que "un referéndum, al final, se puede convertir en un referéndum contra la acción del propio Gobierno".

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