Junts registra en el Congreso la comisión para intentar investigar el 'lawfare'

Con la investidura de Pedro Sánchez ya liquidada, Junts ha querido empezar a dar pasos de cara a la legislatura. El primero de ellos, cumplir con el acuerdo que cerró con el PSOE para impulsar dos comisiones de investigación en el Congreso. Una sobre la Operación Cataluña y otra sobre los atentados del 17 de agosto de 2017 en la Rambla de Barcelona. Los posconvergentes, junto con el PNV, han registrado en la Cámara Baja sendas solicitudes que, entre otras cosas, buscan aclarar si ha existido 'lawfare' en España contra el independentismo catalán.

Tras el revuelo originado en todos los estamentos de la judicatura cuando el pacto entre PSOE y Junts recogió el término 'lawfare' -el acoso judicial con una apariencia de legalidad-, los posconvergentes han decidido camuflar sus intenciones en el redactado de su propuesta para investigar las "actuaciones del Ministerio del Interior durante los gobiernos del PP en relación con las supuestas irregularidades que vinculan a altos cargos policiales con la existencia de una trama parapolicial". Es decir, la llamada Operación Kitchen.

Entre los objetivos marcados está el "investigar todas aquellas iniciativas que se hayan podido llevar a cabo desde las instituciones del Estado con el objetivo de perseguir la disidencia política". Aunque esta definición es muy amplia, dentro de ella se encuentra el 'lawfare'.

Los precedentes

Además, el acuerdo de PSOE y Junts establecía que "las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto 'lawfare' o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas".

El texto de Junts se centra sobre todo en la Operación Cataluña, una de las ramas de la Operación Kitchen según la cual durante el Gobierno de Mariano Rajoy se pudo enviar a miembros de la policía a Andorra para obtener información de cuentas bancarias de políticos catalanes en el Principado. 

Además, Junts también pide conocer los contratos de compra del 'software' Pegasus u otros "presuntamente utilizados para espiar a parte de los estamentos oficiales". Esto formó parte del acuerdo cerrado con los socialistas en agosto para avalar la Mesa del Congreso y a su presidenta, Francina Armengol.

Los atentados del 17-A

La otra de las comisiones, que también se acordó hace tres meses con Junts, es sobre los atentados del 17 de agosto de 2017 que tuvieron lugar en la Rambla de Barcelona y en Cambrils. Los posconvergentes reclaman el derecho a saber "la verdad y las implicaciones derivadas de los atentados", "aclarar quienes fueron los supuestos responsables políticos o de cualquier otra índole en los atentados" y "proponer medidas de restitución y compensación a todas las personas afectadas".

Estos objetivos son menos específicos que los que promulgaron en agosto, cuando señalaron que querían indagar en "la vinculación del Centro Nacional de Inteligencia con el imán Es-Satty" y si "los aparatos del Estado tenían información sobre el atentado".