La exconsellera Alba Vergés, investigada por las vacunas del covid

El Juzgado de Instrucción número 17 de Barcelona ha acordado comunicar a la 'exconsellera' de Salut y actual vicepresidenta del Parlament, Alba Vergés, su condición de investigada en el proceso abierto por el presunto retraso en la vacunación del covid de los guardias civiles y los policías nacionales en Catalunya y le ofrece la posibilidad de declarar de forma voluntaria. Como tiene la condición de aforada, el caso deberá ser instruido por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). El juez Fernando Luis Criado ha archivado, asimismo, las actuaciones respecto a la actual secretaria de Salud Pública, Carmen Cabezas, y la directora de Organizaciones y Profesionales del CatSalut, Sara Manjón, aunque mantiene la imputación otros.

Por lo tanto, la 'exconsellera' de Salud está a un paso de voler a ser investigada por el caso de la vacunación contra la Covid-19 atrasada para policías españoles y guardias civiles, según denunciaron sindicatos policiales. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) resolvió en marzo de 2022 que no había indicios para investigar a Vergés, diputada de ERC, por los delitos de prevaricación y contra los derechos de los trabajadores y derivó el caso en un juzgado de Barcelona para que aclarara si había responsabilidades de otros jefes del Servicio Catalán de Salud. Ahora, pero, el titular del juzgado de instrucción 17 de Barcelona, a quien recayó el caso, ha decidido comunicar a la parlamentaria que figura en la causa como investigada.

En un comunicado ERC ha defendido la gestión del Gobierno de la Generalitat durante la pandemia y "la aplicación de criterios técnicos y médicos" para la estrategia de vacunación, a la vez que ha insistido que la decisión de inoculación de guardias civiles y policías nacionales se hizo siguiendo los criterios fijados. Para los republicanos, la causa es "injusta" y "ve intencionalidad y i persecución ideológica contra dirigentes independentistas". El 'conseller' de Salut, Manel Valcells, también ha mostrado su apoyo a Vergés y su equipo, reiterando que actuaron correctamente y que esta denuncia es una "persecución política".

El magistrado señala en su auto que existen "suficientes indicios racionales" que permiten considerar "suficientemente acreditados" los presupuestos de los delitos de prevaricación administrativa y contra los derechos de los trabajadores a raíz de la decisión del 24 de marzo de 2021 que paralizó el proceso de vacunación de policías y guardia civiles y cuyo ritmo era más lento ("disparidad", señala el juez) que el de Mossos, bomberos o la Guardia Urbana de Barcelona. "No encontramos ante una decisión arbitraria, ilegal, injusta y discriminatoria", adoptada por la Conselleria de Salut. Decisión que también califica de decisión "irrazonable e inexplicable" y que "solo encuentra una explicación en sentimientos de desprecio hacia colectivos de funcionarios que están integrados en cuerpos nacionales", recalca el auto judicial, lo que les dejó en "una clara situación de riesgo para su salud".

Los mensajes de watssapp

"La consellera pide parar Guardia Civil y Policía Nacional"; "Carmen, hablado con HC y SC, no ven ni GC ni PN todas las edades, ven por franja de 60 a 65", refiriéndose a Honorable Consellera (HC)y a Secretario Geenral (SG), y "Otra vez la consellera me pide parar a la Guardia Civil y Policia Nacional, no podemos argumentarlo lo tendríamos que parar". Son los tres watsapp que una jefa del gabinete de la exconsellera de Salud Alba Vergés envió entre el 22 y 24 de marzo de 2021 a la entonces subdirectora general de Promoción de Salud y actual secretaria de Salud Pública, Carmen Cabezas, que se han incorporado a la investigación del caso de las vacunas contra la covid-19 y que han puesto en el disparadero a la 'exconsellera' Vergés. El juez basa su decisión de investigar a Vergés, precisamente, en estos mensajes de móvil

La penalista Olga Tubau, abogada de Carmen Cabezas y Josep Maria Argimon (Junts) -que durante la pandemia era el secretario de Salud Pública y que después sucedió Vergés como 'conseller' de Salud- aportó al juzgado estas y otras comunicaciones para demostrar que ninguno de los dos decidió parar la vacunación de los policías españoles. Ambos, en cambio, pretendían volver a vacunar a todas las personas de servicios esenciales. En su declaración judicial, Marc Ramentol, exsecretario general del Departamento de Salud y también investigado, atribuyó este paro a un acuerdo de Cabezas y Argimon, que ahora se han defendido de "esta afirmación falsa", además de pedir el archivo de la causa penal. Sin embargo, el juez mantiene la imputación de Argimont, Ramentol, Adrià Comella, exdirector del CatSalut, i Xavier Rodríguez, director de Serveis del departamento de Salut.