Orden judicial a la Generalitat

Vacunación de policías y guardias civiles: versiones que no cuadran y agentes "menospreciados"

  • Gobierno y Generalitat se culpan mutuamente de un retraso de dos meses y medio en la vacunación que ha terminado con una orden judicial

  • Los funcionarios estatales que trabajan en Catalunya lamentan un episodio que acentúa la incómoda situación que viven desde las cargas del 1-O

Vacunación de policías y guardias civiles: versiones que no cuadran y agentes "menospreciados"
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Guillem Sánchez
Guillem Sánchez

Redactor

Especialista en Sucesos, tribunales, asuntos policiales y de cuerpos de emergencias

Escribe desde Barcelona

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La Conselleria de Salut comenzará a vacunar este lunes 2 de mayo a los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional que trabajan en Catalunya. Lo hará con Moderna, dos meses y medio después de inmunizar a los miembros de los Mossos d’Esquadra y porque lo ha ordenado el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que ha apreciado indicios de un trato “discriminatorio”.

Finalizará así un episodio sujeto a versiones contradictorias, intensamente politizado y doloroso para funcionarios estatales que llevan años en una posición delicada tras las cargas en los colegios en la jornada del 1-O. Este diario ha contactado con varios de ellos y coinciden en que se han sentido “menospreciados”.

Versiones contradictorias

Salut culpa del retraso a la Delegación del Gobierno español porque, según fuentes del departamento, esta ha tardado un mes y medio en entregar los datos necesarios. La Delegación del Gobierno, por su parte, recuerda que el 10 de febrero el Govern comenzó a vacunar a los Mossos sin contar con Policía Nacional y Guardia Civil y niega una dilación en la información requerida por Salut.

La Conselleria d’Interior, la tercera parte en discordia, subraya que los responsables de las dos administraciones –catalana y española– mantuvieron una comunicación constante durante el mes y medio que se tardó en coordinar el dispositivo para vacunar a los policías y que este estaba a punto de comenzar cuando el gobierno central suspendió el uso de AstraZeneca con menores de 60 años.

Desde entonces, a finales de marzo, ninguno de los actores ha sido capaz de reparar un trato desigual –el 80% de las plantillas de los Mossos y la Guardia Urbana de Barcelona están vacunadas, en las de la Guardia Civil y la Policía Nacional ese porcentaje es inferior al 5%–. Y cuando una orden judicial lo ha mandado, el secretario general de Salut, Josep Maria Argimon, ha lamentado, visiblemente airado, que vacunar a unos 4.000 policías –para cumplir con la equiparación del dictado judicial– significará dejar de hacerlo a ciudadanos que tienen más de 60 o 70 años.

Sector esencial

"El Govern no ha tenido ninguna prisa en vacunarnos”, critica un inspector jefe de la Policía Nacional, que añade que ha molestado casi lo mismo "la falta de reacción" del gobierno español para solucionarlo. “Hablábamos con compañeros de Madrid, Zaragoza o Valencia y nos preguntaban contrariados… ¿Pero todavía no os han vacunado? Ha sido muy raro”. En este contexto, razona, las declaraciones de Argimon "han sentado muy mal". "Es ruin decir que para vacunarnos a nosotros se quedarán sin dosis los ancianos". Otro policía nacional, inspector en este caso y nacido en Barcelona, dice sentir "tristeza".

Las palabras de Argimon estaban "fuera de lugar". "Y las de Puigdemont –que acusó a los policías y guardias civiles de gozar de un trato de privilegio porque iban a recibir la vacuna antes que ancianos a los que golpearon "salvajemente" el 1-O– son indignantes", añade. "La gente olvida que nosotros trabajamos en la renovación del DNI, tramitando peticiones de asilo, haciendo controles en las fronteras, en los puertos, en los aeropuertos, investigando a pie de calle redes de narcotráfico, de terrorismo, de pedofilia, de prostitución... no vacunarnos nos expone a nosotros pero también a los miles de ciudadanos que atendemos cada día", concluye.

En la misma línea, Antonio Granados, portavoz del sindicato SUP, señala que a menudo se olvida que los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil son funcionarios esenciales que trabajan "por y para los ciudadanos catalanes" y recuerda que quedar excluidos de la vacunación no solo ha entrañado riesgo para su salud sino también para la de sus familias.

Mala imagen

"Nos hemos sentido menospreciados”, sentencia otro mando policial contactado por este diario. "Después del 1-O, la percepción que tienen los ciudadanos hacia los cuerpos estatales ha cambiado bastante. Y nosotros no tenemos ninguna culpa. Ese día hubo algunas actuaciones que no fueron adecuadas, o que fueron netamente mejorables… pero desde entonces siempre se nos relaciona con el 'a por ellos'. Somos muchos los que pensamos que todo eso ha influido en esta campaña vacunación. De hecho, el mismo Puigdemont lo ha dejado claro".

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Alfonso Merino, portavoz de la AUGC de la Guardia Civil, insiste en subrayar que la labor que hacen los funcionarios estatales es "esencial", como lo es la del resto de trabajadores de la Generalitat, y evita valorar los motivos esgrimidos para explicar lo sucedido. “La única realidad es que no nos han vacunado".