El Whatsapp que involucra a Vergés: "La 'consellera' pide parar Guardia Civil y Policía Nacional"

La 'exconsellera' de Salud Alba Vergés dio instrucciones en marzo de 2021 a los responsables de Salud Pública, a través de una miembro de su gabinete, para detener la vacunación por el covid a policías nacionales y guardias civiles: "La consellera me pide parar Guardia Civil y Policía Nacional, no podemos argumentarlo".

La fiscalía pide que el TSJC investigue a Alba Vergés por el retraso en vacunar a guardias civiles

Así consta en una batería de mensajes de Whatsapp, a los que ha tenido acceso EFE, que la defensa del exsecretario de Salud Pública Josep Maria Argimon y la exsubdirectora general de Promoción de la Salud Carmen Cabezas han aportado al juzgado de Barcelona que les investiga por el retraso en la vacunación de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Catalunya.

Argimon, a quien Junts designó para relevar a Vergés al frente de Salud, ha aportado estos mensajes después de que el exnúmero dos de la 'exconsellera', Marc Ramentol, lo implicara en las decisiones sobre el calendario de vacunación de policías nacionales y guardias civiles.

Los Whatsapp ponen a Vergés, actual vicepresidenta del Parlament por ERC, en el punto de mira de la investigación, por lo que la Fiscalía ha pedido al juez instructor que remita la causa al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para que abra una investigación a la 'exconsellera', que es aforada, ante los indicios que la incriminan.

La investigación se deriva de una denuncia que presentaron los sindicatos y asociaciones de Policía Nacional y Guardia Civil JUCIL, JUPOL, SPP y AEGC por el retraso en la vacunación de los agentes estatales, entre el 10 de febrero y el 24 de marzo, fecha a partir de la cual la Generalitat decidió inmunizar solo a los policías mayores de 60 años por las dudas que suscitaba AstraZeneca para los menores de esa edad.

El 24 de marzo de 2021 se había vacunado en Catalunya al 77 % de los agentes de los Mossos, al 68 % de Policía Local y al 77 % de la Guardia Urbana, frente al 2,9 % de Guardia Civil y el 3,6 % de Policía Nacional, unos porcentajes que solo se equipararon cuando el TSJC ordenó a la Generalitat, el 8 de mayo, que vacunara de inmediato a los agentes estatales: en menos de quince días recibieron sus dosis casi 5.000.

Según la documentación a la que ha tenido acceso EFE, la 'exconsellera' Vergés, de ERC, remitió el 22 de marzo de 2021 a Argimon un Whatsapp en el que le explicaba lo que se estaba debatiendo en una reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de la Salud: "Todos quieren acabar (la vacunación de) grupos esenciales" y lo acompañaba con un emoticono con una cara de sorpresa.

Argimon, de la órbita de JxCat, aunque independiente, contestó a la 'consellera': "Nosotros compaginaremos, como hemos hecho siempre", según consta en los mensajes aportados por su defensa ante el juzgado que le mantiene imputado, en los que también apostaba ante la 'consellera' por "recuperar a los colectivos esenciales que quedaban pendientes" en el proceso de vacunación.

Ese día, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de la Salud acordó reiniciar la vacunación con AstraZeneca en toda España y ampliar hasta los 65 años el límite de edad para su administración.

El 23 de marzo por la tarde, Judit V., una integrante del gabinete de la 'consellera' Vergés, envió un Whatsapp a Cabezas, que por su cargo era la responsable de la campaña de vacunación, en la que decía: "De momento hemos decidido no continuar vacunando a los esenciales. Hello otra vez, jeje. ¿Qué hacemos en relación a la GC y PN (en alusión a Guardia Civil y Policía Nacional)? Creo que tendrían que ir con criterio de edad. ¿Cómo lo ves tú?".

Cabezas contestó: "Yo creo que tenemos que hacerlos todos, porque si no habrá un problema de desigualdad con otras CCAA y con otros cuerpos de seguridad y tendremos que ir más veces a los centros a vacunarlos".

Judit V. le envió entonces a Cabezas un correo para valorar en qué casos se tendría que "saltar" los criterios de edad y añadió: "Carmen, hablando con HC (en alusión a Vergés como Honorable 'Consellera') y SC (en referencia a Ramentol como Secretario general), no ven GC y PN todas las edades, ven por franja de 60 a 65".

Al día siguiente, 24 de marzo de 2021, Cabezas recibió otro mensaje de Judit V., insistiendo: "Otra vez, la 'consellera' pide parar Guardia Civil y Policía Nacional. No podemos argumentarlo. Lo tendríamos que parar", a lo que ésta respondió: "Vosotros mandáis", y posteriormente pidió que se lo comunicaran por correo electrónico al Departamento de Salud Pública liderado por Argimon.

"Esto no quiere decir que no lo retomemos en breve", agregó Judit V., ante lo que Cabezas preguntó: "¿Entiendo que se pide que no se vacune a nadie de estos colectivos?", y la miembro del gabinete de Vergés zanjó: "noooooooo, los de 60 a 65 sí, como el resto".

Ese mismo día, Ramentol remitió por la tarde un correo electrónico al área de Salud Pública en el que comunicaba que quedaba suspendida la vacunación a los colectivos priorizados entre 18 y 60 años.

Cuando las asociaciones y sindicatos policiales denunciaron en marzo del pasado año a Vergés ante el TSJC, el alto tribunal catalán no apreció ninguna "acción u omisión" para que se pudiera imputar a la exconsellera el retraso en la vacunación de los agentes estatales, aunque ordenó a la justicia ordinaria que identificara a los responsables.

A raíz de esta decisión del TSJC, el juzgado de instrucción número 17 de Barcelona abrió una causa penal, en la que están investigados, entre otros, Josep Maria Argimon, que era secretario de Salud Pública de la época; el exsecretario general de la conselleria, Marc Ramentol; Carmen Cabezas y el exdirector del Servicio Catalán de la Salud Adrià Comella.

En su declaración como investigado el pasado 4 de mayo, Ramentol aseguró que la decisión adoptada el 24 de marzo de 2021 de suspender la vacunación a los miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Catalumya fue "dialogada, debatida y discutida" con varias personas de la 'conselleria', entre ellos Argimon y Comella.

Tras esa declaración, la abogada de Argimon, Olga Tubau, ha presentado un escrito al juzgado, en el que aporta los Whatsapps y correos electrónicos que involucran a Vergés, con el objetivo de demostrar que tanto su cliente como Cabezas creían necesario vacunar a todos los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Catalunya y que la manifestación de Ramentol de que participaron en la decisión de detener la vacunación a los agentes estatales es "falsa".