En el pleno
El TC estudiará la próxima semana el recurso del PP contra Batet por los expedientes de los indultos
La trastienda de los indultos: "Pedro siempre lo tuvo claro"
El Supremo vuelve a archivar los recursos contra los indultos del 'procés'
Archivo - La presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet. / Carlos Luján - Europa Press - Archivo
Por qué confiar en El Periódico El Tribunal Constitucional estudiará en su pleno de la próxima semana el recurso de 50 diputados del PP contra la decisión de la expresidenta del Congreso Meritxell Batet de no pedir al Gobierno los expedientes completos de los indultos concedidos al exvicepresidente catalán y presidente de ERC, Oriol Junqueras, y al resto de condenados del 'procés'.
Fuentes de la corte de garantías han confirmado a Europa Press que el Pleno del tribunal abordará la ponencia del magistrado conservador Ricardo Enríquez después de que en junio de 2022 se admitiera a trámite el recurso de amparo parlamentario, que se sustenta en el derecho a la información de los diputados y a los deberes de los órganos de la Cámara de preservarlos.
En junio de 2021 diputados del PP presentaron ante la Mesa del Congreso una solicitud de informe al Ministerio de Justicia y a la Presidencia del Gobierno para que se recabasen todos los informes y documentos que integraban los expedientes de estos indultos.
Esta pretensión, rechazada directamente por Batet el 13 de septiembre de ese año, provocó que la portavoz del PP en la Cámara Baja, Cuca Gamarra, acudiese al TC por entender que se había incurrido en una vulneración de sus derechos como parlamentaria.
Protección de datos
El Gobierno, por su parte, rechazó "hacer públicos" o "dar acceso a los expedientes" completos de los indultos a los líderes del 'procés' sin el "consentimiento expreso" de los afectados, amparándose en la Ley de Protección de Datos y en los plazos marcados en la Ley del Patrimonio Histórico Español.
Esta última establece que los documentos que contengan datos personales que puedan afectar a la seguridad de las personas, no podrán ser publicados sin consentimiento expreso de los afectados, hasta que haya transcurrido un plazo de 25 años desde su muerte o, en otro caso, de 50 años, a partir de la fecha de los documentos.
El Ejecutivo respondió así a una pregunta registrada por el diputado del Grupo Mixto Pablo Cambronero, en la que instaba al Gobierno a dar a conocer los documentos íntegros.
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