La justicia indemniza con 90.000 euros el acoso y discriminación por ser mujer sufrido por una policía

La justicia encuentra muy grave la conducta de acoso y discriminación por razón de sexo sufrida por una agente de la Policía Nacional destinada en la oficina de expedición de DNI y Pasaporte de la localidad canaria de Tuineje en Fuerteventura, y ha condenado a dos de sus compañeros --uno de ellos su superior directo-- a una de las indemnizaciones más altas fijadas hasta el momento por este tipo de comportamientos, de un total de 90.000 euros. Además, el Cuerpo Nacional de Policía es encontrado también responsable por no adoptar las medidas necesarias para evitar lo sucedido, por lo que se le condena a responder conjunta y solidariamente de la cantidad fijada.

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La resolución, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del Grupo Prensa Ibérica, ha sido dictada por Juzgado de lo Social Número 4 de Puerto del Rosario (Fuerteventura) a raíz de una demanda presentada por la agente, que ha estado defendida por Juan Antonio Frago Amada, fiscal excedente y socio de Frago & Suarez Abogados Penalistas. 

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Con fecha del pasado 19 de septiembre, estima la demanda de la agente y declara que se vulneraron sus derechos fundamentales a la integridad física y moral y a la igualdad y no discriminación por razón de sexo, al "haber sufrido acoso laboral continuado". La decisión es recurrible ante el Tribunal Superior de Justicia.

La sentencia, de 59 páginas y que firma el juez Víctor Mérida, también incide en que en este caso no se puede dejar de lado la "perspectiva de género" en un caso relacionado con un colectivo "aún a día de hoy mayoritariamente masculinizado como es la Policía Nacional (un 12% de mujeres en 2021 y un 16,78% en 2022 si se acude a las estadísticas oficiales)".

Subraya además que "resulta claro" que "la administración demandada" -el Cuerpo Nacional de Policía- "ha fallado claramente a la hora de evitar que la actora quedara expuesta a la situación de acoso laboral que ha resultado acreditada", por lo que condena a los tres demandados a responder conjunta y solidariamente de la indemnización fijada.

Hechos probados

Según el relato de hechos probados, los problemas comenzaron cuando la policía se incorporó a la oficina de expedición de DNI y Pasaporte de la localidad canaria de Tuineje. Debido a su categoría profesional, ocupó el puesto de jefe de grupo operativo, lo que supuso relevar al compañero --de un nivel inferior-- que venía desesempeñando hasta ese momento las funciones de responsable, respondiendo ambos ante el secretario general de la Comisaría Local de Puerto del Rosario.

Las primeras quejas surgieron en la segunda mitad de 2020, cuando el compañero trasladó al jefe de ambos que "tenía problemas" con ella porque "expedía poco y se dedicaba a pasearse por la UED (Unidad de Extranjería y Documentación) asumiendo la mayor carga de trabajo él" y otra policía que trabajaba en esa oficina. A raíz de esto, el secretario general de Puerto del Rosario pidió "un reparto más equitativo". En respuesta, la policía invirtió las funciones de sus dos subordinados. Desde ese momento, se sucedieron una serie de correos electrónicos y llamadas telefónicas entre la policía y su jefe en las que se piden explicaciones y dan cuentas de los objetivos marcados y de las incidencias en la UED.

Baja por ansiedad

En junio de 2021, el policía llamó al secretario general "llorando, diciéndole que no podía más y aduciendo al respecto motivos laborales". Tras acudir a una psicóloga de la Policía Nacional, acabó cogiéndose la baja por un "trastorno de ansiedad generalizada", señalando "una sensación de hostilidad hacia su persona por parte 'del mando". En concreto, denunció "sobrecarga laboral por el reparto injusto de tareas", que se sentía fiscalizado en el desempeño de su trabajo" y que le hacía "el vacío".

A ello siguió el envío envió de un un 'email' a la agente donde se le anunció que a partir de ese momento sería "la encargada de los trámites y expedición de documentos españoles". Tras ello, el policía empezó a firmar como "jefe accidental" de la UED.

Otro de los capítulos del acoso se produjo cuando estando la agente de vacaciones de Navidad, el secretario general dio orden de que el otro compañero fuera instalado "permanentemente" en el único despacho privado que había en la UED y que hasta entonces ocupaba la policía, quedando ésta relegada a "la sala de expedición".

Así las cosas, la agente también terminó cogiéndose una baja en febrero de 2022 por "trastorno mixto ansioso-depresivo". El informe de prevención de riesgos laborales encargado por el propio secretario general tras las dos bajas reflejó que los conflictos entre el personal eran "frecuentes y se manifiestan de forma clara".