Jueces y fiscales advierten al Gobierno de que no ha cumplido la subida pactada

Todas las asociaciones de jueces y las de fiscales que firmaron un acuerdo el pasado mes de mayo con el Gobierno de Pedro Sánchez para desconvocar la huelga que habían anunciado han dirigido un nuevo escrito a los ministerios de Hacienda y Función Pública y de Justicia para reclamar el cumplimiento de lo pactado ante la inminencia de octubre, primer mes en el que se debía materializar el incremento salarial de ambas plantillas, y ver que no se ha dado paso alguno para su consecución.

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En el escrito dirigido al Gobierno, los jueces y fiscales explican que la subida retributiva debía comenzar a partir del próximo mes de octubre, pero aún no se han creado ni los grupos de trabajo acordados ni se ha fijado un calendario de reuniones para abordar todas aquellas cuestiones relacionadas con las condiciones profesionales de los miembros de la carrera judicial y fiscal. "Tampoco se han dado los pasos obligados para hacer efectivo el señalado incremento retributivo dentro de unas semanas", insisten.

Las asociaciones -todas las de las ambas carreras, menos la mayoritaria de jueces, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que no firmó el acuerdo- señalan que "la incierta situación política actual no debe servir de excusa para incumplir el acuerdo adoptado, cuanto más que, según se nos informa, las asignaciones presupuestarias ya están preparadas y, si no se ejecutan antes de terminar el año, se perderán, con el consiguiente perjuicio para todos".

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Consideraciones políticas ajenas

"El desarrollo meramente formal del pacto retributivo no puede quedar a expensas de consideraciones políticas ajenas a su objeto. Por eso, apelando a la responsabilidad política del Gobierno, exigimos que, igual que nosotros cumplimos en su día desconvocado la huelga anunciada por la mayoría de las asociaciones firmantes, se den los pasos necesarios para que, a su vez, el Ejecutivo cumpla con su parte, y ello a la mayor brevedad posible. En caso contrario, nos veremos obligados a adoptar las medidas tendentes a lograr la efectividad de lo pactado en defensa de nuestros derechos", advierten.

Fuentes del Ministerio de Justicia señalaron a EL PERIÓDICO DE CATALUNYA que los acuerdos firmados con todos los colectivos judiciales, salvo los funcionarios, "se cumplen y son totalmente vinculantes". En el caso concreto de jueces y fiscales recuerdan que todos los acuerdos tienen efectos retroactivos a fecha de enero de 2023.

Y aseguran que las subidas no corren ningún peligro y que Justicia y la ministra del ramo, Pilar Llop, juez de carrera, son "los primeros interesados en que se formalicen" pero hay que ser "conscientes de la situación política" actual.