Un informe del Consejo de Europa pide a España que investigue el uso de Pegasus

Un informe del comité de asuntos jurídicos de la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa sitúa España al mismo nivel que países como Hungría o Polonia en relación al uso de programas de espionaje como Pegasus. En un borrador de resolución aprobado este viernes esta organización intergubernamental reclama a un total de cinco países -España, Polonia, Hungría, Grecia y Azerbaijan- que realicen investigaciones “efectivas, independientes y rápidas” de todos los casos confirmados así como de los presuntos casos de utilización de los programas espía, proporcionen una reparación suficiente a las víctimas de los casos de vigilancia ilegal e informen en un plazo de tres meses sobre el uso de los programas.

Los cinco países señalados también deben abstenerse de utilizar normas generales sobre secretos oficiales para negar el acceso a la información sobre el uso de software espía a los mecanismos de supervisión y a las personas objetivo y, en los casos de abuso confirmados, aplicar sanciones adecuadas, ya sean penales o administrativas. El documento define Pegasus como una herramienta de vigilancia “altamente intrusiva” y muestra su profunda “preocupación” por las crecientes evidencias de que este y otros programas espía “han sido utilizados ilegalmente o con fines ilegítimos por varios Estados miembros”, incluso contra periodistas, opositores políticos, defensores de los derechos humanos y abogados. 

“Los estados deberían abstenerse de utilizar dicho software espía hasta que sus leyes y prácticas sobre vigilancia secreta estén en consonancia con la Convención y otras normas internacionales", apunta el informe, redactado por el parlamentario holandés Pieter Omtzigt. En cualquier caso, este tipo de herramientas sólo deberían ser utilizadas en “situaciones excepcionales como último recurso”. Los gobiernos también deben evitar exportarlo a países donde exista un riesgo sustancial de que pudiera usarse para la represión o abusos contra los derechos humanos.

Votación final en octubre

El texto, que se someterá a votación en la reunión de la asamblea parlamentaria de octubre, se hace eco de las conclusiones del informe aprobado en junio pasado por la comisión Pegasus del Parlamento Europeo. Es decir, en el caso de España, que “los teléfonos del presidente del Gobierno y de otros ministros fueron infectados con Pegasus, supuestamente por un tercer país (Marruecos)”. También se hace eco de que “65 personas relacionadas con el movimiento independentista catalán” fueron presuntamente objetivo de Pegasus y/o Candiru y de los cuales “18 han sido confirmados como objetivos legales por las autoridades españolas”.

También recoge el despliegue ilegal de Pegasus en Hungría y Polonia “con fines políticos para espiar a periodistas, políticos de la oposición, abogados, fiscales y actores de la sociedad civil, aparentemente como parte de un sistema o una estrategia integrada”, la utilización en Grecia para espiar a un eurodiputado y un periodista intervenidos telefónicamente por la policía, y la situación de Chipre y Bulgaria como centros de exportación del software espía que también ha estado presente “en varios Estados miembros, entre ellos Austria, Bulgaria, Chipre, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Luxemburgo, Irlanda, Rumania y Suiza”.

Esto supone, al entender de ERC, un duro revés para los intereses y la imagen internacional de España. Los republicanos, que atribuyen al Gobierno una alta sensibilidad ante las tendencias de la opinión pública europea, esperan que el posible renacer de lo que se conoce como la 'leyenda negra' española -en la que cabe desde el genocidio de pueblos indígenas en América a la creación y pervivencia de la Santa Inquisición o al hecho de que fuera el último país de la Europa Occidental en acceder a la democracia- lleve al Ejecutivo a abrir la mano y dejar que fluya la información sobre el Catalangate.

Y es que en el informe, Omtzigt coloca a España en la lista de países que levantan preocupación en Europa por cómo han utilizado este programa informático, sin reparar en posibles vulneraciones de derechos fundamentales, como son los de la privacidad y la libertad de expresión, entre otros.

El texto sitúa también en esa lista, junto a España, a la Hungria del ultranacionalista Viktor Orban, a Polonia, que cuenta con un Ejecutivo no menos radicalmente de derechas que los húngaros, Grecia y Azerbayán. A todos ellos, el Consejo de Europa les afea el uso del 'spyware' con fines políticos mediante su introducción en los teléfonos de sus rivales políticos y les reclama una investigación plena para que indague si ha habido tal vulneración de derechos.

Sin excusas

Tanto cree el organismo europeo que el motivo policial es tan secundario, en el caso de estos países, que el informe advierte a estos cinco estados, y singularmente al español, que se abstenga de escudarse en la presunta pertenencia de la información relativa al espionaje telefónico a la categoría de 'seguridad nacional' para no facilitarla a quienes han sido víctimas de presuntos abusos.

Sin ir más lejos, el propio Pedro Sánchez recurrió al argumento para negarle al 'president' Pere Aragonés, uno de los 65 presuntos espiados, la información que requería para retomar las relaciones entre la Generalitat y el Estado, que se habían congelado pocos meses antes, cuando se hizó público la existencia de decenas de independentistas afectados por el 'spyware' y que revelaban que la vigilancia a Ernest Maragall y Raül Romeva no habían sido, por tanto, meros casos aislados sino una práctica recurrente.

Asimismo, el 'informe Omtzigt' recomienda a las instituciones europeas que convoquen una cumbre con todos los países para acordar unas normas de uso de este tipo de software y proteger los derechos de los ciudadanos.