Catalán, gallego y euskera, nadie se escandaliza ya en el Senado

¿Hay algún registro del número de veces que se han usado las lenguas cooficiales en el pleno del Senado durante la última legislatura? La respuesta sencilla es 'no'. Ahora bien, desde la Cámara alta añaden un matiz: "No. Está tan normalizado que nadie se lo ha planteado". La única fórmula para poder comprobarlo es revisar una a una las más de 70 sesiones plenarias de los últimos cuatro años. Un vistazo rápido permite comprobar que las lenguas cooficiales se emplean de manera habitual y sin el revuelo que ha generado el compromiso de la recién elegida presidenta del Congreso, Francina Armengol, de intentar implantar esta medida en la Cámara baja.

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Sin grandes alharacas, los senadores de ERC y Junts, principalmente, y los del PNV y EH Bildu, en menor medida, bajan en cada pleno de sus bancadas, suben a la tribuna de oradores y pronuncian sus discursos en catalán o euskera. El resto de los senadores, desde sus escaños, escuchan en directo, a través de unos auriculares, a los traductores. La prensa, o cualquier ciudadano que desee ver el debate, escucha también la voz superpuesta de estos intérpretes. Nadie se escandaliza ya en la Cámara alta.

En la actualidad, los senadores tienen el derecho a usar cualquiera de las lenguas cooficiales recogidas en los estatutos de autonomía -catalán, vasco y gallego-, aunque con limitaciones. Principalmente, solo lo pueden hacer en los plenos, nunca en las comisiones ordinarias, y para defender las mociones. Es decir, solo aquellos textos que tienen como finalidad que la Cámara se pronuncie sobre algún asunto, pero carecen de efectos legislativos. En el debate de proposiciones o proyectos de ley sigue siendo obligatorio el uso del castellano.

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29 años de camino

Llegar hasta este punto no ha resultado sencillo. Se han tardado 29 años en recorrer ese camino. El primer paso se dio en 1994, cuando se modificó el reglamento del Senado para que las tres lenguas pudieran ser empleadas en la primera intervención del presidente electo de la Cámara; en los debates sobre el estado de las autonomías en la Comisión General de las Comunidades Autónomas; y en los escritos remitidos por ciudadanos o instituciones.

El siguiente cambio se produjo en 2005, cuando estos supuestos se ampliaron a cualquier debate en la Comisión General de las Comunidades Autónomas y a la publicación de las iniciativas no legislativas, siempre que se presentaran también en castellano. "La puesta en práctica de estas primeras reformas, y muy singularmente la implementación de un sistema de traducción simultánea (...), han sido muy positivos", afirmaron cinco años después, al dar el paso para permitir la situación actual. Incluso, se reivindicó que el plurilingüismo "enriquece y favorece un clima de libertad, de normalidad y, en definitiva, de convivencia democrática".

El coste

La reforma de 2010, que permitió defender las mociones en catalán, gallego y euskera, fue aprobada por 133 senadores -los del PSOE y partidos nacionalistas- y contó con el voto en contra de 115 parlamentario -el PP y UPN-. Desde entonces, el Senado ha destinado en torno a 300.000 euros anuales para la contratación de 25 traductores que interpretan los discursos en directo y transcriben después las intervenciones al castellano. En la última legislatura, los senadores de ERC y Junts han sido los que más uso han hecho de este derecho, mientras que los de EH Bildu y PNV lo han limitado a aquellos debates sobre Euskadi. Además, en 2021, los posconvergentes trataron de implementar una nueva reforma para que estas lenguas pudieran ser usadas en cualquier momento. Aunque se aceptó a trámite, la iniciativa acabó olvidada en un cajón.