La jueza afirma que hubo amaños en los contratos del Ayuntamiento de Sitges

La jueza de Vilanova i la Geltrú que instruye la causa por presunta corrupción en Sitges ha detectado amaños en la contratación de servicios de la asociación Taula del Tercer Sector Social de Sitges-Garraf y de la cooperativa, Llocs Espais i indrets 1918 SCCL (LLEI 1918) por parte del Ayuntamiento, según un auto judicial al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. La magistrada sostiene que la investigación efectuada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha hallado fraccionamientos en los importes de los contratos, ajustándolos al límite que permite otorgarlos a dedo y prescindiendo de los principios de publicidad y libre concurrencia.

Estos servicios, añade la resolución judicial, fueron otorgados "siempre" a los mismos profesionales y una de las entidades, la citada Taula del Tercer Sector Social de Sitges-Garraf presidida por el principal investigado, Carlos N.M., aportó documentación falsa que no se corresponde al objeto de las subvenciones, "habiendo sido aceptada por los responsables de los órganos gestores y por el propio Ayuntamiento de Sitges", escribe en el auto. Para la jueza, las pesquisas llevadas a cabo hasta el momento (la instrucción empezó en mayo 2022) han hallado indicios de la presunta comisión de los delitos de prevaricación y malversación de fondos público y podría haberlos también de falsedad documental. La policía detuvo el miércoles a la alcaldesa del Ayuntamiento de Sitges, Aurora Carbonell, que se negó a declarar y fue puesta en libertad. 

Dos entidades conectadas

Tanto la asociación Taula del Tercer Sector Social de Sitges-Garraf y la cooperativa LLEI 1918 están administradas por miembros de la familia de Carlos N.M., un vecino de Sitges. En concreto por el propio Carlos, por su pareja, María M. P. y por sus dos hijos. La primera entidad se constituye en el 2013 y la cooperativa en diciembre del 2019. La policía ha constatado que las dos entidades están estrechamente vinculadas económicamente y que los servicios prestados por la cooperativa eran abonados en la cuenta de la asociación: convirtiéndose así esta segunda "en proveedora de servicios del Ayuntamiento desde, incluso, antes de su constitución", relata la magistrada.

Los investigadores también han descubierto supuestas irregularidades en las justificaciones de las subvenciones. La entidad entregaba al Ayuntamiento documentación sobre compras no especificadas en el auto de objetos que se habían entregado en los domicilios particulares de los implicados y también presentaba algunas facturas de reparaciones de electrodomésticos o adquisiciones de productos de uso doméstico. Uno de los hijos del matrimonio percibía, presuntamente, donaciones en conceptos de "alimentos, higiene y para emanciparse" por su labores de voluntario, pero al mismo tiempo, había estado contratado por la asociación de su padre. Otro indicio se deriva de la adquisición por parte de la cooperativa de un vehículo, Dacia Duster, que pocos meses después fue transferido a la hija de la pareja.

Contratos a dedo

La jueza deja constancia de que las subvenciones que concedió el Ayuntamiento de Sitges fueron por el procedimiento de concesión directa. Y que durante el periodo investigado, entre 2017 y 2021, el consistorio, de forma paralela, otorgó asimismo numerosos contratos menores (a dedo) a favor de las entidades implicadas en la trama que en realidad deberían haber sido obtenidos por estas o por otras a partir de un concurso público. La adjudicación, precisa la magistrada, se producía "de manera continuada" y "sin una debida autorización" o si la había era "meramente escueta" y "carente del argumento mínimo para apreciar" su necesidad.

Estas contrataciones, insiste la togada, "han ido a favorecer a las mismas entidades y proveedores" y se hacían por debajo del límite legal (15.000 euros), fraccionando los servicios. El objetivo, incide, era evitar el concurso público, donde podrían haber participado otros licitadores.

La investigación de la Policía Nacional, iniciada tras el aviso de una interventora municipal que trabajó en el Ayuntamiento hasta 2022, ha puesto de relieve que los responsables de las dos entidades, presuntamente, presentaban facturas por trabajos anteriores a la formalización de los contratos. Los agentes de la UDEF sostienen que durante los años 2017 a 2021 hay "múltiples contratos" que fueron concedidos sin que constara ningún informe jurídico del secretario municipal, una formalidad que según la legislación vigente es obligatoria.

Carlos N.M. y su pareja son los principales investigados y también las dos únicas personas de las once arrestadas este miércoles que han dormido en dependencias policiales. Está previsto que este viernes pasen a disposición de la jueza. El resto de los investigados lo harán en los próximos días.

El aviso de la intervención

Por otra parte, una interventora del Ayuntamiento de Sitges advirtió en un informe fiscalizador, al que ha tenido acceso este diario, de un posible fraccionamiento durante cuatro años de contratos a la asociación Taula del Tercer Sector de Sitges, que entre 2018 y 2021 recibió cerca de 330.000 euros por trabajos de jardinería y limpieza de playas. Este documento fue presentado en un pleno municipal en abril del 2022.

El dictamen advierte de que en los cuatro ejercicios hubo un posible fraccionamiento de los contratos adjudicados a la cooperativa, que cobraba 45.000 al año en virtud de un convenio firmado con el Ayuntamiento, y, por otro lado, entre 20.000 y 40.000 por distintas labores de mantenimiento de jardines o limpieza de playas y de los lavabos instalados en las mismas. Por el importe de los contratos y por tratarse de "prestaciones de carácter recurrente", la interventora estima que esos servicios deberían haber sido objeto de un proceso de licitación mediante un procedimiento abierto.

Suscríbete para seguir leyendo