Huelga
Justicia emplaza a los funcionarios a seguir negociando después de las elecciones
Los sindicatos amenazan con llevar a los tribunales a la ministra Llop y Justicia les cita para negociar
Los funcionarios piden la dimisión de Llop y endurecen los paros
Ángeles Vázquez
Periodista
Periodista especializada en tribunales. Vivo entre la Audiencia Nacional, el Supremo y el Constitucional. Descubrí '100 cosas que hacer en Madrid al menos una vez en la vida' y lo conté en un libro.
Después de estar todo el día reunidos, el Ministerio de Justicia ha emplazado a los funcionarios a continuar las negociaciones después de las elecciones generales del próximo 23 de julio, un ofrecimiento que ha sido considerado insuficiente por los representantes de los sindicatos que, no obstante, confíaban en poder llegar a algún tipo de acuerdo in extremis después de haberse movilizado durante los dos últimos meses. Para forzarlo los representantes sindicales han decidido encerrarse en el ministerio a la espera de un interlocutor distinto al secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, que en una nota ha calificado de "inviable" cualquier acuerdo.
El comité de huelga, que acusa a Justicia de romper las negociaciones de "forma abrupta", había señalado que el ministerio se había limitado por la tarde a entregarles "un documento de un folio de cuatro párrafos en el que ni siquiera traslada los planteamientos que había formulado verbalmente durante la mañana y que también eran absolutamente insuficientes" para los funcionarios.
Sin ninguna propuesta, añadían, solo se recoge el “compromiso del ministerio para continuar el diálogo iniciado una vez transcurra el periodo electoral” y solo en relación a una posible nueva ley de eficiencia organizativa de Justicia "sin ninguna mención a funciones ni a retribuciones".
Ante la nula oferta por parte de Justicia, los sindicatos presentaron su propia propuesta, que incluía todas las reivindicaciones retributivas y de reconocimiento de funciones que dieron origen al conflicto, y solicitaron al Ministerio de Justicia un receso para tratar de conseguir algún tipo de oferta que permita suspender las movilizaciones que iniciaron en abril.
Acuerdo inviable
Justicia respondió remitiendo una nota a los medios en la que considera "inviable" alcanzar cualquier tipo de acuerdo y reprocha a los sindicatos no haber consultado a las bases su compromiso de "negociar el nuevo anteproyecto de Ley" de eficiencia organizativa, "con anterioridad al inicio de su tramitación parlamentaria, tan pronto se constituyan las nuevas Cortes Generales y se forme un nuevo Gobierno".
Además, se mostraba muy crítica con la decisión de los sindicatos de no consultarlo con las bases, "negando cualquier opción de diálogo constructivo durante el encuentro", decía el comunicado en el que se recuerda que en diciembre de 2021 se alcanzó con los funcionarios un acuerdo de equiparación salarial "con un compromiso de inversión de casi 40 millones de euros, una reivindicación que se remontaba años atrás".
Además, lamentaba el perjuicio a la justicia que están causando los 47 días de huelga indefinida mantenida por los funcionarios, cuyos representantes sindicales han decidido encerrarse en el ministerio para tratar de encontrar un interlocutor distinto a Rodríguez.
Clasista
Las movilizaciones de los funcionarios comenzaron en cuanto Justicia acordó una subida de más de 400 euros con los letrados de la Administración de Justicia. Primero fueron unos paros parciales con el argumento de que ellos asumían responsabilidades en el día a día que oficialmente corresponden al cuerpo cuyas retribuciones se habían visto mejoradas o a los jueces, por lo que reclamaban una adecuación retributiva acorde con sus tareas reales y en función de lo previsto en la ley de eficiencia organizativa de la justicia, que el adelanto electoral ha tirado por tierra.
Los paros, iniciados hace dos meses, fueron sustituidos por huelga tres días a la semana y después, por paros de carácter indefinido. Pese a ello el ministerio no accedió a reunirse hasta que no amenazaron con llevar a la ministra, Pilar Llop, y su secretario de Estado, Tontxu Rodríguez, al Tribunal Supremo por no sentarse a negociar. Entre otras alegaciones criticaban que Justicia se había reunido con jueces y fiscales, con los que también había acordado una subida salarial, y los funcionarios ni siquiera habían sido convocados, lo que consideraban "clasista" y de "rancio corporativismo"
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