Los funcionarios amenazan con llevar a Llop al Supremo y Justicia les cita para el martes

Los funcionarios de justicia no quieren dejar pasar la oportunidad que significa la próxima cita electoral y, lejos de suspender las movilizaciones y acercarlas más a las elecciones, han decidido continuar con la huelga y, además, han amenazado con trasladar su propuesta a los propios tribunales en busca de una visibilidad que cada día resulta más difícil. El comité de huelga anunciaba por la mañana que llevará a la ministra de Justicia, Pilar Llop, a y su secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por vulneración de los derechos sindicales al no sentarse a negociar con ellos y esta misma tarde el Ministerio les convocaba el próximo martes.

Los sindicatos, que ya habían pedido la dimisión de la ministra, argumentaban que "cada día que pasa" sin ser convocados "queda patente el nulo interés de este ministerio por una Justicia que se hunde y su clasismo y rancio corporativismo que le lleva a negar el diálogo y la negociación a 45.000 empleados públicos mientras que sí lo hace con la élite judicial", en referencia a los acuerdos que sí ha firmado con los letrados de la Administración de Justicia y los jueces y los fiscales.

Como revulsivo, el siguiente paso acordado por el comité de huelga sería "presentar una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Supremo contra la ministra de Justicia y el secretario de Estado de Justicia por vulneración del derecho fundamental de libertad sindical y por incumplimiento del deber establecido en el artículo 8.2 del Decreto 17/77 de 4 de marzo de relaciones laborales (comúnmente conocido como Decreto de huelga) de convocar al comité de huelga durante la duración de la misma". La amenaza ha funcionado y el ministerio les ha citado para el próximo martes a las 12.30 horas.

Nada sin el LAJ

Antes de formalizar la denuncia, el comité de huelga había vuelto a dirigirse al ministerio para exigirle que ser convocado. Además, tenían previsto dirigir un escrito al secretario general, a los secretarios de gobierno y secretarios coordinadores advirtiendo de que no se aceptará ninguna presión para que un funcionario realice funciones que no están recogidas en la ley mientras que no se retribuyan adecuadamente y para que no se realice ninguna actuación que tenga que ser firmada por el letrado de la Administración sin él. De producirse, se denunciará en la instancia correspondiente.

Además, se extenderá el reparto de la guía de funciones para explicar al ciudadano y al profesional las razones que llevan a no realizar un acto procesal sin la presencia del letrado o del juez, tal y como exige la ley con independencia de que la costumbre. El objetivo es que todo el mundo sepa las actuaciones que realmente realizan los funcionarios.

Conscientes de que una huelga conlleva un perjuicio notable para los ciudadanos y para los profesionales, el comité contactará con los Colegios de Abogados, Procuradores y Graduados Sociales de cada ámbito territorial para exponerles la ausencia de voluntad de negociación del ministerio y acordar la publicación de una declaración exigiendo diálogo y la negociación para solucionar el conflicto.