Los funcionarios de Justicia piden la dimisión de Llop y cambian los paros por huelga

Pocas veces el ambiente en el mundo de la Justicia ha estado tan caldeado. Los representantes de los sindicatos Csif, CCOO, UGT y STAJ anunciaron este martes su calendario de movilizaciones, en el que sustituyen los paros que venían realizando por huelgas, y, por primera vez, en lo que dura el conflicto, exigieron la dimisión de la ministra de Justicia, Pilar Llop, ante el cerrozajo que su gabinete y el de Hacienda y Función Pública consideran que ha dado a su reclamación de una oferta retributiva que mejore sus condiciones.

El representante de CSIF, Javier Jordán, fue el encargado de explicar la ruptura de las negociaciones con el ministerio tras concluir sin éxito la reunión que mantuvieron este lunes por espacio de cinco horas. "Han faltado el respeto a los 45.000 funcionarios que hay en España", aseguró.

La consecuencia inmediata es que los paros de tres horas se sustituirán por huelgas de toda la jornada. La primera, como estaba previsto, se realizará el próximo 4 de mayo, día en que se concentrarán ante Justicia, y después habrá el martes, miércoles y jueves de las dos semanas siguientes (la del 8 y la del 15 de mayo).

Con rebujitos

Los representantes sindicales recriminan a Llop haber justificado en la crisis económica, que, sostienen, el propio Ejecutivo niega, su negativa a poner sobre la mesa cualquier oferta económica para negociar con los funcionarios y haberlo hecho, además, desde la Feria de Abril, tomando "rebujitos, platos de jamón y gambas", en palabras del representante de STAJ, José Luis Alaya.

El comité de huelga considera que su actitud "ausente" de cualquier negociación supone un "ninguneo" hacia los funcionarios en detrimento a otros estamentos del sector, como los letrados de la Administración de Justicia, a los que se les subió una media de 400 euros para que pusieran fin a la huelga que mantuvieron durante tres meses.

El representante de CCOO, Luis Calero, calificó a la ministra de "cero a la izquierda en el Gobierno" y al secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, de "persona incendiaria", mientras que el de la UGT, Antonio Lozano, lamentó el daño que se hace al servicio público que presta la Justicia y criticó la incapacidad del ministerio para negociar con ellos la ley de eficiencia administrativa, "proyecto estrella del gobierno que pondrán en marcha los funcionarios, pero no así, sin darles oportunidad de negociar sus competencias".

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El representante de STAJ admitió la importancia que para sus reivindicaciones ha tenido que a los letrados de la Administración de Justicia se les haya subido el sueldo. En su opinión, tanto el Ministerio de Justicia como el de Hacienda tenían que ser conscientes de que la subida realizada a los letrados de la Administración de Justicia "rompía el equilibrio" del sector.

Fernández, que no dudó en calificar de "chulesca" la actitud del ministerio hacia los funcionarios, insistió en la idea de que este cuerpo es el que de verdad "tramita los expedientes" judiciales. Entre las reivindicaciones del colectivo también figura que se les reconozcan las funciones que dentro del juzgado aseguran ejercer sin que se les sean reconocidas.