Condena por corrupción

La JEC decide hoy si deja a Laura Borràs sin escaño en el Parlament

Laura Borràs alega que la JEC es "manifiestamente incompetente" para retirarle el escaño

El Parlament retrasa el cese de Borràs y alega ante la JEC que su condena no es firme

Laura Borràs atiende a los medios frente al Parlament

Laura Borràs atiende a los medios frente al Parlament / NATÀLIA SEGURA / ACN

Miguel Ángel Rodríguez

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La Junta Electoral Central (JEC) decide este miércoles si retira el escaño a la expresidenta del Parlament Laura Borràs y si su lugar en la Cámara catalana lo debe ocupar el siguiente candidato de la lista de Junts, Antoni Castellà. La decisión de este órgano se producirá después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya la condenara a cuatro años y medio de prisión y a 13 años de inhabilitación para el ejercicio de empleos o cargos públicos por un delito continuado de falsedad en documento oficial y otro de prevaricación.

El órgano analizará las alegaciones que el Parlament y Borràs presentaron la pasada semana, y decidirá si la líder de JxCat concurre en la "causa de inelegibilidad sobrevenida" recogida en el artículo 6.2 b) de la Ley Orgánica del Régimen Electoral Central (LOREG), pese a que la condena del TSJC no sea firme. Se cerrará así un periplo de casi 10 meses desde que la Mesa del Parlament la suspendiera al abrirse juicio oral contra ella por haber amañado contratos cuando estaba al frente de la Institució de les Lletres Catalanes para beneficiar a un amigo suyo.

A tenor de los precedentes, es previsible que la JEC siga la doctrina que aplicó en enero de 2022 al exdiputado de la CUP Pau Juvillà y antes al 'expresident' Quim Torra, ya que la LOREG establece que "son inelegibles los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos contra la Administración Pública", entre los que está el delito de prevaricación.

La defensa

La JEC dio un primer aviso al Parlament a mediados de abril en un escrito en el que ya describía cuál era la situación legal de Borràs y abrió un plazo de 10 días hábiles para que la Cámara informara sobre "decisiones, resoluciones, o cualesquiera otras medidas" que hubieran podido adoptar y también ofrecía a la exdiputada la posibilidad de presentar alegaciones. Tanto el Parlament como la exdiputada registraron sus argumentaciones respecto al tema, apoyándose en el reglamento de la Cámara y alegando que la sentencia debe ser firme.

La Mesa del Parlament, con el voto en contra del PSC, alegó que el artículo 24 del reglamento de la Cámara establece que sólo con sentencia firme un diputado puede perder su escaño y que la de Borràs, por prevaricación y falsedad documental, aún no lo es. Además, consideran la decisión "innecesaria y desproporcionada", ya que Borràs ya fue suspendida como presidenta y diputada. Por otro lado, la exdiputada presentó un escrito de sus abogados, Gonzalo Boye e Isabel Elbal, en el que señalaba que la JEC es "manifiestamente incompetente" para dejar sin efecto la credencial de la líder de Junts y que eso es "usurpar la competencia de los tribunales para la ejecución de las resoluciones judiciales".