Dolores Delgado será la nueva fiscala jefa de Derechos Humanos y Memoria Democrática

Dolores 'Lola' Delgado lo ha conseguido. Desde su ascenso a fiscal de sala en septiembre pasado, al ser nombrada fiscala jefe de la fiscalía de lo Militar del Tribunal Supremo, dará el salto a la fiscalía de nueva creación, aprobada este martes por el Consejo de Ministros, la de Derechos Humanos y Memoria Democrática del Tribunal Supremo.  

Al renunciar en julio de 2022 por “razones de salud” a la Fiscalía General del Estado (FGE), era un secreto a voces que aspiraba a la futura Fiscalía de Derechos Humanos Memoria Democrática. Pero esta debía ser creada como consecuencia de lo que se preveía que sería la ley de Memoria Democrática, ya en ciernes, y aprobada el 19 de octubre de 2022. Había que crear pues las plazas -para el fiscal jefe y para un segundo- y dotarla con fondos presupuestarios. Por tanto, pasarían unos meses hasta sacar las plazas a concurso. Y es lo que ahora se ha concretado.  

Delgado seguía siendo fiscala de la Audiencia Nacional tras cesar a mediados de julio de 2022 como FGE -a pesar de sus dos intentos fallidos, primero como ministra y más tarde como FGE, de promover el ascenso automático a fiscal de sala del fiscal general del Estado que cesa en sus funciones- y optó por asegurarse primero, en septiembre pasado, el ascenso a la categoría de fiscal de sala -la más elevada de la carrera- mediante su nombramiento, propuesto por el que fuera su mano derecha y sucesor, el nuevo fiscal general del Estado, Álvaro García, como fiscal jefe de la sala de lo Militar del Supremo. Porque acceder a ella suponía ascender a fiscal de sala­. Desde allí -más vale siempre pájaro en mano que ciento volando- estaría en condiciones para dar el salto a la nueva fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática, después de “ejercer” -han sido escasos ocho meses meses- como fiscal jefe de la sala de lo Militar. 

“De las 70 plazas de nuevos efectivos, aprobadas ayer por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Justicia, dos de ellas, de categoría primera, corresponden a los nuevos fiscales de sala contra delitos de odio y discriminación, y en materia de derechos humanos y memoria de justicia democrática. Ambas plazas responden a la necesidad de cubrir estos puestos especializados, con la entrada en vigor de la ley 15/2022 integral para la igualdad de trato y la no no discriminación, y de la ley 20/2022 de Memoria Democrática. Además, se crea en cada una de estas dos fiscalías de sala dos plazas de fiscal de segunda categoría”, según la nota del Consejo de Ministros de este martes 25 de abril de 2023. 

El pasado 21 de julio, en estas páginas informábamos sobre la salida del Dolores Delgado de la FGE: “La decisión del cambio de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, así como su relevo en la persona de Álvaro García, fiscal jefe de la secretaría técnica de la FGE, se fraguó hace más de un mes. También su futuro, tras una próxima operación quirúrgica de espalda y su recuperación, vía su nombramiento como fiscal de Sala en un órgano de nueva creación la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática”.  

Al cesar en la FGE, en entrevistas con medios de comunicación, al ser preguntada por su salida de la FGE y su salto a la fiscalía de Memoria Democrática, esquivó el asunto- “Lo he hecho [dejar la FGE] porque mi cuerpo está roto. Y si tengo que esperar a que nadie diga nada, nunca encontraría tiempo ni el momento”, respondió. En encuentros privados, conversaciones con amigos y periodistas, Delgado nunca ocultó su aspiración a ser la primera fiscal jefe de Memoria Democrática del Supremo. Un asunto cuyo interés comparte con su pareja el exmagistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, cuya actividad en el campo de la memoria en América Latina es intensa. 

El capítulo II de la ley de octubre de 2022 regula el derecho a la justicia de las víctimas “que habrá de ser garantizado a través de investigaciones públicas que esclarezcan las violaciones de derechos humanos producidas durante la guerra y la Dictadura”. Por ello “se crea la Fiscalía de Sala para la investigación de los hechos producidos, incluyendo los que tuvieron lugar hasta la entrada en vigor de la Constitución, que constituyan violaciones de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario”. 

Competencias

La función atribuida es, asimismo, el “impulso de los procesos de búsqueda de víctimas de los hechos investigados en coordinación con los órganos de las distintas administraciones con competencias sobre esta materia, para lograr su debida identificación y localización”. Precisamente, para dotar de facultades a la fiscalía se han introducido modificaciones en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Con todo, esos cambios no garantizan la competencia fundamental que se atribuye al Ministerio Fiscal, a saber, la investigación de delitos. ¿Por qué? Porque la doctrina del Tribunal Constitucional consagra la plena vigencia de la ley de Amnistía de 1977. Es decir que la imprescribilidad de los delitos contra la humanidad, decretada a posteriori de los hechos acaecidos, se enfrenta a un muro que lejos de derribarse en su día sigue cimentado con fuerza. 

Fue precisamente lo que le ocurrió a Garzón con su investigación sobre los desaparecidos en la época de la Dictadura, cuando atribuyó el 16 de octubre de 2008 al dictador Francisco Franco y a otros 34 jefes que dirigieron el golpe de Estado contra el Gobierno de la República Española el 18 de julio de 1936 un plan de exterminio sistemático y represión de los opositores y resistentes que acabó con la vida de 114.266 desaparecidos, sobre las cuales su paradero es desconocido hasta el día de hoy y prometió dejar el caso cuando se le informara que los jefes rebeldes ya no vivían. 

El error de Garzón

Garzón no fue condenado por este sumario pero el Tribunal Supremo sentenció que cometió un error porque la legislación española no permite aplicar dicho concepto jurídico (imprescribilidad) a actos cometidos mucho antes de que este existiera y porque en España no es posible de actuar contra acusados que están muertos. El tribunal consideró que “la búsqueda de la verdad es una pretensión tan legítima como necesaria pero ello no corresponde al juez de instrucción”. Y, añadió, que la ley de amnistía de 1977 puede ser derogada siempre y cuando las Cortes así lo resuelvan. 

Esa sentencia y las que ha dictado el Tribunal Constitucional constituyen, pues, barreras a una actividad investigadora del Ministerio Fiscal y de la nueva Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática, cuyas riendas cogerá Dolores Delgado una vez que proponga su nombramiento el fiscal general del Estado, Álvaro García, al Consejo Fiscal. Otra cosa será la repercusión mediática -asegurada- de los casos. 

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