Investigación judicial

El ayuntamiento de Colau acusa a un exteniente de alcalde de Trias en el caso 3%

El consistorio incluye presuntos amaños en tres adjudicaciones de obra pública, como los túneles de Les Glòries, para la financiación ilegal de CDC

Antoni Vives charlando con Xavier Trias, en una imagen de archivo

Antoni Vives charlando con Xavier Trias, en una imagen de archivo / FERRAN SENDRA

J. G. Albalat
Ángeles Vázquez
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Tres supuestos amaños en tres adjudicaciones de la empresa pública Barcelona Infraestructura Municipal (BIMSA), que depende del Ayuntamiento de Barcelona, fueron presuntamente utilizadas para la financiación ilegal de CDC entre 2012 y 2015, cuando era alcalde el actual candidato de Junts a la municipales, Xavier Trias. Esta es la tesis que sostiene la abogada del consistorio gobernado por Ada Colau en su escrito de acusación del caso 3%, que está pendiente de juicio y al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

El escrito apunta a dirigentes de la antigua CDC, como el 'exconseller' Germà Gordò o el extesorero de la formación Andreu Viloca, pero también al que fuera concejal de CiU en Barcelona (2007-2015) y teniente de alcalde de Urbanismo y Medio Ambiente (2011-2015) Antoni Vives. También fue presidente y apoderado de BIMSA hasta su cese. El ayuntamiento solicita para él un año y tres meses de prisión y seis años de inhabilitación por un delito de fraude a las administraciones públicas, aunque la fiscalía eleva esa petición a seis años y un mes de cárcel, más inhabilitación, por más infracciones penales.

La abogada municipal incluye en su acusación a dos directivos de BIMSA que, presuntamente, recibieron obsequios y fueron agasajados con comidas por una de las constructoras implicadas, por lo que se les atribuye un delito de cohecho, así como a los empresarios que supuestamente pagaron las mordidas a CDC. Para estos imputados, las penas que se reclaman por esta acusación oscilan entre los seis meses y los dos años y tres meses de prisión, en la mayoría de casos inferiores a la solicitud de la fiscalía. En el escrito, que fue entregado en la Audiencia Nacional en mayo de 2022, pero se ha conocido ahora, también se acusa a CDC y al PDECat como "participes a título lucrativo" para que resarzan el perjuicio.

El relato del ayuntamiento es especialmente minucioso en las obras y adjudicaciones efectuadas por BIMSA y el pago de supuestas comisiones a CDC a través de fundaciones de su entorno. Detalla que los dirigentes convergentes, "en connivencia" con cargos públicos y funcionarios de instituciones públicas catalanas y empresarios “pusieron en marcha una estructura para financiar” a CDC “ilegalmente y en forma encubierta”.

La acusación sostiene que se puso en marcha una "estructura" para la financiación ilegal de CDC

Control de las licitaciones

Para ello, los altos cargos de Convergència imputados “llevaban a cabo un control y seguimiento de las licitaciones de obra pública y servicios” ofertadas por las administraciones “bajo la esfera de poder de CDC” e “influían” en sus responsables a fin de conseguir que fueran adjudicadas a “las empresas convenientes”. A cambio, los empresarios “se concertaron" con los dirigentes políticos para “realizar pagos encubiertos” a través de sus fundaciones.

Entre las instituciones implicadas en esta trama, según el ayuntamiento, se encuentra BIMSA por las adjudicaciones de los túneles de la plaza de Les Glòries (febrero de 2015), las del Mirador de les Aigües (agosto de 2012), en la carretera de Horta-Cerdanyola, y la construcción de un carril bici (septiembre de 2013). Fuentes de la defensa han asegurado a este diario que, durante la instrucción del caso, no se ha realizado ninguna auditoría ni pericial que acredite las supuestas irregularidades en las obras y en las licitaciones, y que las acusaciones se basan en meras "especulaciones" sobre unas hipotéticas reuniones y donaciones a fundaciones.

La licitación de las obras de Les Glòries es la más importante por cuantía, con 85,3 millones de euros. La acusación del ayuntamiento sostiene que los cargos de CDC imputados “se concertaron” con Antoni Vives, que ostentaba la presidencia de BIMSA, para “alterar dicho concurso público, siendo el objetivo obtener la preparación fraudulenta y adjudicación ilícita del concurso” a favor de la unión temporal de empresas (UTE) formada por las mercantiles Romero Gamero, Benito Arno, COPISA y COMSA. A cambio de “tal compromiso”, el exconsejero delegado de COPISA, Xavier Tauler, efectuó “donaciones” a fundaciones vinculadas a CDC “con la finalidad de financiar ilegalmente” a Convergència.

Información privilegiada

El cargo de Vives en aquel momento, recalca la acusación, le proporcionaba “información privilegiada” y “control sobre los concursos ofertados por la corporación municipal”, pudiendo “dirigir” a los “operadores” de BIMSA que debían concretar al final la adjudicación. Desde su “posición”, agrega , “podría llegar a determinar el ánimo de los empleados públicos encargados de concretar las decisiones técnicas”, apartándose “del principio de imparcialidad y en detrimento de la libre concurrencia" en la contratación pública. El escrito incide en que se aceptaba una oferta no por ser la más adecuada o satisfactoria para “el interés público”, sino “previamente determinada en consideración a que se habían efectuado pagos en forma de donación” que “redundarían” en beneficio de CDC.

Vives anotó: “Glories: No interferencias técnicas. Control político de la operación”

El escrito recoge una conversación en la que el ‘exconseller’ y exdirigente de CDC Felip Puig le preguntaba a Vives si había recibido al presidente de COPISA y le recordaba que “es muy buen amigo y compañero de viaje”. Según el Ayuntamiento de Barcelona, en esas fechas, noviembre de 2011, Vives ya recibía “indicaciones” respecto “a quién recibir y atender durante el ejercicio de sus funciones desde el ámbito del partido político CDC”.

También destaca una anotación del exteniente de alcalde convergente tras una reunión con el entonces gerente de urbanismo que reza: “Glòries: No interferencias técnicas. Control político de la operación”. El consistorio argumenta que “dicha reunión denota el control que sobre las licitaciones del ayuntamiento ejercían" responsables de CDC que “no tenían responsabilidades sobre las licitaciones municipales", ni tenían por qué estar informados de las mismas. El escrito incluye una conversación en la que el ‘exconseller’ Gordó le dice al empresario Juan Manuel Parra: “Ahora en el ayuntamiento también tenemos y ya hacemos la reunión con el gerente (...) Si hay cosas del ayuntamiento (...) ya te entiendes directamente con el Ayuntamiento de Barcelona, te intentaremos ayudar”.

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