El Parlament pondrá en marcha una comisión de investigación sobre los fondos buitre

El Parlament de Catalunya ha acordado este miércoles poner el foco sobre los fondos buitre con la creación de una comisión de investigación. Se trata de una iniciativa que fue impulsada el pasado mes de noviembre por ERC, la CUP y los Comuns pero que ha tardado cuatro meses en votarse en el pleno, principalmente porque, según han señalado durante este lapso de tiempo los proponentes, tanto el PSC como Junts ejercían de freno.

De hecho, pasó por delante -a pesar de haberse registrado posteriormente- la nueva ley que habilita a los ayuntamientos para desalojar ocupaciones ilegales en 30 días cuando detrás haya grandes propietarios de más de una decena de inmuebles que no actúen, norma que fue propulsada por la vía exprés de la mano de Junts, PSC y Ciutadans. En paralelo, la comisión sobre los fondos buitre quedaba fuera del orden del día reunión tras reunión de la junta de portavoces porque no tenía suficientes apoyos.

Finalmente, después de que ERC, CUP y Comuns retiraran el texto de exposición de motivos que levantaba ampollas entre los dos grandes partidos de la oposición, tanto socialistas como posconvergentes se han sumado a la creación de una comisión que estará presidida por la CUP, previsiblemente por la diputada Monsterrat Vinyets. Ha sido ella quien ha advertido de por qué se ha optado por el formato de la investigación y no de estudio: "Se trata de entidades que acumulan inmuebles que tienen la voluntad de actuar desde la sombra, de huir del escrutinio público, por lo que es de prever que ante la petición de información y de comparecencias la colaboración no será voluntaria".

Los tres grupos proponentes han esbozado que el objetivo de la puesta en marcha de este órgano es radiografiar la estructura de la propiedad en Catalunya, saber en manos de quién está la vivienda y cómo actúan los grandes tenedores para poder tener un diagnóstico preciso que permita combatir las "prácticas especulativas". Si hay una afirmación que ha sido hilo conductor entre el discurso de todos los grupos es que las medidas que se han aplicado hasta ahora no han acabado con las dificultades para acceder a la vivienda.

Tanto el PSC como Junts no han ahorrado algún reproche a los impulsores de la comisión a pesar de haber suscrito que la creación de la comisión tiene razón de ser y que, por ello, votarían a favor. El grupo de Salvador Illa, por boca de la diputada socialista Eva Candela, ha apuntado que está "aburrida de hablar de lo mismo pleno tras pleno" y ha señalado que en el Parlament se aprueban mociones y resoluciones pero que, después, no se actúa. "La culpa no es del Estado", ha dicho la dirigente, que se ha preguntado para cuándo la aprobación de una ley de territorio o un pacto nacional por la vivienda.

La alcaldesa de Girona y diputada de Junts, Marta Madrenas, por su parte, ha cargado contra las fórmulas "simplistas" marcadas por el "sectarismo ideológico" que se han mostrado ineficientes y que no han provocado "ningún cambio" en la garantía del derecho a la vivienda. El quid de la cuestión, ha insistido, es la escasa promoción de vivienda pública, con lo que ha exigido que "no se busquen culpables" porque la responsabilidad debe ser de las administraciones.

PP, Ciutadans y Vox, por su parte, se han opuesto a la creación de una comisión que será "humo" y que no "va ayudar a nadie" y que consideran un intento de "blanquear la ocupación ilegal". La alcaldable del partido naranja, Anna Grau, ha aprovechado la ocasión para señalar que de la política de vivienda en Barcelona son responsables tanto los Comuns de Ada Colau como del PSC.

El Sindicat de Llogateres reclama que hable Fainé

En una comparecencia posterior en la sala de prensa del Parlament, el Sindicat de Llogateres ha celebrado el amplio acuerdo para la creación de la comisión para conocer el "patrón de funcionamiento" de los fondos de inversión. El portavoz de la entidad, Enric Aragonès, ha reclamado que la "valentía" que han demostrado los grupos con el impulso de este órgano fiscalizador se mantenga a la hora de exigir explicaciones y comparecencias. El objetivo, ha apuntado, tiene que ser que por la comisión sean interrogadas personas como el banquero Isidre Fainé.

En nombre del Sindicat de Llogateres han hablado también dos inquilinas de fincas de protección oficial propiedad de entidades bancarias que, una vez amortizada la obra, no quieren renovar contratos y pretenden "expulsar" a los vecinos incluso con "acoso" inmobiliario. Hay 35 promociones, han denunciado, en esta situación. "Que retan cuentas, que se intervenga y que se acabe con la pesadilla de centenares de personas", han reclamado.