Tras el Consell Executiu
El Govern carga contra el PSOE por reformar la ley del 'solo sí es sí' con el apoyo de PP y Vox
La portavoz de la Generalitat acusa al PSC de faltar a sus compromisos por plantear un veto a la renta básica universal
Fidel Masreal
Periodista
Licenciado en Ciències de la Comunicació por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), curso de periodismo jurídico-político por la UAM-El País, ha ejercido como periodista político en Onda Cero, diari Menorca, Ràdio Barcelona (cadena SER) -donde fue jefe de la sección de Política- y Els Matins de TV3. Desde septiembre del 2008 es redactor en El Periódico, primero como cronista parlamentario en Madrid y en la actualidad especializado política catalana. Autor de "Conviure amb la depressió" (Mina, Eniclopèdia Catalana, 2007), "Game Over: els partits polítics, corrupció i vicis del sistema" (La Mansarda, 2013), "Cuentos Ex" (Magma Editorial, 2019) y "Contes del procés" (Magma, 2019). Colabora como analista en TVE, Catalunya Ràdio, SER Catalunya y RAC-1, entre otros.
El Govern ha cargado duramente contra el PSOE por la reforma legislativa que impulsa sobre la ley del 'solo sí es sí' y que cuenta con el apoyo de PP y Vox y el rechazo de los socios gubernamentales de Unidas Podemos y parlamentarios de ERC. "Es bastante increíble que el PSOE fuerce la toma en consideración [de la reforma] sin el acuerdo entre los dos socios", ha espetado la 'consellera' de Igualtat i Feminismes, Tània Verge, tras la reunión semanal del Consell Executiu.
"Todavía es más incomprensible que el PSOE esté dispuesto a ir de la mano del PP y Vox", ha añadido, asegurando que el conflicto "no tiene que ver con cuestiones técnicas, sino con el enfoque político", aunque haya provocado la rebaja de penas para unos 700 agresores sexuales en toda España.
Verge ha reivindicado que Catalunya disponga de un marco normativo que sitúa el consentimiento en el centro del debate para la erradicación de la violencia contra las mujeres, que debían demostrar violencia física para plantear su defensa legal en los juzgados.
Los presupuestos
El Govern también ha criticado al PSC por su intención de votar junto a Junts para impedir en el Parlament que se aplique el plan piloto para una renta básica universal. "Los compromisos son para cumplirlos, se ha de tener palabra", ha afirmado la portavoz, Patrícia Plaja, que no ha avanzado qué consecuencias tendrá la posibilidad de que los socialistas y los posconvergentes tumben esta iniciativa definitivamente este viernes en el pleno. "Es un plan en el que confiamos, no nos avancemos. Quienes puedan acabar estando en contra tendrán que argumentar muy bien el porqué de dejar de lado a quien más lo necesita", ha añadido Plaja.
Por otra parte, en relación al ciberataque al Hospital Clínic de Barcelona, "no se negociará", ha asegurado la portavoz del Govern, que ha puesto en valor el porcentaje de protección que se consigue en la protección digital en Catalunya, en torno al 98%. "Los esfuerzos se centran en minimizar los efectos del ataque, no en negociar nada", ha insistido.
Sobre la operación Cataluña, Plaja ha mostrado "poca" confianza en la vía judicial respecto a este entramado político orquestado por las cloacas policiales del PP, dado que han pasado diez años desde los hechos denunciados. En todo caso, ha afirmado que se seguirá de cerca y no se descarta tomar alguna iniciativa por parte del Ejecutivo.
La corrupción
Por otra parte, el Govern ha aprobado el primer paso (anteproyecto de ley) para una norma que proteja a las personas que alerten sobre presuntos casos de irregularidades. Se trata de poner en práctica una normativa que la Unión Europea (UE) ha acordado desde hace años y que el Estado acaba de redactar recientemente.
El Govern ha conseguido, según la portavoz, que la norma estatal de margen a las autonomías para contar con sus propios canales externos de información y con una autoridad independiente con competencias sobre las infracciones dentro del territorio autonómico, incluidos los incumplimientos de entidades privadas cuyo ámbito territorial sea el de la autonomía.
"Esta regulación será una oportunidad para fortalecer la integridad pública, la mejora de la claridad institucional y, sobre todo, la lucha contra la corrupción", ha destacado Plaja.
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