Vista en el TSJC

Las incógnitas que debe despejar Laura Borràs en el juicio

MULTIMEDIA | Laura Borràs, a juicio: las pruebas que la señalan y los argumentos de defensa

DIRECTO | Juicio a Laura Borràs: última hora sobre la declaración de la presidenta de Junts

La que fuera directora de la Institució de les Lletres Catalanes declara este lunes en una vista en la que se enfrenta a seis años de prisión y 21 de inhabilitación por presunta prevaricación y falsedad

Laura Borràs, a su llegada a la Audiencia de Barcelona

Laura Borràs, a su llegada a la Audiencia de Barcelona / ELISENDA PONS

J. G. Albalat

J. G. Albalat

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El juicio que se celebra en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra la líder de Junts, Laura Borràs, por presuntamente haber beneficiado a un amigo, el informático Isaías Herrero, con el fraccionamiento de contratos cuando era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) entra en su recta final. Está previsto que este lunes se practiquen unas pruebas periciales y, después, se proceda a interrogar a la presidenta suspendida del Parlament, que se enfrenta a una petición de seis años de cárcel y 21 de inhabilitación. No se sabe si responderá a la fiscalía y a las otras defensas o solo a su abogado, Gonzalo Boye. Estas son algunas incógnitas que deberá despejar durante su declaración:

¿Fraccionó indebidamente los contratos a su amigo?

Borràs sostiene que no cometió ninguna ilegalidad y mucho menos un delito, ya que, a su entender, no se fraccionaron contratos, sino que se hicieron en la medida de que se iba encargando diferentes trabajos a Herrero. Es decir, la adjudicación no era por una sola labor, sino por varias. La fiscalía, sin embargo, señala que Borràs, como directora de la ILC acordó que la retribución por la creación de un nuevo portal de la entidad en internet y su mantenimiento se haría a través del fraccionamiento indebido de contratos menores por una cantidad inferior a los 18.000 euros sin IVA.

El importe de los servicios, facturados entre 2013 y 2017, ascendió a un total de 335.700,29 euros con IVA. Según declaró la exadministradora de la ILC, ella y dos interventoras de la Generalitat advirtieron a Borràs de que este sistema no era el correcto y de que se podía estar “infringiendo el marco legal”. Lo más adecuado, indició esta testigo y otro empleado de la entidad cultural, hubiera sido un contrato negociado, que se inicia con un proceso de diálogo para concretar el servicio y después se presentan las ofertas.

¿Sabía que Herrero presentaba presupuestos "comparsa" y ficticios?

La fiscalía precisa en su escrito de acusación que Borràs y Herrero “pactaron” que en los expedientes aportarían tres presupuestos a nombre de diferentes proveedores, “dos de los cuales no eran ofertas reales”, sino “comparsa”. A su entender, estos documentos fueron elaborados “falazmente” por ellos, junto con un tercer acusado, “con el propósito de simular” que el trabajo se otorgaba al mejor postor, “encubrir que el adjudicatario real” era Herrero y “enmascarar el fraccionamiento ilegal de los contratos”.

En este sentido, varios testigos aseguraron en el juicio que ellos no habían redactado algunos de los presupuestos que figuran en los expedientes de la ILC, lo que corroboraría la presunta falsedad documental. La incógnita que deberá despejar la dirigente independentista es si participó o no en su confección (la acusación asegura que en algunos sí) y si conocía su existencia. La exadministradora de la ILC explicó en el juicio que Borràs, en una reunión, presentó a Herrero como la única persona que iba a hacer los trabajos y que era el informático quien presentaba los tres presupuestos, cuando lo normal es que cada licitador lo hiciera por su cuenta.

¿Dio instrucciones al informático sobre cómo proceder?

El mismo Herrero, que ha llegado a un pacto con la fiscalía, al igual que el empresario Andreu Pujol, admitió ante el tribunal que la presidenta de Junts "sabía", le daba instrucciones y se ponían de acuerdo los dos para fraccionar los contratos por servicios informáticos que le encargaban desde la Institució de les Lletres Catalanes y que para ello presentaba el presupuesto real, que sería el que se aprobaría, y otros dos "comparsas" o falsos. "Acordamos dividir el trabajo en varios contratos", recalcó el imputado. A Herrero se le enseñó durante su interrogatorio los correos que le incautaron en su ordenador en la entrada y registro en su vivienda y en los que se encuentran los que se remitió con Borràs sobre el fraccionamiento de los contratos. "No debían superar los 18.000 euros", recordó.

¿Qué explicaciones dará sobre los correos incriminatorios?

La defensa de Borràs está intentando anular o desacreditar los correos electrónicos intervenidos que incriminan a la exdirectora de la ILC en las presuntas irregularidades. La dirigente independentista, si se le pregunta, debería justificar algunas de las frases que dirigió en los esos 'emails' a Herrero. Entre los mensajes confiscados hay uno de Herrero a Borràs de febrero de 2013: "La verdad es que se me hace extraño y complicado tener que hacer este 'trapi'… ya se que es lo que hay, pero ponte en mi lugar, tener que implicar a varias personas para que me hagan facturas de 3 kilos. Tengo que hacer facturas por todos los lados para cubrir todos los proyectos”. La líder de JxCat responde: "El presupuesto tiene que quedar como si fuerais profesionales independientes por los totales, que no pueden superar, como ya sabes, los 18.000+IVA”. "Se me había dado estas instrucciones y que presentaran tres ofertas", explicó el informático en el juicio.

¿Defenderá que sufre una persecución política?

A Borràs solo se le ha escuchado una vez en la vista. Fue cuando el presidente del tribunal, Jesús María Barrientos, le preguntó si reconocía las acusaciones vertidas contra ella. "De ninguna manera. No he cometido ningún delito", contestó. Se desconoce si durante su declaración hará a alguna referencia a su teoría de que todo el proceso es una persecución contra ella por el hecho de ser independentista. Su abogado, Gonzalo Boye, está intentando demostrar en el juicio que los Mossos empezaron a investigar a su clienta cuando era ‘consellera’ de Cultura y, por lo tanto, era aforada y ni podían hacerlo. Los agentes explicaron en la vista que lo único que hicieron era recopilar datos, aunque uno de ellos si que admitió que comenzaron a investigarla a raíz de los registros efectuados el 27 de noviembre de 2018. Sin embargo, al día siguiente, la jueza de instrucción retiró a la policía de la Generalitat del caso y se lo dio a la Guardia Civil.

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