Juicio en el TSJC

Dos acusados incriminan a Laura Borràs en el fraccionamiento de contratos y en la falsificación de presupuestos

Multimedia | Laura Borràs a juicio, las claves del proceso judicial por corrupción a la líder de Junts

El juicio a Laura Borràs

El juicio a Laura Borràs / EFE/Quique Garcia

J. G. Albalat

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Los dos han cumplido con el pacto forjado con la fiscalía. El informático Isaías Herrero ha admitido este lunes ante el tribunal que la presidenta de Junts, Laura Borràs, "sabía", le daba instrucciones y se ponían de acuerdo los dos para fraccionar los contratos por servicios informáticos que le iba encargando desde la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) y que para ello presentaba el presupuesto real, que sería el que se aprobaría, y otros dos "comparsas" o falsos, al tiempo que el empresario Andreu Pujol ha reconocido en la vista que estaba al corriente de que Borràs y el informático acordaron cobrar los trabajos a través de diferentes contratos. En total, 18 tratos que no debían superar los 18.000 euros cada uno, el límite para otorgarlos a dedo, y por un importe global de 336.000 euros (324.000+ iva), entre 2013 y 2017. "Acordamos dividir el trabajo en varios contratos", recalcó Herrero. Borràs será interrogada en la recta final del juicio que se celebra en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

Antes de iniciarse la sesión, los magistrados del TSJC desestimaron la suspensión del juicio y que rechazaron se hayan vulnerado el derecho de defensa y el de la presunción de inocencia, tal y como denunció en las cuestiones previas la defensa de la política catalana. Eso sí, cuando el presidente del tribunal, Jesús María Barrientos, le preguntó a Borràs si reconocía las acusaciones vertidas contra ella, la líder independentista contestó: "De ninguna manera. No he cometido ningún delito".

Con la confesión, Herrero validó el acuerdo al que llegó con la fiscalía antes de que empezara el juicio, el pasado día 10 de febrero. A cambio de sus palabras, la acusación pública rebajará la pena de seis años de prisión que provisionalmente le piden y que podría evitar su ingreso en la cárcel. El tercer acusado, el empresario Andreu Pujol, ha subrayado: "Seguí las instrucciones de Isaías". Además, ha aceptado que los conceptos de los servicios que figuraban en las facturas en ocasiones "se parecían" a los reales y otras no.

Isaías Herrero: "Acordamos dividir el trabajo en diversos contratos"

Correo por correo

A Herrero se le ha enseñado durante su interrogatorio los correos que le incautaron en su ordenador en la entrada y registro en su vivienda y en los que se encuentran los que se remitió con Borràs sobre el fraccionamiento de los contratos. "No debían superar los 18.000 euros", ha recordado. El informático, que había sido colaborador de la dirigente independentista en el ámbito universitario y de la investigación, ha explicado que se le encargó el diseño de una página web y otros servicios digitales e informáticos.

El acusado ha llegado a admitir que la misma Borràs se le ofrecía para ayudarle con las facturas, pero que él le respondía que no hacía falta, que él se encargaría de hacerlo. Según su versión, ambos se intercambiaban datos y se ponían de acuerdo en como realizar los presupuestos y las empresas que debían incluirse como "comparsas". En este sentido, remarcó que se escribía un "ok" para distinguir la propuesta que debía tirar adelante.

A preguntas de la fiscalía, el informático ha identificado contratos y ha explicado los conceptos (que pactaba, según él, con Borràs) que en estos documentos se exponen. "Se me había dado estas instrucciones y que presentaran tres ofertas", ha precisado. La fiscala le ha preguntado: "¿Quién le dio las instrucciones?". Respuesta rápida: "La señora Borrás". Sobre una cadena de emails cruzados con la que fuera directora de la ILC, Herrero detalló que en los mismos se señalaba "como se ha de dividir los precios y los conceptos". Esa explicación la ha repetido una y otra vez en su interrogatorio.

Los emails

Entre los email confiscados hay uno de Herrero a Borràs de febrero de 2013: "La verdad es que se me hace extraño y complicado tener que hacer este 'trapi'… ya se que es lo que hay, pero ponte en mi lugar, tener que implicar a varias personas para que me hagan facturas de 3 kilos. Tengo que hacer facturas por todos los lados para cubrir todos los proyectos”. La líder de JxCat responde: "El presupuesto tiene que quedar como si fuerais profesionales independientes por los totales, que no pueden superar, como ya sabes, los 18.000+IVA”. "Se me había dado estas instrucciones y que presentaran tres ofertas", explico. La fiscala preguntó: "¿Quién se lo indicó?". La respuesta fue rápida: "La señora Borràs". "Trapis y marrones, es lo que en lenguaje coloquial es la manera en que se presupuestaba y facturaba".

Herrero ha asegurado que le habló al tercer acusado, Andreu Pujol, al que conoce desde la adolescencia, de que operativa que le había referido Borràs para fraccionar los contratos y que él estuvo de acuerdo en colaborar facilitándole presupuestos ficticios. El informático también ha manifestado que "en algún presupuesto" utilizó la firma de su amigo "sin su consentimiento".

El informático se negó a contestar a las preguntas de la defensa de Borràs. Los abogados de la líder de Junts han dejado constancia el cuestionario que pretendían dirigir a Herrero y en el que han incluido interpelaciones sobre las sustancias tóxicas que consumía Herrero o si había sido condenado con anterioridad. Estas intervención ha enfadado al presidente del tribunal, que llegó a retirar la palabra a los letrados. "He tenido problemas con la droga" y, sobre todo, en el 2017, cuando para comprar estupefacientes delinquió, relató después a su abogada, Marina Roig. "Acepté mi responsabilidad", agregó. En 2019, fue condenado a cinco años de prisión por un delito de tráfico de estupefacientes y otro de falsificación de monedas.

Prevaricación y falsedad

La dirigente Junts, que fue suspendida como presidenta del Parlament tras abrirse el juicio oral, siempre ha denunciado que es víctima de una persecución política contra ella por ser independentista. La fiscalía le reclama, sin embargo, seis años de prisión y 21 años de inhabilitación, al igual que para Herrero, por un delito de prevaricación y otro de falsedad en documento público. Un tercer imputado, Andreu Pujol Martin, se enfrenta a tres años de cárcel.

Las fiscalas Assumpta Pujol y Teresa Duerto relatan en su escrito de acusación que la junta de gobierno de la ILC acordó el 20 de marzo de 2013, cuando Borràs ya ostentaba la dirección, encargar la elaboración de un portal web y su mantenimiento a Herrero. "Actuando de mutuo acuerdo y con unidad de propósito", los dos pactaron que la retribución por estos servicios informáticos se haría a través de la contratación administrativa, "fraccionando indebidamente en diferentes contratos menores" (de importe no superior a los 18.000 euros, sin IVA). "De manera recurrente", la dirigente de Junts otorgó 18 contratos a Herrero, "directa o indirectamente a través de otras personas físicas o jurídicas interpuestas".