Borràs: "Trapis' es una palabra habitual entre drogodependientes"

La portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, ha comparecido este jueves en la comisión del Estatuto de los Diputados, a puerta cerrada. Borràs ha presentado sus alegaciones sobre el suplicatorio que ha pedido el Tribunal Supremo para investigarla por los delitos de fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental en su etapa de directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

Tras esa reunión, la diputada ha comparecido ante la prensa para explicar de manera profusa por qué considera que está siendo víctima de una "persecución política" por ser independentista, con informes "inventados" por la Guardia Civil.

La Sindicatura confirma que Borràs fraccionó contratos investigados por el Supremo

En su defensa ha dicho que la investigación se inició a raíz de una conversación entre "drogodependientes". Así se ha expresado cuando ha hecho referencia a la famosa conversación grabada en la que su amigo, el informático Isaías Herrero Florensa (investigado por irregularidades en los contratos que ella le concedió desde el ILC), le decía a su socio Marc Gómez: "Con la Borràs, con la jefa, yo facturo con la cooperativa, y facturo unos 'trapis' por allí [en referencia, según ella, al menudeo de droga]". 

"Esa frase se convierte en el detonante para la investigación prospectiva (...) El cariz sesgado de iniciar una investigación a partir de la palabra 'trapis', que debe de ser muy habitual y conocida por la policía que esté tratando con drogodependientes, con personas que consumen estupefacientes, con personas que falisiquen dinero... Que la palabra 'trapis' debe de ser insignificante en este ambiente de delincuencia [sic]. Esto debe ser habitual, pero la relación con una diputada independentista ya no lo es tanto", ha declarado ante los medios de comunicación la parlamentaria de Junts per Catalunya. 

La charla grabada al informático es de noviembre de 2017 y la ahora diputada firmó 18 contratos con él (por un importe total de 259.863 euros) entre enero de 2013 y ese mismo mes de 2018. Esa cantidad de dinero se alcanzó con contratos de menos de 18.000 euros para eludir la obligación de adjudicarlos por concurso público.

La Audiencia de Barcelona condenó en diciembre de 2019 a Herrero a cinco años y tres meses de cárcel por falsificación de moneda, tráfico de estupefacientes y defraudación de fluido eléctrico. El tribunal le impuso una pena menor a la que le correspondería porque antes del juicio admitió la tenencia de billetes de euros falsos y de sustancias estupefacientes, como heroína, MDMA (éxtasis) y tetrahidrocannabinol, el principal constituyente psicoactivo de la planta del cannabis.

 Tensión con ERC

Borràs ha denunciado una operación para "embarrar" su reputación por su papel en el independentismo y ha denunciado contradicciones entre el primer informe que redactaron los Mossos d'Esquadra, que concluyeron que "no había hechos delictivos", y los de la Guardia Civil.

En la votación del suplicatorio, ha explicado, "JxCat no puede votar de otro modo que no sea en contra", pero no está claro qué harán ERC y la CUP, si bien a Borràs le gustaría que hubiese "una posición conjunta del independentismo". 

Los republicanos aún no han desvelado el sentido de su voto. Puede que esta vez no habrá la misma unidad de voto entre los independentistas que en el último suplicatorio votado en el Congreso: el del portavoz de la antigua Convergència, Francesc Homs, investigado por la organización de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014 en Catalunya cuando era 'conseller' de Presidència.

Los trámites de la Cámara

Conforme a lo establecido en los artículos 13 y 14 del Reglamento, la Comisión del Estatuto de los Diputados debe hacer una propuesta al Pleno sobre el suplicatorio de Borràs en el plazo de 30 días hábiles, en lo que será la primera votación en el Congreso sobre el suplicatorio. En otros, la comisión ha resuelto estos expedientes en poco más de dos semanas desde las alegaciones del afectado.

La propuesta de la comisión se elevará después al siguiente Pleno del Congreso, que es el que tiene la última palabra sobre la concesión o denegación de la autorización solicitada. Eso sí, el debate y votación de los suplicatorios en sesión plenaria tampoco es público, sino que se desarrolla con el hemiciclo a puerta cerrada y sin transparencia. Los diputados tampoco están obligados a seguir consignas de voto ya que su voto es secreto. Sólo se da a conocer el resultado.

A partir del acuerdo del Pleno de la Cámara, que se prevé a finales de mes o principios de julio, Batet dispondrá de ocho días para trasladar la decisión a la autoridad judicial, advirtiéndole de la obligación de comunicar a la Cámara los autos y sentencias que se dicten y afecten personalmente al diputado.