Jordi Turull y Jordi Sànchez pedirán la nulidad de la resolución del Tribunal Supremo

Tras la revisión de la sentencia del 'procés' por parte del Tribunal Supremo, adaptándola a la reforma del Código Penal, Junts per Catalunya ha acusado directamente al alto tribunal de actuar como "legislador, opinador político y justiciero" al mantener las penas de inhabilitación a dirigentes como el secretario general de Junts, Jordi Turull o al líder de ERC, Oriol Junqueras.

Ante esta decisión, acordada con los abogados de los dirigentes soberanistas, tanto Turull como su antecesor en Junts, Jordi Sànchez, han decidido pedir la nulidad de la resolución del Supremo y, en caso de no conseguirla, recurrir al Tribunal Constitucional. El objetivo final de esta estrategia sigue siendo obtener una resolución de la justicia europea a través del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. "Nos veremos en Europa donde hay justicia, no venganza", apuntaba Turull este lunes tras conocerse la resolución judicial.

Junts considera que la decisión del Supremo confirma que el pacto del PSOE y ERC para revisar el Código Penal no ha dado frutos. El más contundente a la hora de denunciarlo ha sido el 'expresident' Carles Puigdemont al calificar de error los pactos "en solitario, en secreto y sin mediador" con los "españoles". Turull ha calificado de contraproducente porque el resultado es "inverso" al que se pretendía al retocar el Código Penal. "Es una decisión que tomó una formación política por su partes in contar con el resto pero si la idea era la desjudicialización, vemos cuales son los resultados”, ha aseverado.

De la sedición a la alternativa más grave

Tras la derogación del delito de sedición y la reforma de la malversación, el Tribunal Supremo estaba obligado a revisar la sentencia y su conclusión es que los que fueron condenados por sedición deben serlo ahora por desobediencia en concurso real con otro de malversación de caudales públicos en su modalidad más grave.

Así Junqueras, Raül Romeva, Turull y Dolors Bassa no ven rebajada la pena impuesta por malversación porque un fin ilegal como el referéndum del 1-O no puede enmarcarse en la nueva fórmula que castiga el destinar un dinero público a otro fin también público y la inhabilitación que les queda por cumplir se mantiene intacta. A Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, sí se les condena ahora como autores de un delito de desórdenes públicos, pero se declara extinguida la pena de inhabilitación que aún cumplían. La expresidenta del Parlament Carmen Forcadell y los 'exconsellers' Josep Rull y Joaquim Forn, principales beneficiados de la reforma, son condenados como autores de desobediencia, y, como la pena prevista para este delito no supera los dos años de inhabilitación, ya la han cumplido con creces.

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