Sánchez promete "firmeza" y "medidas" para "poner fin al bloqueo judicial"

El Gobierno no se va a quedar de brazos cruzados. Ante la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de impedir, a instancias del PP y por la mínima, la votación en el Senado de parte de una proposición de ley que regula las nuevas condiciones para la renovación de sus magistrados, Pedro Sánchez ha prometido este martes “firmeza”: tomará "cuantas medidas sean precisas" para “poner fin al injustificable bloqueo judicial”. 

El jefe del Ejecutivo, en una breve declaración sin preguntas, no ha aclarado este martes qué iniciativas tomará frente a esta situación de choque institucional. A finales de 2020, sin embargo, amagó con rebajar las mayorías del Congreso necesarias para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato caducó hace más de cuatro años y continúa siendo de mayoría conservadora, ya que sus miembros fueron elegidos cuando gobernaba Mariano Rajoy. Desde entonces, con distintas “excusas y pretextos”, ha señalado Sánchez, el PP se ha negado a negociar la renovación del órgano de gobierno de los jueces, donde según el resultado de las últimas elecciones generales, celebradas en 2019, los miembros progresistas deberían ser más. Si retomase esta rebaja de las mayorías, ya no sería necesario pactar con el partido de Alberto Núñez Feijóo para elegir a los nuevos miembros del CGPJ.  

“Comparto la indignación de muchos demócratas y la preocupación de la ciudadanía, que contempla desconcertada un choque institucional tan grave e inédito. A todos los ciudadanos quiero trasladarles un mensaje de serenidad. España es una de las grandes democracias europeas. Dispone de mecanismos para superar esta situación: la ley y el cumplimiento de la Constitución –ha señalado Sánchez desde la Moncloa-. En consecuencia, el Gobierno acata la resolución y también conforme a la ley adoptará cuantas medidas sean precisas para poner fin al injustificable bloqueo, para que sea respetada la Constitución y la voluntad popular de las elecciones de 2019. En momentos de incertidumbre se precisa serenidad y firmeza. Serenidad en el estricto cumplimiento de la ley. Y firmeza para hacer prevalecer el respeto a la Constitución y a la voluntad popular expresada libremente en las elecciones”. 

La división por bloques

La decisión del TC, donde también cuatro de sus miembros tienen el mandato caducado desde hace medio año, mostró en la noche del lunes la división por bloques dentro del máximo intérprete de la Constitución. Los seis vocales conservadores votaron a favor de la paralización legislativa solicitada en su recurso de amparo por el PP; los cinco progresistas, en contra, en sintonía con la tesis del Gobierno y del PSOE. 

“El Tribunal Constitucional ha paralizado el funcionamiento de las Cortes Generales en una cuestión que afecta a su propia renovación. El origen de esto se encuentra en la decisión del PP cuando perdió las elecciones y decidió incumplir con el mandato constitucional. Esta es una situación inédita en democracia. El único propósito [del PP] es mantener una composición anterior y más favorable a su orientación. (…) Esta situación se ha ido agravando hasta desembocar en la situación de ayer. Es un hecho grave. Por primera vez se impide a los representantes que realicen su función de representación, debate y legislación”, ha dicho el presidente del Gobierno y líder socialista.

La decisión, que implica que el Senado solo vaya a votar el próximo jueves los apartados de la proposición de ley que no tienen que ver con la renovación judicial (derogación de la sedición y rebaja de la malversación, entre otros) cuenta con escasos precedentes. En términos estrictos, con ninguno. Es la primera vez que el Constitucional paraliza la votación de una ley. Sin embargo, el TC sí ha bloqueado debates y votaciones en los últimos años sobre otro tipo de iniciativas en el Parlament. La última, a instancias precisamente del Gobierno socialista y en contra del criterio del Consejo de Estado, ocurrió en 2019, cuando los magistrados anularon la reprobación del rey Felipe VI por parte de la Cámara catalana e impidieron que esta celebrara más debates sobre la Monarquía.