Los grupos estudian forzar el desbloqueo en el Parlament de la comisión para sancionar a Dalmases

Más de tres meses después de que se hiciera pública la conducta intimidatoria del diputado y vicepresidente de Junts, Francesc de Dalmases, a una periodista del programa Preguntes Freqüents, nada se ha movido en el Parlament para evaluar si los hechos merecen una sanción. La comisión donde debería tomarse esa decisión, la del estatuto del diputado, la preside Jaume Alonso-Cuevillas, del mismo partido que el dirigente bajo el foco y también de la órbita de Laura Borràs. Han pasado tres meses desde que la Mesa del Parlament derivó el caso al órgano y además de las informaciones publicadas ha habido dos informes -el de la CCMA y el de Junts- y comparecencias que han ratificado las presiones de Dalmases. Es por eso que la mayoría de grupos están en conversaciones para intentar desbloquear la situación: o Cuevillas responde a les peticiones de las últimas horas y mueve ficha ya, o lo harán ellos.

Fue el 26 de julio cuando la Mesa del Parlament, con Borràs agotando las últimas horas antes de ser suspendida como presidenta, derivó el caso a la comisión a petición del PSC, ERC, los 'comuns' y la CUP para que se elaborara un informe. Fuentes parlamentarias aseguran que nada se ha avanzado desde entonces. "No diré nada", ha respondido a EL PERIÓDICO el mismo Cuevillas al ser preguntado por si piensa poner fecha a la reunión de la comisión. Los grupos solicitantes han insistido en pedir en las últimas semanas que se convoque el órgano y han redoblado la exigencia en las últimas horas ya con el informe interno de Junts encima de la mesa que concluye que la periodista se sintió "intimidada".

También han empezado ya los contactos para desencallar la situación por si Cuevillas no convoca la comisión. "Esperamos que la convoque", ha asegurado la portavoz del PSC, Alicia Romero. De hecho, en paralelo a las conversaciones informales entre los grupos, el diputado socialista David Pérez, secretario de la comisión, se ha reunido este martes con el dirigente de Junts para pedirle que se agende ya la convocatoria. Según fuentes socialistas, la respuesta ha sido favorable y hablarán con el letrado para convocarla, aunque por ahora no hay fecha.

El artículo 54.1 del reglamento del Parlament prevé que una comisión, también esta, puede ser convocada por su presidente a iniciativa propia o bien a petición de dos grupos parlamentarios o de una quinta parte de los miembros de la comisión. Este martes la jornada en la institución está marcada por la comparecencia del 'conseller' de Interior, Joan Ignasi Elena, para abordar la crisis en la cúpula de los Mossos, por lo que la mayoría de grupos da por hecho que no será hasta este miércoles cuando se concreten movimientos por el caso Dalmases si la situación no se ha desbloqueado antes por parte del presidente de la comisión.

De hecho, también están a la espera de qué decide hacer la dirección de Junts, que se reúne de forma extraordinaria este martes por la tarde para estudiar las posibles consecuencias del comportamiento de Dalmases, que en la comisión admitió que tuvo una discusión con la periodista pero que aseguró que no lanzó "ninguna amenaza". Tanto los 'comuns' como Ciutadans pidieron su dimisión. De hecho, la presidenta de En Comú Podem en el Parlament, Jéssica Albiach, ha reclamado a Junts que lo cese. A nivel de partido, admiten que a la hora de decidir si se produce una sanción interna el caso "no encaja con ningún otro estipulado" por el reglamento de la formación, aunque admiten que "todo es interpretable".

En el caso del Parlament, los artículos 7 y 8 del código de conducta de los diputados reclama que estos están sujetos a una "actitud ejemplar" y un "trato adecuado y respetuoso" con los otros diputados y también con los medios de comunicación, ante los que deben de orientar su conducta "a favor del derecho a la información". Los hechos protagonizados por Dalmases, que agarró a la periodista por el brazo y la abroncó a puerta cerrada porque no estaba de acuerdo con las preguntas que se le habían formulado a Borràs durante una entrevista, no enmarcados en el capítulo de infracciones graves o muy graves, según está establecido en el código de conducta. Por lo tanto, si se considera que debe ser amonestado, la sanción que la comisión podría elevar a la Mesa del Parlament podría ir desde la amonestación pública a una multa de entre 600 y 12.000 euros, que son las previstas en el resto de casos, los considerados leves.

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