El Parlament mantiene a los asesores de Laura Borràs a la espera de un acuerdo entre ERC y Junts

El Parlament se despereza para arrancar el curso político y lo hace con una presidencia vacía, despojada de sus funciones. A Laura Borràs, suspendida desde hace un mes y medio, se la pudo ver por la institución el fin de semana durante la jornada de puertas abiertas por la Diada y durante el 90 aniversario de la Cámara catalana, pero ni entró entonces en el despacho que utilizaba cuando presidía la institución ni lo está usando ahora. Sí que, en cambio, siguen trabajando sus seis asesores. La Mesa se ha reunido de nuevo este martes con la patata caliente de una interinidad insólita y con la situación kafkiana en la que se encuentra el equipo de Borràs. De momento, mantienen su empleo y sueldo, a la espera de que un acuerdo entre ERC y Junts desencalle la situación.

Y es que formalmente Borràs ha sido suspendida, pero no cesada, así que nadie puede acceder a la presidencia de la institución. Del mismo modo, sus seis cargos de confianza cesan cuando es revocada la persona que los nombró, aunque como se trata de asesores de libre designación, solo pueden ser relevados si el responsable político del cual dependen así lo decide. Eso significa que, en estos momentos, la vicepresidenta primera, Alba Vergés (ERC), quien asume las funciones que Borràs no puede ejercer, tiene poderes para cesarlos si lo cree conveniente.

Los mismos asesores fueron los que plantearon a la vicepresidenta en funciones que tenía tres posibles salidas sobre la mesa: que ella misma los destituyera, que los afectados renunciaran al cargo o bien que continuaran en el Parlament haciendo trabajo administrativo. Según fuentes parlamentarias, Vergés escuchó los escenarios posibles pero no tomó ninguna decisión al respecto.

La situación está enquistada: ni Borràs quiere dimitir ni Junts forzar ese escenario

"Hace falta margen y tiempo paras gestionarlo políticamente y humanamente", insisten fuentes parlamentarias. ERC ha propuesto a Junts trabajar para concretar las funciones y el encaje de este personal al servicio de la Mesa teniendo en cuenta que la situación de Borràs es reversible si no hubiera condena o bien si el Tribunal Constitucional -al que Junts estudia recorrer- tumba la suspensión. Vergés vive con incomodidad la asunción de unas funciones que ERC insiste que deben recaer sobre un nuevo dirigente de Junts. Los republicanos no quieren tomar decisiones de gran calibre y esperan que lo haga un nuevo presidente del Parlament de Junts. Pero, a la vez, la posconvergencia considera que este escenario debería hacer sido contemplado por los que suspendieron a Borràs.

Y es que según fuentes parlamentarias, el 28 de julio, cuando Borràs quedó suspendida, la secretaria de la Mesa y diputada de Junts, Aurora Madaula, ya advirtió de que debía solicitarse un informe a los letrados antes de proceder a apartar a la presidenta. No sucedió. En la reunión de la semana pasada, el órgano rector sí se abrió a estudiar la petición de este documento, para aclarar las vías posibles para cesar a los cargos de confianza sin abrir una crisis entre socios en el Govern.

"Están en una situación inédita y hay que buscar una solución para ellos", han explicado fuentes parlamentarias. Pero no se ha fijado ningún plazo para solventar la situación. Los seis empleados cobran entre 3.400 y 6.300 euros brutos mensuales. El más alto, el de Salvador Esteve como jefe de gabinete. Le sigue el jefe de prensa, Pep Elias, que se sitúa en 5.500 euros al mes; el asesor Oriol Izquierdo, con 3.800 euros; y la responsable de gestión, Elvira Parés, y los técnicos asesores del gabinete, Narcís Junquera y Francesc López, los tres con un salario de 3.400 euros mensuales, según ha podido consultar este diario.

La situación está enquistada: ni Borràs quiere dimitir ni Junts forzar ese escenario

Mientras, Borràs se aferra al cargo y no quiere dimitir -aunque no puede ejercer- y su partido tampoco tiene previsto forzar ese escenario. En todo caso, esperan que sean los republicanos los que lo provoquen si el PSC invoca el artículo 180 del reglamento para votar la revocación de la presidenta suspendida. Los posconvergentes tienen nombres como el de Madaula y el de la alcaldesa de Vic, Anna Erra, calentando en la banda.

De momento, nadie se mueve. Los socialistas admiten que tienen esa bala en la recámara y que hay mayoría para impulsarla, pero Salvador Illa reitera que son ERC y Junts los responsables de resolver una situación que les puede estallar en las manos e influir en la continuidad de la coalición del Govern. Aunque el PSC apuntó que la cuestión debería estar resuelta en la primera quincena de septiembre, ahora señalan el debate de política general, fijado para el 27 de septiembre. Por ahora, no hay solución a la vista para deshacer el nudo gordiano de la presidencia del Parlament.

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