Un empresario implica al 'exconseller' Gordò en la financiación ilegal de CDC

El empresario Juan Manuel Parra se ha ratificado este martes ante el juez de la Audiencia Nacional del 'caso Triacom', una derivada del 'caso 3%', que le pagaron actos de la campaña de CDC de 2010 con cargo a dos programas de TV3, todo ello por orden del 'exconseller' de Justicia Germà Gordó y a través del exgerente de la cadena autonómica Oriol Carbó, según las fuentes jurídicas consultadas por EL PERIÓDICO. Este último es el administrador de la productora audiovisual Triacom, centro de una trama de presuntas facturas falsas.

Parra, propietario y administrador de las sociedades Hispart, Audiovisual Exit y Esterorent y que era proveedor habitual de servicios, ya había declarado ante la Audiencia Nacional como testigo y ahora lo ha hecho como imputado. De ahí que se ratificara tanto en su anterior interrogatorio como en los documentos aportados, entre ellas la grabación de una conversación con Gordó. El empresario explicó en su primera comparecencia que el 'exconseller' le indicó en una reunión que Carbó le pagaría los trabajos para el partido, de varios cientos de miles de euros, a través de la productora Triacom, participada por el exgerente de TV3.

Parra se reunió entonces con Carbó, quien le dijo que girase las facturas falsas con conceptos de aportación de aparatos audiovisuales para los programas de TV3 "El gran dictat" y "Fish and chips"  Posteriormente, relató, tuvo problemas con Triacom en el cobro de las facturas y volvió a acudir a Gordó, con quien se reunió de nuevo en octubre de 2011 en su despacho de la sede de CDC de la calle Córcega de Barcelona. Finalmente, Parra recibió todo lo que le debían.

Para acreditar su versión, Parra entregó en el juzgado un cedé que contiene una supuesta conversación que mantuvo el 17 de octubre del 2011 en la entonces sede de CDC en la calle Còrsega con Gordó, entonces secretario del Gobierno de la Generalitat. Ya comenzada esa reunión se sumaron a ella otros dos altos cargos del partido. El empresario sostiene que esta grabación prueba que los servicios no fueron prestados a la productora audiovisual, sino a la formación política, y las dificultades que tuvo para cobrar por sus trabajos.

Gordó siempre ha negado haber cometido delito alguno. También han comparecido ante el juez de la Audiencia Nacional desde Barcelona, al igual que Parra por videoconferencia, el administrador de Triacom, Oriol Carbó, defendido por el abogado Manuel González Peeters, que se ha acogido a su derecho a no declarar.

Condenado pro el 'caso Palau'

Parra ya fue condenado en enero del 2018 a ocho meses de prisión por la Audiencia de Barcelona por la financiación de CDC a través del Palau de la Música en la época que esta entidad cultural estaba presidida por Félix Millet. En el juicio, Parra reconoció que facturó a esta institución servicios prestados al partido, entre ellos parte de la campaña electoral al Congreso de los Diputados en el 2014 (más de 800.000 euros). Al admitir la comisión de un delito continuado de falsedad, el tribunal, a petición de la fiscalía, le aplicó la atenuante de confesión, diminución del daño y dilaciones indebidas. 

Otra de las ramas del 'caso Triacom' se centra en la facturación al servicio meteorológico catalán Meteocat por una labores que, según varios testigos, no se llegaron a realizar. Por este asunto, ha acudido ante el juez el que fuera su director, Oriol Puig, hermano del 'exconseller' Felip Puig, que también se ha acogido a su derecho a no declarar. Los Mossos atribuyen al que fuera máximo responsable de ese organismo haber adjudicado de forma irregular y haber abonado 70.800 euros por los trabajos de creación de una aplicación informática que “no corresponden a una prestación real y efectiva de los servicios”.

Las resoluciones incluidas en este proceso detallan que se está investigando “una singularidad dentro del patrón de comportamiento habitual" seguido para la financiación de Convergència. Pero en este caso, en vez de hacerse a través de donaciones a sus fundaciones CatDem y Fòrum Barcelona (‘caso 3%’), el juez estima que se recurrió a Triacom,