Tensión con los trabajadores

La Mesa del Parlament estudia un régimen de prejubilaciones tras el fin de las licencias por edad

El órgano rector deja en papel mojado el acuerdo por las excedencias remuneradas y prevé optar por reducciones de jornada y jubilaciones anticipadas equiparables a otras administraciones

La presidenta del Parlament, Laura Borràs.

La presidenta del Parlament, Laura Borràs. / David Oller / Europa Press

Júlia Regué

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El órgano rector de la Cámara catalana ha acordado este martes volver a prorrogar el plazo -hasta el 28 de julio- para negociar con los funcionarios un nuevo régimen que sustituya a las licencias por edad, una suerte de prejubilación a la que podían acogerse los trabajadores que tuvieran 60 años y llevaran 15 en la institución.

El artículo que regula esta paga ya ha quedado suprimido de los estatutos de régimen y gobierno interior (ERGI) sin negociación previa, y la Mesa acordó que la alternativa pasaría por excedencias voluntarias incentivadas y tres posibles reducciones de jornada. Sin embargo, este pacto no se llegó a convalidar en la comisión de asuntos internos porque la presidenta Laura Borràs se desdijo después alegando que había entendido que este régimen sólo era aplicable a los que ya cobran las licencias y no a todos los empleados que lo solicitasen.

Esto provocó un choque entre los miembros del organismo, porque los negociadores -Aurora Madaula (Junts) y Ferran Pedret (PSC)- ya habían alcanzado este pacto y estaba firmado también por el consejo de personal. Pero la Mesa deja ahora lo suscrito aparcado y, según fuentes parlamentarias, prevé ahora que se incluya en el reglamento la posibilidad de ser prejubilado directamente con el cargo correspondiente a la seguridad social (y la cotización asumida por la Cámara) y sin trabajar, y mantener las reducciones de jornada progresiva. La jefa de recursos humanos está perfilando esta propuesta para establecer los criterios concretos, cumpliendo así con el encargo de la Mesa.

La iniciativa anterior, ya avalada por ambas partes pero sin convalidación de la comisión, pasaba por que los funcionarios con una cotización más alta rondarían los 2.800 euros brutos mensuales dejaran de trabajar en un formato de excedencia y, en el caso de las reducciones de jornada, por una rebaja salarial y laboral que podría ser progresiva (de una sexta parte de la jornada hasta la mitad cuando falte un año para la jubilación), del 50% o de una tercera parte de la jornada laboral de forma fija.

Está por ver qué sucede con la treintena de personas que disfruta de la paga, algo que se intentará seguir negociando hasta el 28 de julio. Fuentes parlamentarias aseguran que las licencias, al quedar suprimidas del reglamento, serán revocadas así que estos empleados deberán reincorporarse y acogerse, si lo requieren, a los supuestos del nuevo régimen cuando esté regulado. Sin embargo, los representantes de los trabajadores exigen que se cumpla con lo acordado y no están dispuestos, hoy por hoy, a renegociar todo lo que ya dieron por cerrado con la Mesa.

Fuentes parlamentarias insisten en que, al quedar retirado el pacto, es su deber ofrecer una alternativa, aunque nos empleados no quieran renegociar. Varias fuentes consultadas, tanto de la plantilla como del hemiciclo, dan por hecho que el embrollo terminará siendo judicializado al tratarse de un conflicto laboral.

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