Cronología de la crisis interna

El Parlament estalla por la opacidad y la guerra entre altos cargos

  • La polémica de las prejubilaciones encubiertas y el duro cruce de acusaciones entre el exletrado mayor y la secretaria general destapan conflictos soterrados

La presidenta de la Cámara catalana, Laura Borràs, conversa con la secretaria general del Parlament, Esther Andreu, en una foto de archivo.

La presidenta de la Cámara catalana, Laura Borràs, conversa con la secretaria general del Parlament, Esther Andreu, en una foto de archivo. / EFE/Quique García

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Júlia Regué
Júlia Regué

Periodista

Especialista en información del Parlament de Catalunya, siguiendo la actualidad política catalana

Escribe desde Barcelona

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En el Parlament ha estallado un conflicto latente. Diputados, asesores y funcionarios reconocen que la opacidad ha reinado durante años en la institución, planeando entre intereses laborales, personales y políticos que se beneficiaban del silencio. "No interesaba el ruido ni hurgar en según qué asuntos, pero ahora ya se ha abierto la veda", señala un parlamentario. Después de la publicación de las pagas que reciben algunos trabajadores acogidos a una suerte de prejubilación encubierta que cuesta 1,7 millones de euros a la Cámara, se han desempolvado las disputas que se arrastran de legislaturas atrás y que estallan ahora en un litigio entre altos cargos que tan sólo acaba de empezar.

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, accedió al cargo en marzo y en su primera ronda de consultas ya pudo constatar que había temas espinosos arraigados en la institución. Durante sus primeros ocho meses de mandato, se apremió a recontar los trienios de los funcionarios –que se sumaban durante toda la vida laboral en el sector público, y no desde la entrada en el Parlament-, exigió que se acordara cuanto antes el paso de las dietas a sueldo de los diputados -que está a la espera de un acuerdo que aclare quién asume la tributación- y empezó a indagar en el por qué hay trabajadores que cobran sin trabajar, algo que constató ella misma al firmar las nóminas.

Esperó hasta junio para cumplir la petición que había hecho el 'expresident' Quim Torra de cesar al secretario general, Xavier Muro, con quien el independentismo llevaba chocando desde 2016 por las resoluciones sobre el 'procés' y la retirada del escaño de Torra a orden de la Junta Electoral Central. Unos criterios que Muro compartía con el que fuera letrado mayor, Antoni Bayona, quien dimitió de este cargo en 2018 alegando presiones del soberanismo. Borràs cesó a Muro en junio -Bayona ya ejercía como letrado raso- y colocó en su lugar a Esther Andreu que, en octubre, firmó un informe en el que proponía la supresión del artículo 25.4 del reglamento que, de aplicarse, dejaría a la presidenta sin escaño cuando el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya abra juicio oral por presuntamente fracturar contratos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes. 

Las dimisiones

La relación entre Andreu y Bayona nunca ha sido fácil, mucho menos amigable. Pero todo salta por los aires cuando en abril el diario Ara registra una petición de información sobre las licencias por edad. Bayona era uno de los tres miembros del órgano interno de transparencia, el OGDAIP, junto a otra letrada, Anna Casas, y la archivera Blanca Martínez. Tras varios encontronazos sobre cómo presentar la información, el 25 de noviembre, la archivera, que trabaja en la dirección de estudios parlamentaros y que había sido años atrás subordinada de Bayona, presenta a Andreu su renuncia del ente alegando comportamientos "impropios". Ese escrito, según fuentes parlamentarias, no se trasladó a la Mesa. Un mes después, el 23 de diciembre, Bayona también dimite al considerar que hay falta de transparencia. Así lo comunica formalmente a Borràs y verbalmente a la vicepresidenta segunda, Assumpta Escarp, que pide una reunión a la presidenta para que le dé explicaciones. Pero no llegan a entablarse.

Antes de entregar la información completa al diario, y dos días antes de la dimisión de Bayona, la Mesa aprueba una reducción de cinco a tres años de las licencias por edad y también un protocolo contra el acoso psicológico del que la institución carecía. El importe de las prejubilaciones se destapa el 17 de enero y Borràs confirma ante los medios que ha habido dimisiones y que ya ha puesto remedio a la opacidad. La Mesa se reúne al día siguiente y acuerda negociar con el consejo de personal el fin de esta paga y reformular el OGDAIP. Fuentes de la Mesa afirman que desconocían el importe total de las licencias y afean a la presidenta que el trámite del 21 de diciembre pasara "sin más", como un acuerdo con la plantilla sin mayor importancia, y que "escondiera" que había peticiones de información y dimisiones por este asunto. El círculo de Borràs se escuda en que los acuerdos de Mesa fueron avalados por todos sus miembros.

El choque de misivas

Ya con el escándalo en los medios, la archivera manda un correo a algunos funcionarios en el que aclara que dimitió por las “malas formas” de Bayona. La Mesa solicita ese mismo día, 18 de enero, que se estudie la activación del protocolo contra el acoso psicológico, siendo esta la primera vez que se pone en marcha. Pero de esto no se informa en los pasillos.

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No es hasta una semana después, el martes 25 de enero, cuando los miembros de la Mesa se despiertan con un correo electrónico de Bayona acusando a Andreu de obstaculizar sistemáticamente la transparencia y requiriendo una investigación contra ella. Andreu lo niega "rotundamente" por la tarde, en un comunicado muy duro, y achaca a Bayona el bloqueo del OGDAIP por su "actitud y comportamiento respecto a otra compañera" del ente. En su misiva el letrado ya se anticipaba y criticaba que se pudiera interpretar "un supuesto de acoso laboral". 

La Mesa decide hacer oídos sordos y no aborda la carta porque no está registrada ni forma parte del orden del día. El organismo parlamentario recula de nuevo y elimina el artículo que regula las licencias. Pero el choque al más alto nivel se acentúa y este diario destapa el acuerdo previo al cruce de misivas según el cual la Mesa pacta poner en marcha el protocolo para decidir si abre o no expediente contra Bayona por los hechos que denuncia la archivera al dimitir. El escándalo impacta en la Mesa porque algunos miembros, como sucedió con las licencias por edad, niegan que se tratara el asunto en estos términos y responsabilizan a Borràs de maniobras opacas. La mayoría se inclina por investigar si ha habido acoso psicológico contra la archivera. Pero nadie descarta que pueda haber nuevas maniobras en esta batalla que para muchos ya es una guerra, aliñada con el debate pendiente sobre si el Parlament asume la tributación de las dietas en el sueldo de los diputados.